El debate legislativo sobre la tragedia de República Cromagnon, durante el cual Aníbal Ibarra brindó un informe minucioso y no muy convincente acerca de la gestión de control cumplida por su gobierno en los años, meses y días previos a la tragedia, en tanto que legisladores de la oposición lanzaron acusaciones hostiles y bastante insidiosas contra su administración, no produjo el necesario acercamiento entre la realidad social y la estructura gubernamental porteña. Paradójicamente, la sesión efectuada en la Legislatura produjo el efecto contrario: subrayó el frío distanciamiento entre los hombres públicos que gobiernan la ciudad y los hechos que conmueven visceralmente a la población.
Ibarra se refirió a la espantosa masacre del Once, en más de un momento, con términos que buscaban una vía de aproximación emocional a los hechos y también los diputados opositores se esforzaron por exhibir un pujante espíritu de solidaridad con las víctimas. Pero, curiosamente, ni el jefe de gobierno ni los diputados intervinientes lograron disimular hasta qué punto estaban pendientes y cautivos de sus respectivas estrategias políticas. Lo que quedó a la vista, por detrás y por debajo de las argumentaciones esgrimidas en el recinto, fue un desagradable trasfondo especulativo y el esfuerzo sistemático de unos y otros por capitalizar las ventajas operativas que la discusión podía llegar a proporcionarles.
Es cierto que ese efecto negativo se presentaba en alguna medida como inevitable. Cuando la sociedad afronta un hecho tan brutal y desgarrador como el del 30 de diciembre, que provocó 192 muertos y numerosos heridos, es difícil evitar que las derivaciones políticas e institucionales de la tragedia resulten chocantes e ingratas. La sola visión de un jefe de gobierno que apela a toda clase de estadísticas para salvar a su gestión de la responsabilidad que le corresponde por el horroroso episodio y de legisladores que se agitan en sus bancas para convertir el espanto en una suerte de victoria política produce, ineludiblemente, un fuerte rechazo en el plano de la sensibilidad y el sentimiento. Y el efecto deletéreo o degradante se produce aun en el caso de que las expresiones vertidas en el recinto puedan parecer a veces razonables o sensatas. Es que una tragedia como la de Cromagnon desborda los límites de la lógica o de la racionalidad e impacta de lleno en el ámbito de la emoción colectiva.
Pero aun así está claro que los representantes del poder público -tanto el que ejerce la función ejecutiva como los que integran el área legislativa- hubieran podido contrarrestar, con sus respectivas actitudes, el efecto negativo de la situación. La opinión pública habría querido verlos, por ejemplo, volcados a gestos más adultos y solidarios entre sí y no a un juego de recíprocas acusaciones tan desaprensivo y evidente. Cuando el dolor por las víctimas estaba todavía vivo en la memoria social, lo que correspondía esperar de quienes ejercen el gobierno de la ciudad era una actitud que marcase un alto o una pausa en el ejercicio de las tácticas habituales orientadas a provocar el debilitamiento del adversario y la ampliación del espacio político propio.
Hay en la vida de los pueblos situaciones que revisten un carácter excepcional. La tragedia de Cromagnon es sin duda una de ellas. Lo que la sociedad esperaba era un debate que permitiera explorar mejor las deficiencias estructurales de una organización gubernamental que no parece en condiciones de garantizar la seguridad colectiva. Lo que se vio en la jornada legislativa del viernes -y que hoy debería reanudarse- no fue precisamente eso, sino un torneo de agravios mutuos funcional a las respectivas conveniencias sectoriales.
Por lo demás, sigue en vigencia lo ya dicho desde esta columna editorial acerca de que la responsabilidad por lo ocurrido el 30 de diciembre involucra tanto a los poderes públicos y a los particulares penalmente responsables, como a la sociedad en su conjunto, que se debe a sí misma una severa autocrítica por las conductas y los actos de imprevisión que pueden llegar a reconocerse detrás de la concurrencia de los jóvenes a lugares de diversión nocturna en condiciones insatisfactorias de seguridad.
