El 24 de agosto no se acaba el mundo

Pablo G. Tonelli Para LA NACION
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6 de agosto de 2009  

El 24 vencerá la última de varias y sucesivas delegaciones de facultades legislativas que el Congreso ha hecho a favor del Poder Ejecutivo (ley 26.135). Y, a propósito de ese vencimiento, hay quienes anuncian una suerte de apocalipsis legislativo en caso de que la delegación no se prorrogue. Sin embargo, esa posibilidad es inexistente y conviene aclararlo para la tranquilidad de todos y la salud de la República.

La cuestión se inició con la reforma constitucional de 1994, cuando se zanjó un debate clásico entre los juristas, cual era el referido a la procedencia constitucional de la delegación legislativa y de los reglamentos delegados. Los constituyentes de ese año resolvieron la disputa mediante la incorporación, al texto constitucional, del artículo 76, que "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

Y para resolver el problema que planteaba la existencia de un gran número de normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de anteriores delegaciones, se sancionó la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional, mediante la que se resolvió que "la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley".

De manera tal que el Congreso contaba con un plazo de cinco años, a partir de la reforma constitucional, para revisar la legislación delegada y resolver cuál ratificaba y cuál derogaba.

Pero el plazo se cumplió sin que la revisión se hubiera producido y el Congreso optó por una solución para nada encomiable pero práctica: aprobó "la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994" (art. 3°, ley 25.148). En la misma ley, además, se dispuso la prórroga por tres años de "la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública" a favor del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, toda la legislación delegada dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones conferidas a su favor antes de la reforma constitucional de 1994 quedó aprobada y ratificada por imperio del artículo 3° de la ley 25.148. Y de esa manera se evitó la caducidad prevista en la disposición transitoria octava de la mencionada reforma constitucional.

La prórroga fue luego extendida y la aprobación de la legislación delegada dictada al amparo de legislación delegante reiterada tres veces más, usando siempre la misma fórmula (leyes 25.645, 25.918 y 26.135).

Queda claro, en definitiva, que no es necesaria ninguna nueva ratificación o aprobación de normas de contenido legislativo que el Poder Ejecutivo haya dictado en ejercicio de una delegación legislativa aprobada por el Congreso. Y ningún vacío legislativo se producirá, ni tampoco se afectará la seguridad jurídica, si esa sobreabundante ratificación no se concreta. El Código Aduanero seguirá rigiendo y no se afectarán las importaciones y las exportaciones (salvo lo que haga el inefable Moreno).

Desde nuestro punto de vista, no cabe duda alguna de la inconveniencia de prolongar la autorización para que el Poder Ejecutivo legisle acerca de: "La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo crear, organizar y fijar sus atribuciones", tales como "el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria"; o la "fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno"; o la "creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal"; o la "legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Congreso de la Nación"; y "toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo Nacional que se relacione con la administración del país".

Porque si se prolongara esa delegación, sumada a la vigente en materia presupuestaria, el Congreso seguiría gravemente disminuido en su rol constitucional y despojado de las más importantes y trascendentes de sus atribuciones, sin que se haya invocado, ni mucho menos probado, circunstancia alguna que lo justifique.

No debe perderse de vista que la regla en la materia es la prohibición de la delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo, como dispone el artículo 76 de la Constitución Nacional. Lo contrario, es una excepción, de interpretación restrictiva por naturaleza, que requiere la suma de ciertos y determinados requisitos notoriamente ausentes en la actualidad.

En efecto, el artículo 76 exige que, además de tratarse de "materias determinadas de administración o de emergencia pública", la delegación cuente con plazo fijado para su ejercicio. Y si antes del 24 de agosto se aprobara una nueva prórroga, como pretende el oficialismo legislativo, estaríamos ante la quinta prórroga de una atribución excepcional.

Semejante extensión temporal (15 años) de una disposición de interpretación restrictiva es incompatible con la recta y leal interpretación del alcance que debería tener el requisito del "plazo fijado para su ejercicio" previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Porque la delegación quedaría convertida en permanente y perdería el carácter excepcional y restrictivo que la Constitución le atribuyó.

En definitiva, la única consecuencia que se produciría si no se prorrogara la vigencia de la delegación legislativa sería que el Poder Ejecutivo no podría dictar normas con contenido legislativo y que esa atribución volvería a ser exclusiva del Congreso de la Nación. O sea, lo más sano y republicano que podría pasarnos en muchísimo tiempo.

El autor es procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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