Una difícil invitación a la cautela en medio de los bríos electorales

La llegada al Senado del proyecto del Gobierno para renegociar la deuda local enfrentará a los legisladores al inédito desafío de contener sus bríos partidistas en plena campaña electoral, para que la discusión no se desmadre ni sume tensión a la ya frágil situación económica. La cautela es tal que nadie asegura, siquiera, que haya sesión.

Hace semanas que el Congreso está sumido en una virtual parálisis. Esta inactividad es fruto de un pacto no escrito entre los lugartenientes del oficialismo y de la oposición; cuando el mar está agitado, coinciden, lo peor es provocar más olas. Máxime en un escenario, como el legislativo, donde las fuerzas políticas se hallan en plena reconfiguración interna después de las primarias y el triunfo aplastante del Frente de Todos.

De hecho, el kirchnerismo más duro y el peronismo aliado a Alberto Fernández (el massismo y los legisladores que responden a los gobernadores) aún no definieron cómo será su convivencia (todavía mantienen bloques separados, con legisladores migrantes), mientras que el oficialismo, siempre en minoría, se sabe a la defensiva.

En este contexto político incierto y volátil, el Gobierno decidió llevar al Congreso la discusión sobre el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda local a mediano y largo plazo (2020/2023). La decisión tomó por sorpresa al peronismo: la Casa Rosada pudo perfectamente esquivar al Congreso porque goza de facultades delegadas por la ley de administración financiera para renegociar la deuda con sus acreedores sin intervención parlamentaria.

¿Pecó de ingenuidad el oficialismo? De ninguna manera, explican sus voceros: involucrar al Congreso en la discusión obligará al peronismo a abandonar su posición cómoda de criticar desde afuera y a "meterse en el barro" de la negociación. Después de todo, los vencimientos de esta deuda operarán durante el mandato del próximo presidente, aducen.

El peronismo no se siente presionado. Al contrario: convencido de que asumirá el gobierno el 10 de diciembre próximo, no exhibirá ningún apuro para aprobar un proyecto de renegociación que no es el suyo, sino del gobierno de Macri. Recibirá al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pasado mañana en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa y dará el debate. Ese es, por ahora, el único compromiso. Después, una vez que se analice la letra chica de la iniciativa, se definirá su derrotero legislativo. Nadie garantiza que haya ley ni que haya sesión por este tema antes de las elecciones de octubre.

"Vamos a estudiar el proyecto en detalle. El país no está para que nos apresuremos", sintetizó el jefe del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio.

En el oficialismo tampoco hay apuro para aprobar una iniciativa cuyo efecto operará en el próximo gobierno; admite, sin embargo, que un gesto de acompañamiento del peronismo distendería la relación con los mercados y apaciguaría al sector financiero. Por esa razón, el ministro Lacunza se abocó el fin de semana pasado a ultimar los detalles del proyecto en permanente contacto con referentes económicos propios y de la oposición.

Empero, la mayor preocupación del Gobierno no es el debate de esta iniciativa; su mirada está puesta en el corto plazo y en la reacción de los mercados tras disponer de manera compulsiva, por decreto de necesidad y urgencia (DNU), la reprogramación de los pagos de los títulos de la deuda pública en manos de inversores institucionales. Con el nuevo cronograma, se cancelará el 15% del valor nominal en la fecha de vencimiento original, el 25% a los tres meses (90 días corridos) y el 60% restante a los seis meses (180 días corridos).

Este DNU, como todos los de su especie, deben ser discutidos por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Si el peronismo lo rechazara y llevara el dictamen a ambas cámaras con idéntico propósito, el Gobierno se vería en serias dificultades. No solo por la pésima señal política que se emitiría a los mercados; el rechazo al DNU también lo privaría de los casi 9000 millones de dólares que acumularía al patear para adelante los vencimientos de esta deuda. Esa cifra le serviría al Gobierno para aplacar las turbulencias cambiarias, si efectivamente continuaran.

En el peronismo no hay ánimo -por ahora- de entorpecer ni boicotear ninguna medida. Tampoco los otros DNU que prontamente se someterán a debate, como aquel que estableció un congelamiento en el precio de las naftas y el decreto que dispuso una suba del mínimo no imponible de Ganancias y la eliminación del IVA a 15 productos de la canasta básica.

"Nos estamos portando bien", resumió un importante diputado kirchnerista. Esto no significa, empero, que avalen todo lo que venga del Poder Ejecutivo. La campaña electoral continúa, la elección todavía no se hizo y, si bien no va a torpedear al Gobierno en este frágil contexto económico, el peronismo insistirá en mostrar sus diferencias con la política económica oficial. En esta situación, aducen, su única -y mejor- contribución será la cautela.