Macri decidió intervenir en la Villa 31

El gobierno porteño clausuró un corralón de 4 hectáreas, situado en medio del barrio marginal
Laura Rocha
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27 de septiembre de 2008  

El gobierno porteño intervino ayer por primera vez en la Villa 31, levantada sobre terrenos del Estado nacional, con la clausura de un corralón que fabricaba y vendía materiales de construcción por no contar con la habilitación comercial correspondiente y por tener fallas en el sistema de seguridad.

Así lo informó a LA NACION Fabián Rodríguez Simón, jefe de gabinete del Ministerio de Ambiente, que participó del operativo junto con la Agencia Gubernamental de Control.

"Hace unos días encontramos que allí funcionaba una cementera en forma irregular. Según explicó el apoderado que recibió a las autoridades, la empresa tiene un contrato con el Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe). Se trata de Cementos Avellaneda SA. Pensamos que de allí saldría buena parte del material empleado en la construcción de las casas de la villa", detalló el funcionario.

El predio, donde funciona una fábrica de ladrillos y cemento y se acopian materiales de construcción, está en las calles 10 y 5 del barrio Güemes de la villa. Según datos oficiales, tiene una superficie de unas cuatro hectáreas. No se precisó desde cuándo funciona allí.

Las imágenes aéreas impactan: literalmente se pueden ver montañas de arena e instalaciones que parecen industriales. Fuentes oficiales contaron que mientras se prolongó el operativo, ayer por la mañana, ingresaron en el predio más de 30 camiones con distintos materiales. Según esas fuentes, también salían carretillas con ladrillos de cemento empujadas, al parecer, por pobladores del asentamiento.

"Se clausuró el corralón porque no tenía las condiciones de seguridad necesarias. Para realizar el trámite de habilitación se le dieron los 15 días correspondientes. Si no se cumple, se hará una clausura definitiva del predio", agregó Rodríguez Simón.

"Lo que más nos llamó la atención es que nunca nadie presentó una denuncia sobre este lugar", dijo.

LA NACION intentó comunicarse con Cementos Avellaneda SA, pero no consiguió contactarse con ninguna autoridad de la empresa.

En tanto, el Onabe se desvinculó de la situación. "El organismo no tiene ningún acuerdo vigente en ese lugar. Son todos intrusos. Puede llegar a haber algún galpón heredado, pero no existe ningún contrato actualizado. Mauricio Macri [por el jefe de gobierno porteño] tiene todo el derecho del mundo, y aun la obligación, de clausurar todo lo que haya en la Villa 31. Si lo cierran, bienvenido, y si los hace demoler, bienvenido. El gobierno nacional no se va a oponer a eso. Y si quiere hacer un convenio, lo vamos a ayudar", dijo a LA NACION Fernando Suárez, director del Onabe.

Peligro

Macri había comenzado la semana con la advertencia sobre la peligrosidad que representan las construcciones en altura, de hasta cinco plantas, en el asentamiento de Retiro.

"En cualquier momento sopla un viento y vamos a tener una desgracia" en la Villa 31, había dicho el jefe de gobierno en declaraciones públicas. Sin embargo, en esa oportunidad negó tener el poder de policía para realizar operativos de fiscalización. Ahora el gobierno local reconoce que sí cuenta con esa potestad.

Según pudo saber LA NACION, los operativos de fiscalización de comercios ilegales en la villa continuarán. Respecto de las construcciones ilegales en altura, Rodríguez Simón explicó: "Estamos analizando los pasos por seguir y viendo cómo ejercer el poder de policía sin la colaboración de la fuerza pública (por el control de la Policía Federal), y teniendo en cuenta el factor social".

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