Frontal, decidida, ambiciosa, outsider de la política y un poco desconfiada. Estas características personales de Romina Picolotti -además del hecho de haber sido abogada de la Asamblea de Gualeguaychú- fueron claves para que el Presidente Néstor Kirchner la pusiera al frente de la vapuleada Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y esas mismas cualidades son las que, a menos de seis meses de haber asumido el cargo, le generaron varios enemigos que, por lo bajo, apuestan por su partida luego del traspié en el Banco Mundial.
"Yo tengo el apoyo del Presidente y del jefe de gabinete [Alberto Fernández]. El día que eso cambie, me voy", repite Picolotti en los últimos tiempos. En rigor, el apoyo que recibió esta activista y experta en derecho ambiental hoy transformada en funcionaria fue parte de una estrategia política amparada en una doble especulación: por un lado, sumarla al Gobierno permitía darle un aire de renovación a la Secretaría de Ambiente después de los sucesivos traspiés en el manejo del conflicto con Uruguay; por otro, que ella, uno de los puntales de la lucha antipapeleras, se sumara al Gobierno podía influir, quizás, para apaciguar el encendido ánimo de los vecinos y ayudar a terminar con los cortes de ruta, algo que no sucedió.
Compañeros de rutaEl nombramiento en el Gobierno llegó después de que Picolotti recibiera un premio que le entregó la Fundación Sophie, de Noruega, por su lucha en temas ambientales y de derechos humanos. El galardón le había sido otorgado, justamente, por un estudio dedicado a las pasteras. Pero su trabajo en Derechos Humanos y en Ambiente había comenzado mucho tiempo antes. Se recibió de abogada en su Córdoba natal y luego obtuvo un máster en Derecho Internacional de la American University, de los Estados Unidos. Cuando ella trabajaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció a quien luego sería su marido, Daniel Taillant, que en ese momento trabajaba para el Banco Mundial. Un dato importante, ya que para muchos fue su marido, compañero de ruta en el ideario ambientalista, quien diseñó la estrategia de Picolotti ante el Banco Mundial, hoy tan cuestionada.
Meses más tarde emprendieron juntos viajes por Perú, Haití y Camboya. A este último destino él había viajado para trabajar como oficial de crédito en un programa de la Comunidad Europea de microfinanzas (pequeños préstamos para los pobres); ella, para un proyecto de capacitación de jueces en derechos humanos y ambiente.
En 1999 decidieron volver a la Argentina y fundaron el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente en Córdoba (Cedha), desde donde comenzaron a trabajar para extender su reconocimiento a todo el país. La ONG de Picolotti está financiada principalmente por la Fundación Richard y Rhoda Goldman, la Ford Foundation, y la Embajada Británica de Buenos Aires.
Fue precisamente ese reconocimiento, cuestionado en el último tiempo en Córdoba tras una intervención en otro conflicto ambiental, el que le permitió pasar de espectadora a protagonista en el caso de las pasteras. Por intermedio de Juan Carlos Vega, un abogado entrerriano especialista en Derechos Humanos, el gobernador de esa provincia, Jorge Busti, convocó a Picolotti. "Hace más de un año hicimos la primera reunión en la que se planteó la estrategia de litigio para impedir la instalación de las pasteras. Y ella explicó las características de una demanda que era inédita", contó Busti, quien le tiene un gran respeto profesional.
Al poco tiempo, en septiembre del año pasado, el gobernador y la abogada experta viajaron a Washington y mantuvieron reuniones con los directivos del Banco Mundial, a quienes les presentaron la demanda de la provincia. El gobernador quedó tan sorprendido por la informalidad de la vestimenta de la abogada (que concurría en jeans y camisa) como por la formalidad y el reconocimiento de sus colegas de otras ONG de Derechos Humanos en los Estados Unidos. Otra característica que destaca el gobernador es el perfecto inglés técnico de la abogada.
Cuando regresaron a la Argentina fue ella quien patrocinó a la provincia de Entre Ríos en la demanda penal que se le realizó a la pastera finlandesa Botnia. Meses más tarde fue convocada por la Nación para asumir como secretaria de Ambiente.
"Romina no tiene aspiraciones políticas; nunca militó, pero cuando empezamos con el centro nos planteamos incidir en las políticas públicas. El ofrecimiento para la Secretaría de Ambiente fue debatido en el centro y acordamos que se daba la oportunidad de abrir un capítulo importante", explica Taillant cuando se refiere a la decisión de su mujer de aceptar un puesto en el Gobierno.
Tras esa decisión que la obligó a abandonar el terreno firme del derecho ambiental, en el que se formó extensamente, para meterse en las arenas movedizas de la vida política y las negociaciones internacionales, Picolotti utilizó una estrategia que le había sido útil en su carrera anterior: rodearse de personas de su extrema confianza. Así, eligió como jefe de gabinete a su hermano, Juan Picolotti, que también la acompañaba en el Cedha. Muchos señalan que no confía en los técnicos y en el personal de la Secretaría, hasta tal punto que contrató para trabajar con ella a una asesora norteamericana, Ana María Klaymayer. Frente a la ONG cordobesa se quedó su marido, quien aún patrocina a los vecinos de Gualeguaychú. Sólo hubo un cambio: debió mudarse a la Capital junto con sus dos hijos, de 2 y 4 años.
También mantuvo su impronta confrontativa en la estrategia de judicializar el conflicto por las pasteras hasta llegar al máximo tribunal internacional en La Haya. Y avivó el fuego, ya como funcionaria, ante el Banco Mundial, que finalmente otorgó el crédito a Botnia para terminar la obra en Fray Bentos: envió una misiva en el que acusaba a su directorio de "irresponsable" al hacer público un informe preliminar, antes de que se expidiera la corte. Hace un par de semanas fue personalmente a pedir que se frenara el crédito. Sólo logró postergar la decisión por cuatro días.
