El análisis
Después de tanta pulseada política sobre el río Uruguay, ¿torció el brazo ENCE o pagó el costo de Botnia?
En principio, la decisión de la compañía española de desplazar hacia otro sitio de Uruguay la planta que iba a instalar en Fray Bentos no significa que haya torcido el brazo, pero lejos estuvo de cerrar el quid de la cuestión: despejar toda sombra de duda sobre la virtual contaminación de la zona si, más allá o más acá, ambos proyectos continúan en marcha.
Algo habían dejado entrever los directivos de ENCE. No resultó llamativa la decisión, entonces, sino, más que todo, la oportunidad. El momento, en realidad: la presencia en Montevideo del presidente de la compañía, Juan Luis Arregui, coincidió con la presencia en Buenos Aires de la ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona Ruiz.
¿Pura casualidad? Coincidió también con la primera jornada de reuniones de la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, con los abogados extranjeros que contrató el gobierno argentino para continuar con el pleito en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Demasiada casualidad. En ese ámbito, la Argentina intenta demostrar que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay: el ex presidente Jorge Batlle autorizó, el 9 de octubre de 2003, la instalación de la planta de ENCE, y el 14 de febrero de 2005, dos semanas antes de la asunción de Tabaré Vázquez, la instalación de la planta de Botnia, sin consultar, en ambos casos, a la Argentina.
El eje del conflictoPor Botnia, de mayor porte y producción, pasa el eje de la controversia. La decisión de ENCE de desplazar la planta por la "imposibilidad material" de operar en el mismo terreno dejó entrever que existe el conflicto.
El conflicto no existe sólo en Uruguay: la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial, recibirá a fines de mes o comienzos del próximo el resultado de un estudio de impacto ambiental de las dos plantas.
Si no resulta favorable, los créditos por unos 400 millones de dólares solicitados por las compañías para una inversión total del orden de los 1700 millones quedarán bloqueados. Más allá de los cabildeos de la Argentina en contra de los créditos, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, emitió una señal política: la Argentina y Uruguay deben resolver sus diferencias para avanzar en esos proyectos.
En esas condiciones, ¿torció el brazo ENCE o, ante la cercanía de ambas plantas, Uruguay acordó que una se desplazara hacia otro sitio y, de ese modo, reforzó la instalación de la otra?
El mensaje, en ese caso, no quiso ser conciliador con Néstor Kirchner ni con Tabaré Vázquez, sino realista: una vez en funcionamiento, con protestas permanentes en la otra orilla, la rentabilidad de las plantas terminaría costeando gastos en seguridad y en marketing.
Ninguna compañía pretende ser el foco de una disputa bilateral que ya requirió la atención de dos tribunales internacionales. Si el conflicto existe, el futuro no parece ser hijo de las casualidades, sino de la necesidad de evitar más daños colaterales.
Por Jorge Elías
De la Redacción de LA NACION
