El Gobierno recibió "centenares" de denuncias de exiliados venezolanos y extiende el plazo de la convocatoria

En coincidencia con el endurecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el gobierno de Mauricio Macri extendió sin fecha el plazo para que exiliados venezolanos en el país denuncien violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por medio de la resolución 550/2019, firmada por el ministro de Justicia Germán Garavano y publicada ayer, se dispone la "continuidad de la convocatoria" establecida el 18 del mes pasado, y a la que ya asistieron "centenares" de venezolanos que residen en el país, según confirmaron fuentes de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj.

En los considerandos de la resolución, Garavano apunta a la continuidad de "la recolección de información y testimonios respecto de posibles violaciones de Derechos Humanos que ocurran o hubiesen ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, y que resulten relevantes para una eventual remisión de estos a los organismos internacionales competentes". La mira está puesta en complementar con más testimonios el informe elaborado por el ex presidenta de Chile, Michele Bachelet para la OEA, y también sería remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda.

"Se decidió postergarlo sin fecha para que podamos tomar testimonio a venezolanos que viven en Jujuy, Tucumán, Salta o Mendoza, y que por cuestiones laborales o personales no han podido acercarse aún", explicaron cerca de Avruj a LA NACION.

La resolución extiende el horario de la recepción de testimonios en el Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados, en el barrio porteño de Monserrat. Pero además faculta a miembros del equipo interdisciplinario que se encarga del tema a tomar testimonios "por medios audiovisuales electrónicos" y podría habilitar sedes del Ministerio de Justicia en las provincias para facilitar las entrevistas.

Fuentes de la investigación destacaron que la información recolectada hasta el momento es "contundentes y desgarradores". Más allá del pacto de confidencialidad firmado con los declarantes, hay denuncias de malos tratos, torturas, violaciones y asesinatos en las cárceles de Venezuela a disidentes políticos y detenciones arbitrarias que se extienden a familiares de los involucrados.

"Hay mucho miedo, porque muchos de los que declaran tienen familiares en Venezuela y temen represalias", afirmaron a LA NACION responsables de la recolección de datos. Los testimonios son confidenciales, y los nombres están separados de las declaraciones, sólo se unirán en caso de que la CPI pida los expedientes, afirmaron desde el Ministerio de Justicia.

Actualmente están a cargo de las entrevistas cinco equipos, compuestos cada uno por un entrevistador, un abogado y un psicólogo. "Muchos llaman al 149 y hacen la denuncia, otros piden hablar y que su testimonio no se envíe a ningún lado. Los tratamos a todos con sumo cuidado", afirmó otro funcionario a cargo del operativo.

Desde la creación del registro, el 18 del mes pasado, el Ministerio de Justicia invitó a los organismos de derechos humanos (Human Rights Watch; Amnistía Internacional Argentina; CELS; Usina de Justicia; Pastoral Migrante; ONU; OIM; ACNUR y ACNUDH) para que participen de las charlas. Solo la Pastoral se manifestó "a disposición", mientras que Amnesty envió delegados que más tarde decidieron no participar. "Parece que su defensa es selectiva", expresaba, con indignación, un alto funcionario.

Más allá de la decisión de no publicitar nombres ni el contenido de las declaraciones, uno de los testimonios fue el del activista Villca Fernández, preso polÍtico durante varios años en Venezuela. "Yo pude ver cómo paraban a 30, 40 personas en un pasillo, desnudos, y ese mazo de madera envuelto en papel periódico, con cinta para que no marcara el cuerpo, y le daban y le daban y le daban, hasta que las personas no se podían levantar", aseguró Fernández en una entrevista televisiva reciente luego de acogerse al registro organizado por el Gobierno.