El estilo de negociación impulsado por Picolotti tuvo muchas críticas, aun antes de que sufriera el duro revés de esta semana. "Es muy desprolijo que un funcionario de línea de un gobierno vaya en persona a hacer lobby, especialmente en créditos de este tipo", deslizó un prestigioso constitucionalista. También en Greenpeace cuestionaron la estrategia oficial: "Este es un debate de política ambiental pendiente entre la Argentina y el Uruguay. No lo resuelve un planteo jurídico", dijo Juan Carlos Villalonga, director político de la ONG.
Pero para Picolotti -que todavía no ha dado señales de hacerse cargo de ningún error en el manejo reciente del tema-, el logro más importante de su gestión es que se piense en temas ambientales de otra forma. "Cuando yo llegué, ésta parecía una lucha quijotesca. Ahora ya hay una pastera que decidió mudarse [la española Ence, cuyo destino aún se desconoce]. La entrega del crédito no es un fracaso nuestro, es un fracaso del sistema de Naciones Unidas. El Banco Mundial tiene que someterse al órgano jurisdiccional que es la Corte de La Haya. No puede adelantarse. Pero creo que el logro más importante es que el tema ambiental se haya instalado y no sólo con las pasteras", sostuvo la funcionaria.
Ni siquiera la amenaza segura de cortes de rutas durante todo el verano hace mella en su espíritu combativo: "Hay dos instancias judiciales abiertas. La gente sabe que los cortes de ruta pueden perjudicar esto, pero ellos tienen la libertad de tomar las medidas que les parezca".
No por nada Juan Marcón, un asambleísta, habla de discursos que "no cierran". "Cuando viene Taillant nos dice una cosa y ella dice otra. No sabemos si el discurso que da es el que le da el Gobierno o es el que envía por medio de su marido", dijo. Marcón se refiere al contrapunto que se generó cuando Taillant afirmó que apoyaba los cortes de rutas en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, mientras el Gobierno pedía que cesaran. El marido de la funcionaria lo niega. Sostiene que ni él ni el Cedha incentivaron a la gente a cortar los puentes que unen la Argentina y el Uruguay.
Varios frentesPero el de las pasteras no es el único conflicto que Picolotti debe enfrentar. A poco de asumir su cargo, la abogada se encontró con la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia para que los estados nacional, bonaerense y porteño se aprestaran a concretar un plan, que se adeuda hace décadas, para limpiar el Riachuelo. A este problema se suman las protestas por las instalaciones de emprendimientos mineros, la frontera agropecuaria y la contaminación de varias cuencas hídricas en todo el país, entre otros.
Una de las primeras medidas que anunció fue la mudanza de varias empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud. Sin embargo, parece que no le resultará tan fácil concretarlo, ya que hay ocho de diez empresas que van a darle batalla. Fiel a su estilo, Picolotti les respondió, tajante: "Se van a tener que ir. La propiedad del territorio la tiene la provincia de Buenos Aires. Y muchas tienen los permisos de uso vencidos. Este es un paso fundamental para el saneamiento del Riachuelo".
A raíz de la decisión de la Corte de elaborar un plan de saneamiento para el Riachuelo llegaron a su escritorio otros pedidos similares: los vecinos de la cuenca del río Reconquista, en la provincia de Buenos Aires, y del Salí-Dulce, que afecta principalmente a Tucumán y a Santiago del Estero.
Pero tal vez el conflicto más ríspido lo mantenga con las provincias que pretenden desarrollar emprendimientos mineros, que también la enfrentan con el Ministerio de Planificación Federal, cuyo titular es Julio De Vido. Según fuentes oficiales, hay varios gobernadores que le han pedido al Presidente que intervenga ante la embestida de la funcionaria. "Yo fui muy clara con respecto a mi posición con cierta clase de minería [la que utiliza cianuro para separar la roca del mineral], y nosotros debemos ser el órgano de contralor de los grandes emprendimientos mineros. No creo que defender el ambiente de la gente sea un paso en falso", dijo la funcionaria.
En las últimas semanas la imagen de la experta se ha devaluado. Mucho influyó el revés del Banco Mundial. Incluso el embajador argentino para temas ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela la calificó de "poco preparada" para asistir en representación del país a la cumbre que se realiza anualmente sobre cambio climático, en Nairobi, Kenia.
Pero nada parece hacerle mella, tampoco los rumores de un sordo enfrentamiento con otros funcionarios, especialmente con De Vido, impulsor de muchos de los emprendimientos que podrían comprometer la cuestión ambiental.
"Yo no estoy en carrera política. Lo importante para mí es mirar a mis hijos y estar orgullosa de lo que estoy haciendo", sostiene. Está convencida de que el tema de las pasteras "no está terminado" , con lo que parece anticipar nuevos capítulos de litigios internacionales. Aunque, por el momento, la estrategia de la confrontación no parece haberle dado muy buenos resultados.
Por Laura Rocha
Romina Picolotti se graduó de abogada en la Universidad de Córdoba y obtuvo un máster en Derecho Internacional en la American University. Trabajó en la ONU y la OEA en el área de derechos humanos.
Premio al compromisoEn 1999 fundó en Córdoba, junto con su marido, el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente. Desde allí se vinculó con el conflicto de las papeleras y, por su compromiso en el tema, recibió el premio Sophie, en Oslo.
