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Una reforma hubiera salvado a las AFJP

Por Eduardo Melinsky Para LA NACION
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26 de octubre de 2008  

La decisión de traspasar las operaciones de las AFJP a la Anses responde a una decisión política frente a las necesidades presupuestarias de financiamiento crecientes.

Los afiliados verán cambiada la estructura técnica de los beneficios futuros, que ahora responderán a un régimen de beneficios definidos en función de la Prestación Adicional por Permanencia, en lugar de estar determinados por la capitalización de sus aportes. Lo mismo ocurrirá con los aproximadamente 300.000 beneficios en curso por Retiros Programados, que tendrán una movilidad sujeta al régimen general aprobado. Se altera así la reforma estructural hecha con la sanción de la ley 24.241.

Las inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones arrojaron rendimientos importantes a través del tiempo, con los lógicos altibajos de la economía, y hoy se ven afectados por la crisis financiera internacional. Se deberá proteger a los afiliados a las AFJP, ya que es una cuestión de interés público.

Sin embargo, existen alternativas al giro propuesto por el Gobierno, que permitirían mantener el sistema de capitalización. Por ejemplo, medidas que modifiquen la naturaleza y distribución del menú de inversiones y restrinjan la gestión activa de las carteras. O establecerse mecanismos de suscripción directa de obligaciones del Estado, con condiciones de mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda y de rentabilidad razonable para el largo plazo y, por último, mantenerse la libertad de opción por parte de los afiliados al sistema.

Para el tratamiento legislativo del nuevo sistema es importante contar con estudios actuariales de carácter público para estructurar una adecuada gestión previsional y de sus inversiones. Es natural que en el mediano plazo los egresos superen a los ingresos. Por lo tanto, hay que preservar las inversiones y los flujos operativos positivos para atender no sólo el pago de los beneficios en curso, sino también las altas y movilidad del conjunto.

Desde un punto de vista técnico, el proyecto de ley debería contar con normas rectoras respecto de las condiciones económicas y financieras de las inversiones en títulos del Estado, del mantenimiento del stock de instrumentos privados y de la disminución de los procesos relacionados con gestión activa o trading de las inversiones, exigiendo el mantenimiento de ciertos instrumentos hasta su vencimiento.

Es recomendable considerar instrumentos que mantengan el poder adquisitivo del dinero y provean un rendimiento real de entre un 4 al 6% anual, orientados de tal manera que la inversión garantice el pago de beneficios previsionales futuros.

También es de vital importancia mantener o aumentar el stock de instrumentos privados, que brindan financiamiento de gran importancia macroeconómica a distintos sectores, pero siempre con el cumplimiento de requisitos equivalentes a la normativa vigente bajo la ley 24.241 y con condiciones de rentabilidad en términos reales.

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