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Mantienen congelados bonos del país

El juez Griesa no se expidió por el reclamo de los acreedores, pero criticó duramente al Gobierno
Hugo Alconada Mon
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2 de mayo de 2008  

WASHINGTON.- A pesar de las afirmaciones del Gobierno de que los bonos congelados no le pertenecen, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió mantenerlos trabados por pedido de los acreedores que empujan una demanda colectiva ( class action ) por sus títulos en default, tras rechazar la oferta de canje de la deuda.

Griesa extendió la medida por tiempo indeterminado, hasta que defina si los títulos pertenecen o no al fisco y si los demandantes pueden cobrarse de allí los US$ 1000 millones en capital adeudado, más los intereses acumulados que reclaman. "Quedan preguntas por responder", explicó el juez.

Algo quizá más relevante: mostró indicios claros de exasperación ante los argumentos del Gobierno, que recibió sus primeras sentencias con la orden de pagar sus deudas cinco años atrás, pero continúa en mora.

El receptor de su fastidio fue el letrado que representa a la República Argentina en cada uno de los juicios abiertos por los holdouts en Nueva York, Jonathan Blackman, socio del estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton. "Usted representa una parte que está equivocada", le planteó Griesa en un momento tenso de la audiencia, cuando Blackman comenzó a retrucar algunos argumentos de los embargantes. "Su cliente se niega a pagar sus deudas y eso está mal", expresó, según contaron a LA NACION testigos del entredicho.

Griesa se mostró molesto por lo que considera el repudio de la Argentina a las leyes norteamericanas y a las decisiones tomadas por él, aun cuando fue el propio Estado el que determinó que muchos de los títulos soberanos previos al default fueran emitidos dentro de la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El malestar de Griesa, que también reclamó datos sobre las cuentas fiscales del país, aumentó ante la falta de una respuesta oficial desde Buenos Aires sobre la propiedad de los títulos afectados de la Caja de Valores desde que él ordenó inmovilizarlos en una agencia de clearing, Depository Trust Co., de Nueva York, el 18 de abril.

Los títulos inmovilizados sirven como garantía de los préstamos garantizados nacionales (PGN) por US$ 42.000 millones emitidos por el entonces ministro Domingo Cavallo para evitar el colapso financiero, que se terminó desencadenando meses después.

Pero, en lugar de acompañar un informe de algún funcionario del Gobierno asumiendo la responsabilidad, fue el propio Blackman quien afirmó que esos títulos integran un fideicomiso, que no pertenecen al Estado argentino y que el monto afectado no supera los US$ 2000 millones.

Sin embargo, los abogados de los acreedores -de los estudios Sirota &Sirota y Proskauer Rose- creen que el monto afectado podría rondar entre los 16.000 y 17.000 millones, pero temen que la Caja de Valores los vaya transfiriendo, dada la imprecisión actual sobre cuál es el monto en cuestión.

Otro conocido abogado de los acreedores, Guillermo Gleizer, sumó más información al caso esta semana, al informar sobre otras posibles tenencias del Gobierno en cuentas que la Caja de Valores mantiene en Euroclear, en Bélgica, y en Clearstream Banking Frankfurt, en Alemania. El martes pasado, Griesa le dio la derecha preliminar a Gleizer hasta que "la República Argentina demuestre un motivo de por qué no debería aceptarse una orden de restricción" sobre los Trust Bond afectados.

Fuentes oficiales indicaron en Buenos Aires que en la cuenta de DTC sólo había US$ 2000 millones, pese a que los bonos globales que respaldan los PGN llegaban en total a US$ 10.000 millones (el resto está, según ellos, fuera de la jurisdicción de la justicia de EE.UU.). En cuanto a los US$ 17.000 millones mencionados por Gleizer, se trata del valor nominal total de los bonos que garantizan los PGN, incluyendo títulos emitidos en el mercado argentino (ajenos a los embargos).

La audiencia se celebró el miércoles, y ayer Blackman acompañó un memorándum con más argumentos, mientras que otros dos letrados de Cleary & Gottlieb, JoAnn Kamuf y Christopher Moore, incorporaron otras declaraciones en apoyo a ese memo.

Las fuentes oficiales apostaron a que en 10 o 15 días Griesa podría expedirse, aclarando que los bonos no son del país, sino de sus acreedores.

Luego del congelamiento, los bonos soberanos de la Argentina bajaron 3,5% en promedio, al tiempo que aumentó la preocupación sobre su eventual impacto en la confianza sobre los servicios de la deuda pública.

Iniciado en enero de 2004, el juicio "Seijas, Silvia y otros c. República Argentina" se convirtió en una demanda colectiva de los tenedores de bonos que continúan en cesación de pagos, que reclaman desde entonces.

Para Griesa, la posición del Gobierno resulta endeble. Tras destacar la fuerte recuperación de la economía desde la crisis de fines de 2001 y el eventual acceso a nuevas fuentes de financiamiento, el magistrado lanzó un dardo hasta ahora no respondido.

Inquirió que si el país "puede pedir préstamos tan baratos, ¿por qué simplemente no paga sus deudas?".

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