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Narcotráfico y corrupción política

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21 de agosto de 2008  

El triple crimen en la localidad bonaerense de General Rodríguez parece cobijar en sus truculentos pliegues un inventario de algunas de las principales lacras que pesan sobre la sociedad argentina: el avance del narcotráfico en los grandes entramados urbanos, la negligencia de quienes conducen el aparato de seguridad que debe preservarnos de ese flagelo, la corrupción en el sistema de salud y las crecientes sospechas sobre irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos.

Pocas dudas hay de que tanto el mencionado episodio policial, en el que murieron tres empresarios argentinos, como el asesinato de dos colombianos por un sicario en moto ocurrido el mes pasado en el centro comercial Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires, guardan vinculación con el narcotráfico.

Si bien el número de víctimas por las guerras entre carteles de la droga o por enfrentamientos entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad está en la Argentina lejos del de países como México o Colombia, debe preocuparnos la creciente posibilidad de que la industria del narcotráfico esté instalándose con cada vez más fuerza en nuestro país.

El aumento de laboratorios clandestinos para procesar drogas es un fenómeno de los últimos años en territorio argentino. La presencia de "peces gordos" del narcotráfico en estas latitudes ha provocado un crecimiento del tráfico de drogas en el sur de nuestro continente, para consumo interno y para exportar a otras regiones del mundo.

Las pesquisas sobre el triple crimen revelaron que uno de los empresarios asesinados, Sebastián Forza, era propietario de la droguería Seacamp, que figura entre los principales aportantes de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Las indagaciones sobre su muerte dan cuenta con precisión de su involucramiento en una historia de narcotráfico y falsificación de medicamentos. Se sospecha, además, que Forza podría ser socio de otra empresa del mismo rubro que también aparece financiando el proselitismo oficial: la droguería San Javier.

Que el proselitismo de la actual presidenta de la Nación haya estado siquiera rozado por el narcotráfico en su financiamiento debería motivar a las más altas autoridades del Gobierno a emitir alguna explicación.

Pero las justificaciones parecen haberse delegado en Héctor Capaccioli, el superintendente de Servicios de Salud. Si de esa forma se pretende aclarar el problema y exculpar al Gobierno, en realidad se consigue lo contrario. El financiamiento de la campaña no estaría viciado sólo por el origen de los fondos, sino por el procedimiento seguido en la recaudación. El responsable de conseguir el dinero para el proselitismo oficial no es un dirigente ajeno a la administración, sino un funcionario público. El problema ético se agrava.

Menos admisible todavía es que se trate del titular de un organismo de control, que debe reclamar fondos de empresas a las que al mismo tiempo debe monitorear y, quizá, sancionar, como son las droguerías. Estas relaciones de promiscuidad levantan innumerables sospechas. ¿Se deberá la aparición de tantas prestadoras de salud y laboratorios en el financiamiento de la campaña oficialista a que el recaudador era el superintendente del área?

Quienes actúan en el campo de la atención médica están desde hace tiempo familiarizados con un sistema de obtención de recursos del sistema a partir de la presentación de documentación fraudulenta para recibir subsidios. Se simulan tratamientos inexistentes sobre afiliados fantasma de las obras sociales para cobrar dinero sin efectuar prestación alguna. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, investiga este régimen perverso desde que se desempeñaba al frente del PAMI. Y el juez federal Norberto Oyarbide abrió una causa a partir de esos indicios. Es sabido que muchas droguerías participan muy activamente de este fraude, a tal punto que este año fueron allanadas 18 de ellas. La responsable de autorizar esos subsidios y pagarlos es la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Capaccioli.

A partir del crimen de los empresarios emerge un juego inquietante. Empresas que interactúan con el Estado y que están sometidas a sus regulaciones aportan fondos a la campaña oficial. Esos fondos son recaudados por el funcionario que debería regular las actividades de esas compañías. La corrupción, en un régimen de esta naturaleza, no parece ser un accidente sino un objetivo.

Cabe suponer que la intención con la que algunas empresas contribuyeron a la campaña de la señora de Kirchner podría haber sido obtener impunidad para eventuales irregularidades.

Hay una señal más que estimula esa suposición: no fueron los organismos de seguridad del Estado los que detectaron las vinculaciones mafiosas de la empresa de Forza con el narcotráfico. Fue la DEA, una agencia de los Estados Unidos, la que estaba detrás de esos delitos. Aníbal Fernández, el ministro de Justicia y Seguridad, parece haber advertido temprano esta deficiencia del dispositivo que él conduce. Tal vez por eso se apresuró a revelar que en sus contactos con el embajador de los Estados Unidos se mostró siempre interesado en combatir delitos como los que ahora aparecieron a la luz: el caso de la producción de drogas de consumo ilegal a partir de la efedrina, por ejemplo.

Pero pocos días antes de que estallara este inquietante caso criminal, el ministro Fernández estaba más entusiasmado con promover la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.

Entretanto, documentos oficiales, como los del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, que funciona en el propio ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, dan cuenta de los problemas en las políticas de represión del narcotráfico. Entre los puntos más destacados de estos informes pueden mencionarse la ausencia de estrategias entre las provincias y las fuerzas federales para perseguir a los narcotraficantes, y la permeabilidad de las fronteras. Al respecto, es útil recordar que el plan de radarización del espacio aéreo argentino se encuentra demorado desde hace 12 años, lo cual permite que aviones y avionetas ingresen en el territorio argentino con cargamentos de drogas o armas de contrabando, utilizando las numerosas pistas clandestinas, sin mayor riesgo de ser detectados.

Si bien es cierto, como afirman autoridades nacionales y bonaerenses, que en los últimos años se decomisaron los mayores cargamentos de drogas en nuestra historia, ello constituye, según especialistas en el tema, apenas un 10 ó 15 por ciento de la droga que entra al país.

La expansión del narcotráfico se está convirtiendo en una seria amenaza para la sociedad argentina. Resulta imperioso que las autoridades redoblen los esfuerzos para combatir sus devastadores efectos, lo cual debería incluir medidas ejemplares para esclarecer cualquier sospecha de vinculaciones entre áreas de la administración pública y redes delictivas.

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