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Graves anomalías en Corrientes

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9 de octubre de 1998  

La provincia de Corrientes, tan íntimamente ligada a momentos decisivos de la afirmación del espíritu federal republicano y de los principios de libertad que presidieron la organización nacional, está atravesando un período sumamente crítico -y en muchos aspectos sombrío- de su historia institucional.

Dos vicios incompatibles con los postulados democráticos de la Constitución enturbian hoy la vida pública correntina. Uno de ellos es la ostensible falta de independencia del Poder Judicial, sometido como nunca a las influencias del poder político y afectado por un proceso de corrupción interna que le ha hecho perder a la administración de justicia provincial -con algunas pocas y dignas excepciones- toda confiabilidad moral.

Hace ya tiempo que se tiene la impresión, en Corrientes, de que para acceder a la función judicial no es necesario exhibir idoneidad científica y moral, sino demostrar un alto grado de lealtad al partido político oficialista, liderado por el ex gobernador y actual intendente de la capital, Raúl Romero Feris.

El prestigio de la Justicia está hoy en su nivel más bajo. Según encuestas que se han realizado, cuatro de cada cinco correntinos no confían en sus jueces.

Son muchos los hechos que han contribuido, en los últimos años, a generar ese escepticismo. La simple revisión de los expedientes judiciales más resonantes permite comprobar que un sector del Poder Judicial correntino se somete sistemáticamente a los dictados y las conveniencias del Ejecutivo provincial. Los jueces suelen defender a cualquier precio los intereses del poder político;en muchos casos, liberaron a organismos provinciales del cumplimiento de sus obligaciones, aun desconociendo órdenes judiciales emanadas de magistrados nacionales.

Una causa paradigmática fue la que involucró a un importante frigorífico, que fue conducido a la quiebra por intervenciones judiciales decretadas durante el periodo de feria y mediante la actuación de jueces subrogantes. En ocasiones, se persiguió a personas o empresarios que no comulgaban con los intereses político-económicos del oficialismo.

A ese sombrío panorama se suma la reiterada denuncia sobre la desaparición de menores en la ciudad de Goya, en circunstancias nunca aclaradas por la justicia provincial.

La provincia fue intervenida en sucesivas oportunidades. Cabe recordar el paso de los interventores Francisco de Durañona yVedia, Claudia Bello e Ideler Tonelli. La intervención puso a la justicia correntina en comisión por decreto 1447/92. En 1993, cuando fue elegido gobernador Raúl Romero Feris, esa circunstancia fue aprovechada por el oficialismo político para conformar un sistema judicial adicto , que defendiese sus intereses.

El otro gran vicio que afecta a la vida pública correntina es la insólita distorsión institucional que se ha producido como consecuencia del protagonismo avasallador del jefe del oficialismo, RaúlRomero Feris, quien ha relegado virtualmente a un segundo plano al actual gobernador, Pedro Braillard Poccard.

En octubre del año último, al finalizar su mandato como gobernador, y ante la imposibilidad de lograr la reelección, Raúl Romero Feris fue designado intendente de la capital. Apenas se conoció el nombre de su sucesor, anunció públicamente que se constituiría en el garante de la continuidad de su gestión y manifestó que le dejaría como herencia al nuevo gobernador su equipo de ministros.

Los actos de asunción del gobernador y del intendente se realizaron de manera simultánea en una misma ceremonia. No hace mucho, un legislador liberal presentó un pedido de informes sobre las funciones reales que cumple el intendente en el gobierno de la provincia y sobre si existía un intento de "opacar" y desjerarquizar" la función del gobernador.

La inseguridad jurídica y el estado de indefensión de los ciudadanos son motivo de honda preocupación. De las reservas morales de la propia población correntina deberá surgir la reacción que permita revertir el grave cuadro institucional y restablecer los altos principios republicanos, hoy sistemáticamente vulnerados en la provincia.

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