La paupérrima gestión de Héctor Timerman al frente de nuestra cancillería será ciertamente recordada por muchos años. Sin espacio para los aplausos, pocos cancilleres en la historia argentina provocaron, por su estilo y desempeño, un rechazo tan unánime. Los cuestionamientos a la figura del actual canciller se acumulan, aunque con pedidos de reserva por parte de quienes los formulan, temerosos seguramente de ser objeto de una venganza como la sufrida recientemente por el empresario inmobiliario que osó comentar sobre la evidente parálisis que sufre su sector como consecuencia de los graves desaciertos de las políticas del gobierno nacional.

Por otra parte, pocos cancilleres mantuvieron vacantes por tanto tiempo algunas de las sedes más importantes de nuestra diplomacia en el exterior. Tales son los casos de la OEA, Canadá, Suiza, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, para ejercer la diplomacia se necesitan diplomáticos y la mayoría de los gobiernos entiende que se trata de un oficio sin espacio para la improvisación. En el caso de Brasil, es harto sabido que fue en gran parte mérito de sus diplomáticos que se haya constituido en la sexta economía del mundo, por encima de potencias tradicionales como el Reino Unido.

En la otra vereda, los gobiernos del presidente Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia expulsaron a gran parte de sus diplomáticos, algo que no sucedía desde anteriores etapas dictatoriales.

En los últimos años, nuestro país ha asumido una política externa absolutamente dependiente de los caprichos del Poder Ejecutivo, muy desdibujada y sin rumbo, dejando a la Argentina prácticamente fuera del mundo, aislada y sin peso internacional, en una penosa situación que llevará mucho tiempo recuperar.

Las decisiones en este campo se originan muchas veces en ámbitos ajenos y en algunos casos hasta enfrentados a la Cancillería, como el Ministerio de Planificación o la Secretaría de Comercio Interior. A la pérdida de foco sobre las mejores estrategias diplomáticas, se suma una peculiar práctica que consiste en el destrato a los diplomáticos extranjeros. Desde el Gobierno se desvalorizan los beneficios que la interlocución con las delegaciones extranjeras puede generar y, una vez más, tenemos por resultado la pérdida de valiosas oportunidades. La ofensa a los Estados que ellas representan tiene también un alto costo, un precio que no deberíamos pagar si se hicieran las cosas correctamente. No se puede ignorar tampoco que organismos internacionales y representaciones extranjeras han resuelto en distintos casos trasladar sus oficinas de Buenos Aires a Brasil, Uruguay o Chile.

A todo ello se agrega ahora el éxodo masivo de funcionarios cuyas edades oscilan entre los 65 y los 70 años y que, de pronto, dejaría descabezadas nada menos que 15 de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior. Se van los hombres y mujeres de mayor experiencia, y muchos de los más respetados darían así un paso al costado. En rigor, se trata de quienes se encuentran en la cumbre de sus respectivas carreras. Esto ocurre por dos motivos, fundamentalmente: el deseo de no perder una posible jubilación que les asegure el 82 por ciento de sus magros sueldos, ajustados por inflación, lo que, para el gobierno nacional, es una suerte de privilegio absolutamente inaceptable y no un derecho bien ganado después de años de trabajo, y el mencionado profundo desencanto con la gestión de Timerman y su forma de conducir la Cancillería. En forma paralela, también el ámbito judicial asiste a otro fuerte éxodo ante el temor de que se avance con las amenazas oficiales de modificar el sistema previsional que los rige.

En los últimos tiempos, además de las cuestionables y excesivas designaciones de embajadores políticos, la Cancillería acumula designaciones de personas ajenas al servicio exterior para ocupar cargos directivos. Los pasillos de esta otrora prestigiosa dependencia se llenan de historias de incorporaciones de gente vinculada con el semillero de La Cámpora. Sin experiencia alguna, estos jóvenes aspiran a reemplazar a hombres y mujeres a los que la Nación ha formado con ingentes esfuerzos a lo largo de muchos años, madurados en las tareas propias del servicio exterior, con una experiencia acumulada que, lejos de valorarse debidamente, hoy parecería ser, insólitamente, desdeñada por el oficialismo.

Queda claro que desde el poder político se busca desalentar el desarrollo profesional de carreras como la judicial y la diplomática que se dan en el marco de estructuras estatales. No debería sorprendernos pues, como reiteradamente hemos denunciado desde estas columnas, lo mismo ha venido ocurriendo con los profesionales del Indec, de la Sindicatura General de la Nación, de la Oficina Anticorrupción o de tantos otros organismos de control hoy perversamente desvirtuados y al servicio del poder partidario de turno.

La sociedad toda debe exigir que este estado de cosas se revierta pues los vacíos administrativos y legales en los que caen las instituciones cuando pierden su razón de ser sólo contribuyen al clientelismo y a la pérdida de transparencia tan cara a la República, para abrir, en cambio, paso a una corrupción creciente que ofende los sanos principios republicanos que nuestra Constitución proclama.