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Denuncian un fallo en favor de la ciudad

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23 de junio de 1998  

La Asociación de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, (Favat) denunció ayer que la jueza a cargo del juzgado civil 3, Silvia Díaz, falló en favor del Gobierno de la Ciudad, al rechazar una acción de amparo por la supuesta ilegalidad del transporte escolar.

La jueza, según Gregorio Dalbón, abogado de la Favat, es profesora adjunta de la cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Buenos Aires, de la que el jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, es titular.

"Nosotros presentamos un amparo a raíz de la falta de control sobre el transporte escolar en contra del Gobierno de la Ciudad, que, a nuestro modo de ver, es el organismo de contralor de los ómnibus para los chicos. Pero la jueza no hizo lugar, con el fundamento de que quienes deben responder no es la comuna sino cada uno de los propietarios de los micros", dijo Dalbón.

Argumentos

Dalbón cree ver una connivencia entre De la Rúa y Díaz, a partir de saber que ambos compartieron la cátedra de Derecho Procesal.

"La jueza es adjunta en esa materia -dijo anoche a La Nación Miguel de Godoy, subsecretario de Comunicación del Gobierno de la Ciudad-, pero De la Rúa pidió licencia cuando fue nombrado jefe de gobierno. Una cosa no tiene nada que ver con la otra".

Dalbón opinó: "Estamos frente a una jueza que, al ser conocida de De la Rúa, debería haberse excusado de entender en el expediente. La legislación prevé como causales de recusación la amistad manifiesta o frecuencia en el trato con alguno de los litigantes. Acá, es obvio que existen vínculos de familiaridad entre ambos".

Dalbón hizo acusaciones graves. Dijo que la jueza Díaz "entró por la ventana en Tribunales en 1995" cuando fue designada en la justicia civil de la Capital Federal. "No tiene antecedentes en los fueros", dijo el abogado.

En el amparo interpuesto por Favat figuraban la falta de habilitación por parte de la comuna en, al menos, el 70% de los micros. Además -añadió Dalbón-, en los transportes escolares se detectaron gases tóxicos, falta de cinturones de seguridad, del botiquín con las herramientas de primeros auxilios, suelo de goma para prevenir accidentes en los menores y ausencia de identificación de los coches.

"Los ómnibus que transportan chicos deben estar pintados de color naranja para que todos los respeten o, al menos, sean más cautelosos. En el amparo presentamos 45 fotografías de colectivos en infracción, pero en este país no se respeta nada: basta con salir a la calle para ver el caos".

Consultadas por La Nación , fuentes del Gobierno de la Ciudad restaron importancia a la denuncia y dieron a entender que se trataba de una operación de prensa en contra de De la Rúa.

Dalbón dijo que apelaron la medida a la Sala E de la Cámara Civil, pidieron que se considere nulo el fallo de Díaz y que se sortee un nuevo juzgado.

"De comprobarse que existió mal desempeño de la magistrada, vamos a pedir un juicio político en la Cámara de Diputados", finalizó Dalbón.

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