La pelea es por unos $ 1100 millones de diferencia en el precio del trigo Foto: Archivo
En tiempos de conflicto, no sólo la Justicia convoca al campo para declarar por los cortes de rutas o el peligro de desabastecimiento. También las entidades recurren a los tribunales para llevar su reclamo ante los jueces. Un ejemplo de eso es la causa que lleva adelante la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) contra las empresas exportadoras del sector, a quienes acusa de actuar de forma cartelizada en la compra de trigo desde fines de 2006.
Las empresas denunciadas por Carbap son Nidera, Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza, ADM, Moreno, Noble, Curcija y ACA, que de acuerdo con la entidad bonaerense manejan el 60% del volumen del trigo comercializado en la Argentina.
Según Carbap, desde principios de 2006 las exportadoras y molinos de trigo recibirían una presión de parte de la Secretaría de Comercio Interior para no competir entre sí para comprar el trigo y mantener el precio doméstico del cereal a precios mucho más bajos y estables que el valor internacional. Una práctica que, de acuerdo con Alfredo Rodes, director de Carbap, "beneficiaría directamente a las exportadoras, que se embolsan la diferencia entre el precio pisado que pagan a los productores y el precio que reciben cuando venden ese cereal en el exterior".
Esa diferencia habría alcanzado la suma de 1119 millones de pesos en la campaña 2007/2008, o 125 pesos por cada tonelada de trigo vendida en el exterior en ese ciclo, según los números de Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina. En la campaña anterior, la diferencia hecha por las exportadoras habría sido de 1100 millones, según Ambrosetti.
Según el abogado Gabriel Bouzat, ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia y apoderado de Carbap en esta causa, el perjuicio total causado a los productores por la supuesta cartelización de las empresas practicada desde 2006 ascendería a 800 millones de dólares.
La cruzada judicial de Carbap arrancó en septiembre de 2006, en la Comisión de Defensa de la Competencia, una repartición que está en la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Moreno es el mismo al que los productores acusan de ordenar a las exportadoras no pagar más de determinado precio por el trigo. En agosto del año pasado, en el marco de la pelea entre el campo y el Gobierno tras el crítico discurso de Luciano Miguens en la Exposición Rural de Palermo, la Comisión recomendó al secretario de Comercio archivar la causa, con el argumento de que la denunciada intervención de los mercados del trigo "se enmarca dentro de una política económica de estabilidad de precios".
En ese momento, Carbap apeló ante la Cámara Federal en lo Penal Económico, pidió "una sanción económica a las empresas implicadas en la práctica de cartelización y solicitó que se corrigiera la situación de distorsión de los precios del mercado triguero", según Alfredo Rodes. El pasado 15 de mayo hubo una audiencia por la causa y ahora Carbap aguarda el dictamen de la Cámara, que en caso de ser favorable a la denunciante obligaría a Defensa de la Competencia a investigar las prácticas denunciadas por Carbap.
Por Mercedes Colombres
De la Redacción de LA NACION
03.06.0818:19
03.06.0816:07
03.06.0812:54
