Logran un acuerdo en la villa 31 para frenar los cortes de tránsito

Delegados del asentamiento y funcionarios porteños se comprometieron a trabajar en conjunto
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25 de noviembre de 2008  

Un acuerdo entre el gobierno porteño y un grupo de representantes de la villa 31 evitó que hoy hubiera un nuevo caos de tránsito en la ciudad.

Luego del corte de la semana pasada en la autopista Illia, que trastornó el ingreso en la Capital desde el Norte y frente a la amenaza de piquetes programados en 14 puntos de la ciudad para hoy, el gobierno porteño recibió ayer a los delegados más representativos del asentamiento, quienes aseguraron que "no habrá cortes".

Las partes coincidieron en establecer una mesa de trabajo con objetivos concretos, entre los que se destacan controlar el crecimiento poblacional del asentamiento, reclamar al gobierno nacional para que transfiera los territorios fiscales y actuar inmediatamente sobre las necesidades más urgentes de los habitantes de la villa.

"Hemos abierto una instancia de diálogo con los vecinos autoconvocados de la villa y coincidimos en trabajar en conjunto sobre medidas concretas", dijo la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, al salir de la reunión de dos horas que tuvo lugar en la Jefatura de Gobierno. Y agregó: "Es un trabajo combinado de urbanización y también de relocalización de algunas familias".

"Nos fue muy bien"

Norma Gutiérrez, presidenta de la Unión de Vecinos de la Villa 31, se mostró "satisfecha por la disponibilidad" del gobierno de Mauricio Macri. "Nos fue muy bien, nos pusimos de acuerdo y por ahora los cortes quedan suspendidos", aseguró Gutiérrez a LA NACION.

Sin embargo, y pese a que los grupos más representativos se comprometieron a abandonar la medida de fuerza, desde el gobierno porteño no descartaban que grupos minoritarios intentaran realizar algún piquete durante el día de hoy.

Con respecto a los temas convenidos para el corto plazo, el gobierno porteño se comprometió a trabajar en servicios de luz y agua, en la ampliación de la sala de primeros auxilios y en la recuperación de espacios verdes de la villa.

Otro de los presentes en las negociaciones, el jefe de gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, destacó la importancia de que se haya llegado a una instancia de diálogo.

"Nosotros no íbamos a negociar bajo la presión de cortes. De hecho no lo hicimos el miércoles pasado", aclaró el funcionario, quien hace una semana se había negado a recibir a los piqueteros durante las nueve horas que duró el corte en la autopista Illia.

En la negociación volvió a faltar la presencia del gobierno nacional, que controla los terrenos donde está radicada la villa 31, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe).

Hasta ahora, desde la Casa de Gobierno se hizo oídos sordos respecto del traspaso de la policía y de los territorios fiscales a la ciudad, reclamos que se agudizaron debido al conflicto con los habitantes de la villa 31.

Al respecto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo: "Ellos (por el gobierno porteño) fueron votados para gobernar, para tomar decisiones y hacerse cargo de los problemas, no deslindar responsabilidades en forma permanente, que es lo que han hecho en estos meses que llevan de gobierno".

Para la semana próxima el gobierno porteño convocó a una segunda reunión en la que esperan que estén representados todos los sectores de la villa 31 y de la villa 31 bis.

Un territorio sin dueño

  • No sólo el gobierno nacional y el porteño se pelean por el control de la villa 31. El conflicto por la urbanización del asentamiento de Retiro desnudó las internas que existen en la representación de las más de 30.000 personas que viven hoy allí. Entre las voces más escuchadas se encuentra la de la Unión de Vecinos de la Villa 31, que no participó de los cortes de la autopista Illia y que estuvo presente ayer en las negociaciones con el gobierno de la ciudad. Otro sector importante está compuesto por la Mesa de Trabajo para la Radicación y Urbanización Padre Carlos Mugica, el único que presentó una demanda formal ante la Justicia y que trabaja junto a organizaciones sociales de izquierda.
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