Radiodifusión y doble discurso oficial

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27 de mayo de 2008  

La ley 22.285, también conocida como de radiodifusión, fue dictada por el último gobierno de facto el 15 de septiembre de 1980. No alcanzó, así, a los 40 meses de aplicación durante ese régimen militar, mientras que lleva ya otro período de 294 meses de vigencia ininterrumpida y con numerosas modificaciones parciales introducidas mediante leyes y decretos de necesidad y urgencia, emanados de las autoridades constitucionales democráticamente elegidas desde diciembre de 1983 hasta hoy, además de ser aplicada por los tribunales de justicia. En consecuencia, calificarla en la actualidad de "ley de la dictadura" constituye limitarse a identificarla por su tiempo de origen, obviando la aceptación parcial que se derivó en cada modificación introducida en el régimen jurídico al cual se han visto sometidos los medios de comunicación en nuestro país en los últimos 25 años.

No existen dudas de la necesidad de un cambio de legislación sobre la materia, debido, fundamentalmente, a la cantidad y calidad de los cambios tecnológicos que, de manera constante, se han venido sucediendo en la última década, con una celeridad apabullante, que llega incluso a que la novedad de un día deje de serlo poco meses después, al ser superada por otra más asombrosa.

Pero la voluntad expresada recientemente desde las más altas autoridades del gobierno nacional en cuanto a un urgente e imperativo cambio de la ley de radiodifusión nada tiene que ver con esa necesidad tecnológica que conlleva el tener actualizado el marco legal pertinente, para que sus disposiciones tengan contemporaneidad con la realidad científica que regula.

Desde el Comité Federal de Radiodifusión, se ha señalado durante las últimas semanas que la sustitución de la ley de radiodifusión, prevista para el corto plazo, es considerada por el gobierno nacional la "madre de todas las batallas", paradójicamente, expresión de típico de corte militar, de cuyo ámbito se hace gala de querer salir.

La pregunta obvia es ésta: ¿batalla de una guerra contra quién o quiénes? Las mismas autoridades nacionales, en públicas declaraciones aparecidas en todos los medios, acompañadas por una extendida campaña propagandística en la vía pública, han dejado en claro que el Gobierno ha decidido dirigir todo el poder del Estado nacional contra un grupo empresarial periodístico determinado, decisión que no sólo es políticamente cuestionable, sino absolutamente arbitraria e ilegítima, por contraria a nuestra Constitución nacional.

No escapa al lector más desinformado que el hecho desencadenante de la desproporcionada reacción oficial fue la repercusión que tuvo en todos los medios de comunicación -no sólo en aquel al cual se ataca- el conflicto que el Gobierno se creó, por la manifiesta imprudencia de sus funcionarios al dar una nueva vuelta de tuerca a la presión tributaria sobre la actividad agropecuaria, que provocó fuerte resistencia a lo largo y a lo ancho del territorio.

Los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos, tanto nacionales como provinciales o locales, le fueron dando al conflicto del agro la importancia periodística que fue teniendo en la realidad política e institucional. Alterar el orden de los factores, como hacer creer que el conflicto con el agro fue un producto mediático, es imputar al cartero por el contenido de la carta que entrega.

Desde 1983, el espectro radioeléctrico fue ocupado en forma desordenada por miles de ocupantes. Algunos de ellos accedieron a frecuencias mediante autorizaciones otorgadas conforme a la legislación vigente; otros, al amparo de medidas judiciales, y el resto, sin más sostén que su voluntad y algún oculto protectorado político, ante la manifiesta ineficiencia de los organismos de control del Estado.

Además, por la ley 26.053, en agosto de 2005, se modificó el texto del artículo 45 de la de radiodifusión, facilitándose la explotación de licencias a personas sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos, contemplando la realidad planteada por numerosas cooperativas de electricidad del interior del país que pretendían brindar servicios de radiodifusión en sus diferentes variantes.

Si a esa utilización más abusiva que intensiva del espectro se le suman las fuentes informativas que surgen de Internet, los habitantes de la República Argentina se encuentran hoy, en su amplia mayoría, con la posibilidad cierta de acceder a una diversidad de voces, opiniones y temáticas como nunca antes en la historia, razón por la cual tampoco aparece justificada, desde la pluralidad, la necesidad oficial de librar la batalla prometida.

El amenazador anuncio de limitar a los medios gráficos el acceso a los de radiodifusión no significa, precisamente, alejarse del texto del régimen militar, sino, precisamente, volver a él, ya que fue en democracia cuando se reconoció el derecho, con raigambre constitucional, a que las empresas gráficas no fuesen arbitraria e ilegítimamente discriminadas.

Es de lamentar, entonces, esta nueva muestra de doble discurso oficial que, en el caso que nos ocupa, confirma una vez más la inseguridad jurídica existente en el país.

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