El fiscal federal Federico Delgado acusó ayer a los dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA) de haber utilizado un entramado de empresas que les pertenecían para permitir "una sospechosa triangulación de fondos" y desviar subsidios del Estado que debían destinarse al servicio ferroviario.

Delgado es el fiscal de la causa judicial que investiga la tragedia de Once, que provocó 51 muertos y 700 heridos en febrero pasado. En un dictamen que presentó ayer, cuestionó los movimientos de fondos dentro del grupo de TBA y sumó un nuevo imputado en la causa: Mario Francisco Cirigliano, hermano de Sergio, la cabeza de la compañía.

Delgado identificó a Mario Francisco como "una persona clave en las maniobras investigadas", que "pasó desapercibida en la investigación" y "cuya identidad, hasta el momento, descansó bajo las sombras". El fiscal advirtió que Sergio y Mario Francisco eran los propietarios del Grupo Plaza, el holding empresarial al que pertenecían diferentes compañías vinculadas, que funcionaban como "tercerizadas" cobrando por sus servicios a TBA.

"Se pagaban sumas millonarias a una empresa propia que luego recuperaban por vía de subsidios estatales. Sin embargo, los trenes continuaban funcionando en pésimas condiciones", sostuvo el fiscal en su presentación de ayer.

Delgado advirtió que hay dos aspectos por tener en cuenta en el caso: "El adentro", en referencia al choque concreto del tren, y "el afuera", donde el fiscal incluye como determinante de lo ocurrido "la díada conceptual estado de servicio + aplicación y vigilancia de los fondos públicos asignados a la concesionaria".

En cuanto a Mario Francisco Cirigliano, el nuevo imputado, Delgado le solicitó al juez Claudio Bonadio que lo citara a indagatoria y lo procesara. Su presunta responsabilidad salió a la luz -según el fiscal- en el peritaje contable en marcha que revisa los subsidios que el Estado le dio a TBA. Entre 2003 y 2010, TBA cobró $ 1924 millones en este concepto.

De acuerdo con el peritaje, por ejemplo, Cometrans SA asesoraba a TBA en la diagramación del transporte de pasajeros y el desarrollo de un plan para la comercialización de los servicios; Emprendimientos Ferroviarios SA (Emfer) le reparaba los coches y Plata Bus y Empresa J.M. Ezeiza SRL le ofrecían servicios de transporte.

"Situación llamativa y particular", a juicio del fiscal, porque esas empresas pertenecían al Grupo Plaza. "Esta clara confusión societaria refleja una sospechosa triangulación de fondos que no hace más que corroborar cómo se desviaban los subsidios otorgados por el Estado", sostuvo Delgado. Del peritaje surgió que TBA le pagó a Cometrans $ 22 millones como compensación por reducir el porcentaje de sus honorarios.

Además de resolver si cita a indagatoria al nuevo imputado, Bonadio debe decidir en los próximos días si procesa a quienes ya declararon en este expediente; entre ellos, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.