Cien años de administración agrícola

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26 de septiembre de 1998  

El 12 de octubre próximo se cumplirá el centenario de la creación del Ministerio de Agricultura de la Nación, surgido de la ley 3.727, que elevó a ocho el número de los ministros que asisten al jefe del Estado. El presidente Julio A Roca, que había extendido la frontera productiva mediante la Campaña del Desierto, dispuso en 1898 -al comenzar su segundo mandato- la creación de esta nueva cartera, destinada a estimular el desarrollo agrícola argentino. El país contaba, hasta ese momento, con un Departamento de Agricultura, creado bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento, otro gran impulsor de la agricultura nacional.

El agro era, por entonces, la fuente medular de la actividad económica de la nación, representada particularmente por la ganadería vacuna y ovina y por el naciente desenvolvimiento del cultivo de cereales, la caña de azúcar y otras producciones regionales. La después llamada "revolución de las pampas" mostraba ya el germen de su posterior fama mundial. El viaje inaugural del vapor Le Frigorifique había abierto el comercio de carnes con el continente europeo y comenzaban a llegar inversiones que transformaban los viejos saladeros en fábricas de carne de moderna tecnología. Los ferrocarriles surcaban ya el territorio nacional, trayendo los frutos de la tierra hacia el naciente puerto de Buenos Aires, desde donde eran llevados a los mercados mundiales. Varias colonias agrícolas, entre ellas la de Buena Esperanza y Baradero, acogían el espíritu progresista de la inmigración europea, que impulsaría los cultivos graníferos y, después, el tambo.

Se requería, a la sazón, la participación de decisiones del Estado. La administración de la cartera fue encomendada al doctor Emilio Frers, quien impulsó normas sobre tierras y colonias, lucha contra la langosta, ferias y exposiciones, patentes y marcas, legislación sobre bosques y otras materias. Entre los ministros que le sucedieron figura el doctor Ezequiel Ramos Mejía, a quien se le deben nuevas y progresistas orientaciones sobre el régimen de la tierra pública y la sanción de la ley de policía sanitaria animal, a la que siguió la ley de defensa de la producción agrícola. Así se fue conformando el tejido legal y administrativo del sector, en un período pródigo de emprendimientos que dieron lugar a una larga etapa de altísimo crecimiento económico.

A partir de la crisis internacional de 1929 y, particularmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, surgieron legislaciones agrícolas y comerciales de orientación intervencionista y, luego, de carácter francamente estatista y aislacionista, acordes con las políticas que imperaban en el país en todos los órdenes.

A partir de 1954, con algunas excepciones, el Ministerio de Agricultura perdió su rango en el gabinete presidencial y se convirtió en una secretaría dependiente del Ministerio de Economía;la columna editorial de La Nación siempre opinó que debería volver a ser un ministerio.

Desde principios de la década del 90, el agro ha sido despojado de la madeja estatista e intervencionista que limitaba sus posibilidades. Los efectos de ese cambio se están traduciendo en aumentos de la productividad y cosechas más abundantes, que apuntan a devolver al campo el papel que tuvo en el pasado, compartido -en proporciones diferentes, por cierto- con la industria y los servicios. Un hecho que debe celebrarse es la revalorización de la actividad agroindustrial, durante muchos años subordinada a ideologías y principios desalentadores de esa producción.

El centenario que se conmemora deberá constituir una oportunidad para repasar la historia, sus protagonistas y sus resultados, con el propósito de estimular nuevos y vigorosos emprendimientos.

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