El oficialismo quiere más libertad para elegir jueces

Se propone eliminar los exámenes anónimos para priorizar criterios subjetivos y políticos
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13 de abril de 2008  

El kirchnerismo prepara reformas en el sistema de selección de jueces nacionales en el Consejo de la Magistratura: propone terminar con los exámenes anónimos y sorpresivos, abandonar las tablas con puntajes para evaluar los antecedentes de los candidatos y dar más importancia a la opinión que los consejeros se formen de los postulantes.

Según la propuesta, presentada por la diputada oficialista Diana Conti, se busca así acelerar los trámites y establecer un sistema más flexible que permita evaluar si los aspirantes dan con el “perfil de juez” pretendido. El peligro, alertan quienes resisten el proyecto, es que convertirá el procedimiento de selección en más discrecional y, por ende, más permeable a manejos políticos.

“Yo quiero la discrecionalidad que me permiten la Constitución y la ley. La tarea de designar jueces es de orden político; es técnico, pero político”, dijo Conti, en defensa de la reforma propuesta.

Hoy, quien pretenda convertirse en juez debe acreditar sus antecedentes profesionales –se analizan según una tabla que fija cuántos puntos vale cada elemento del currículum– y aprobar un examen secreto y anónimo que pone a todos los concursantes en igualdad de condiciones ante los jurados. Sólo después de superadas estas instancias, los candidatos se enfrentan con los consejeros, que tienen un margen estrecho para modificar el orden de mérito. Con los resultados, se elabora una terna que se remite al Poder Ejecutivo para que elija su candidato. Luego, el Senado debe darle el acuerdo. El proceso en etapas fue establecido por la reforma constitucional de 1994 para limitar la discrecionalidad del presidente. La Constitución y la ley fijan las líneas generales del trámite. La letra chica está en el reglamento de concursos del Consejo, que es el texto que se pretende modificar.

Desde la reforma sancionada hace dos años, el kirchnerismo se convirtió en el bloque fuerte en el órgano que controla y selecciona a los jueces. Pero ese poder no le alcanza para aprobar en soledad el cambio en los concursos.

En algo están todos de acuerdo: es preciso acelerar los concursos. "Los plazos son mandatos legales y no los cumplimos nunca", dijo el kirchnerista Carlos Kunkel a sus pares del Consejo. El problema es que no hay acuerdo sobre cómo hacerlo.

"Con el pretexto de la celeridad, se corre el peligro de que se otorgue una mayor discrecionalidad a la comisión que elabora las ternas", advirtió el consejero Pablo Mosca, representante de los abogados del interior. Para él, "renunciar a la tabla para medir los antecedentes es altamente riesgoso", tanto como adelantar a los concursantes el contenido de los exámenes.

El diputado y consejero radical Oscar Aguad afirmó: "Hay mucha burocracia en el sistema, pero no creo que haya que apurarse a cambiar la modalidad de examen. El anonimato es una garantía de transparencia". Aguad se opuso, además, a que las entrevistas personales sean "tan decisivas".

El plan de Conti incluye dos propuestas para agilizar el proceso: propone que no todos los candidatos lleguen al examen escrito, sino sólo aquellos que pasan un primer filtro, y establece una única etapa impugnatoria para todo el proceso. Pero el eje central es la modificación del examen escrito, que consiste en resolver casos prácticos. Hasta ahora, se presentan sin saber qué les van a tomar y la evaluación es anónima para que los jurados no sepan a quién están calificando.

Con este sistema hubo un alto porcentaje de reprobados (había secretarios y fiscales que aspiraban a ser jueces, y jueces que querían convertirse en camaristas). En el concurso para cubrir vacantes de la Cámara Federal porteña 14 de los 16 candidatos no alcanzaron un cuatro. Si se aprueba el nuevo proyecto, nadie con menos de cuatro podrá entrar en la terna.

"La etapa del examen en sobre lacrado se terminó", dijo Conti, que propone que el jurado presente los temarios una semana antes y que se publiquen en Internet.

En medio del debate por la reforma, Conti cuestionó la transparencia del sistema actual. En una reunión de la Comisión de Selección, que ella preside, denunció fraude en los concursos. "Es evidente que hay concursantes que ya tenían el examen. Se les toman casos que no se dan nunca y responden citando a Vélez Sarsfield. Después, en la entrevista personal, no pueden citar media doctrina de nada", dijo, ante la indiferencia de sus compañeros.

Uno de ellos, el juez Luis María Cabral, explicó a LA NACION: "Ya respondí a esta afirmación cuando la hizo Kunkel: no hubo ningún caso en el que se haya denunciado esto con datos objetivos". Otros coincidieron con él.

Cabral comparte que el Consejo debe tener un margen de discrecionalidad, pero siempre que sus decisiones sean fundamentadas: "No vería mal que se distinguiera haciendo una valoración de lo que parece lo mismo pero no lo es. A veces, un doctorado no es lo mismo que otro, ni es igual un juzgado llevado en orden que uno que no".

El senador radical Ernesto Sanz también quiere que haya margen para analizar el "desempeño real" de los concursantes. "Hoy tenemos dos jueces, Jorge Ballestero y Javier López Biscayart, que compiten por un cargo. Ballestero nunca juzgó a un funcionario en el poder y López Biscayart es artífice de un caso emblemático como Skanska." El problema, dice, es cómo llevarlo a la práctica. "Un sistema más discrecional es peligrosísimo con este consejo".

El debate por el reglamento lleva ya un año. A lo largo de 2007, paralizó la Comisión de Selección. Esto, sumado a la lentitud de los trámites, hace que hoy el Consejo tenga 128 vacantes por cubrir y un alto porcentaje de concursos con los plazos vencidos.

"Favoritismo"

  • "Prefiero algo pautado que algo más subjetivo, porque sin un patrón objetivo [la selección de jueces] quedaría a merced del favoritismo", opinó el constitucionalista Daniel Sabsay, sobre el proyecto kirchnerista de modificar la selección de jueces. En diálogo con LA NACION, Sabsay advirtió ayer que si prospera esa propuesta, "sería una involución enorme para el Consejo de la Magistratura, al menos en la selección de jueces".
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