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El momento oportuno

Carlos Oteiza Aguirre Para LA NACION
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11 de agosto de 2009  

La renovación política surgida de las últimas elecciones ofrece una oportunidad para rediseñar el Consejo de la Magistratura de la Nación. La ley impulsada por la actual Presidenta, en diciembre de 2005, no resolvió sus principales falencias. Hoy es un órgano de dudosa efectividad e influido políticamente por el partido oficialista.

La reforma pasó por encima del artículo 114 de la Constitución nacional, que procura el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con cinco consejeros sobre trece, el oficialismo tiene poder de veto tanto sobre los postulantes a jueces como sobre las acusaciones, lo que desequilibra las relaciones de poder internas e introduce inaceptables influencias partidarias. No hay candidato que pueda ser nombrado o juez que pueda ser destituido sin la aprobación del kirchnerismo.

Además, al eliminar la participación del presidente de la Corte Suprema, esta ley cortó el puente de comunicación con la cabeza del Poder Judicial. Hoy existe una necesidad urgente de implementar decisiones de gobierno judicial por intermedio de políticas judiciales de largo alcance. Por ejemplo, en materia de rediseño organizacional, hay que lograr cambios sustanciales en el reparto de funciones jurisdiccionales y administrativas, la efectiva oralización de ciertos procesos, la adecuación de la infraestructura edilicia y los recursos informáticos, la modificación del horario extravagante, eliminar la feria, etc.

Estas son decisiones que ni la Corte ni el Consejo por separado pueden ejecutar plenamente. Recuperar una participación efectiva de la Corte en el órgano que tiene asignada la administración del Poder Judicial es, entonces, otra necesidad imperiosa.

Finalmente, la ineficacia del Consejo para asegurar la idónea prestación de los servicios de justicia está a la vista de los ciudadanos, que tienen que transitar las sobrepobladas y mal organizadas oficinas judiciales. En lugar de trabajar ejecutivamente, como un organismo técnico, el Consejo debate como un órgano colegiado deliberativo. Priman criterios políticos discrecionales, en lugar de racionalidad administrativa.

A modo de ejemplo, los criticados concursos duran varios meses; una solución que el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) propone es la incorporación de la Escuela Judicial como parte del proceso de selección establecido por la Constitución, que por medio de cursos de formación provea candidatos a jueces de capacidad homologada, como sucede en varios países de la región y también de Europa.

Es el momento oportuno de rediseñar el Consejo de la Magistratura, para asegurar la independencia judicial, destrabar en forma transparente el proceso de selección y destitución de jueces, y mejorar la calidad institucional. Para ello es indispensable llevar a cabo una reforma legal. La democracia saldrá fortalecida.

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