Con motivo de las investigaciones judiciales que desembocaron en el denominado caso Skanska, de su amplia cobertura periodística y de las denuncias efectuadas desde distintos sectores de la oposición, se ha elaborado desde los despachos del gobierno nacional una uniforme y reiterada línea defensiva que apunta a descartar cualquier responsabilidad oficial en este asunto, con el argumento de que se trataría en realidad de actos de corrupción entre privados.
Esta estrategia oficial pierde consistencia en la medida en que se advierte que la realización de una obra de ampliación del sistema de transporte de gas requiere de autorización del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), que el mecanismo del fideicomiso para la realización de dichas obras de ampliación de los gasoductos ha sido una creación del Gobierno y que el costo de la obra será, en última instancia, afrontado por los grandes usuarios del sistema, cuyos derechos deben ser resguardados también por el Enargas.
En otras palabras, es responsabilidad del Estado autorizar la realización de la obra y velar por los derechos de los usuarios, lo que no lo autoriza, en ningún caso, a desentenderse de eventuales maniobras que afectasen la legitimidad y corrección del sistema de contratación y financiación normativamente establecido, con independencia de si son funcionarios de entidades públicas o privadas quienes hayan incurrido en alguna conducta penal o civilmente reprochable.
Como ya se sabe, la investigación judicial se centra en pagos ilegales que habría realizado la compañía constructora sueca Skanska, contratada por Transportadora Gas del Norte (TGN), a empresas fantasma que fabricaban facturas, con la supuesta intención de derivar fondos al pago de coimas. Estos recursos podrían haber sido empleados para financiar estructuras políticas o pagar sobornos a funcionarios.
El caso, de confirmarse las sospechas, sería muy similar al escándalo de coimas y sobreprecios en la contratación de un sistema informático para el Banco Nación durante la década del 90, conocido como el caso IBM-Banco Nación.
Las obras de ampliación de los gasoductos se hicieron dentro de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y la supervisión del Enargas.
Los argumentos difundidos desde este ente regulador y desde el gobierno nacional, por medio del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el sentido de que los únicos responsables de un supuesto caso de corrupción son ciertas empresas privadas, resultan por demás endebles.
En primer lugar, porque existen testimonios en poder de la Justicia que dan cuenta de que el dinero derivado de facturas apócrifas iba a parar a funcionarios gubernamentales.
En segundo término, porque en el actual régimen administrativo por el cual se gestionan las obras públicas, el Estado cumple un papel ineludible, a través de un fideicomiso. En este esquema, no sólo son públicos los fondos que terminan pagando las obras, sino que desde reparticiones públicas parece sugerírseles a los licenciatarios qué empresas contratar. Este modelo parece estar dando lugar a un nuevo festival de la patria contratista, agravado por la existencia de responsables de entes reguladores de servicios públicos, como el Enargas, que son designados por decreto del Poder Ejecutivo y sin concursos públicos, y por las falencias de los organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), entre cuyas cabezas figuras la esposa del ministro de Planificación Federal.
Con todos estos datos, no es posible que el gobierno nacional pretenda desentenderse o lavarse las manos frente a este escándalo de corrupción.
Si el presidente Néstor Kirchner aspiraba a ser visto como el líder de un proceso moralizante, está perdiendo una gran oportunidad para demostrarlo.
