Más allá de la habilitación de ocho salas de juegos, que se sumarán a las 46 que ya funcionan en territorio bonaerense, el proyecto en estudio tiene otras aristas polémicas. Una de ellas es la eliminación de algunas restricciones para regular el crecimiento de la actividad. Por ejemplo, la reforma no menciona (y por lo tanto deja de exigir) la obligación de tener un empleado por cada máquina tragamonedas (slots). Ni habla de una relación obligatoria entre el número de sillas de bingos y máquinas tragamonedas, que figura en el texto de la actual ley bajo la premisa de que el bingo es una modalidad menos adictiva que la de los slots.
Otro punto controvertido del proyecto es la eliminación de la norma que limita el número de salas que se puede abrir por distrito, lo que significa que si se reforma la ley quedaría allanado el terreno para que en los partidos con mayor poder adquisitivo ?como San Isidro y Vicente López? o los más poblados, como La Matanza, se multiplique la oferta de juego legal.
Por su parte, en su artículo número 11 se habilita al Ejecutivo provincial para trasladar los 10 casinos que funcionan en la provincia a otros partidos en forma temporaria o permanente, lo que implica que, por ejemplo, la sala que hoy está en Sierra de la Ventana podría mudarse a Olivos o Acassuso.
También se da luz verde al negocio de las apuestas deportivas. En este caso, se especifica que la captación de las apuestas podrá hacerse por medio de máquinas instaladas en locales o a través de Internet. Además, establece que del total de las utilidades brutas generadas por el negocio del juego deportivo sólo el 35% deberá ser destinado a las áreas de Salud, Educación y Acción Social.
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