Consciente del fuerte contenido polémico de la iniciativa, el kirchnerismo ya puso en marcha el mecanismo para tratar de sancionar en el menor tiempo posible el proyecto del Poder Ejecutivo que ordena la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que ayer ingresó en el Senado.

Cuando el texto aún no había ingresado en la Cámara alta, el senador Aníbal Fernández (Buenos Aires) confirmó a LA NACION la convocatoria para mañana, a las 11, de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que preside, para discutir el proyecto. La intención: emitir dictamen ese mismo día.

Desde la oposición, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff (Formosa), salió al cruce del apuro oficialista. "Nosotros queremos ver los papeles, recibir información sobre la letra chica de la expropiación, porque la política de este Gobierno ha sido siempre vender gato por liebre", sentenció. "El oficialismo podrá imponer sus tiempos porque tiene el número, pero me parece un despropósito y una irresponsabilidad política hacerlo", se quejó el formoseño.

Si bien varios bloques de la oposición habían presentado proyectos en ambas cámaras para expropiar la empresa dedicada a la impresión de billetes, el envío de una iniciativa similar provocó el rechazó casi unánime de esos sectores.

"Nosotros presentamos el proyecto antes de que se conociera el vínculo de la ex Ciccone con el Estado, pero queremos estudiar muy bien este proyecto, que se presenta como una salida para tapar las maniobras de Vandenbroele y los amigos del vicepresidente [Amado Boudou]", aclaró Naidenoff.

También prometen estudiar en detalle la iniciativa los peronistas federales Sonia Escudero y Juan Carlos Romero (Salta), quienes fueron los primeros en reclamar en el Senado la estatización de la ex Ciccone.

La idea de que el proyecto tiene como finalidad "salvar" al vicepresidente fue la principal crítica de la oposición. "El kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou. Otra estafa a los argentinos", afirmó el jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo (Pro-Capital). "Con la expropiación de la ex Ciccone, el Gobierno intenta ocultar uno de los más grandes escándalos de su gestión", coincidió el peronista Eduardo Amadeo (Buenos Aires), para quien la Casa Rosada "debería investigar y aclarar las maniobras que realizaron funcionarios públicos, incluyendo al vicepresidente, para apropiarse ilegítimamente de la empresa".

"¿Tenemos que pagar los platos rotos de Boudou? ¿Qué compramos? ¿La impunidad del vicepresidente?", se preguntó Patricia Bullrich (Unión por Todos-Capital).

Dirigentes de centroizquierda también se sumaron a las críticas. "Todas las acciones siguen en camino a tapar la corrupción de los funcionarios. La impunidad del poder absoluto", definió Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires). "Es una burla a la ciudadanía nombrar como interventora a una funcionaria allegada a Boudou y pretender avanzar con estas medidas sin esclarecer el escándalo", coincidió Roy Cortina (PS-Capital).

Por último, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) se preguntó: "¿Aparecerán los dueños de Ciccone ahora que les van a pagar la expropiación?".