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¿Vuelve el fantasma de la ilegitimidad?

Mariano Grondona
Mariano Grondona LA NACION
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8 de noviembre de 1998  

EL cerebro es el órgano más difícil de explicar. Pero es, al mismo tiempo, el órgano más importante del cuerpo humano. Algo similar ocurre con la legitimidad. Es un concepto árido y complicado. De él depende, sin embargo, el desarrollo de las naciones.

El premio Nobel de Economía Douglass North ha demostrado que las primeras naciones en desarrollarse a partir del siglo XVII fueron aquellas que ofrecían a ahorristas e inversores un marco jurídico sólido y previsible: primero Holanda, después Inglaterra y detrás de ellas los Estados Unidos y Europa del Norte.

Algo similar ocurrió entre nosotros. Después de casi medio siglo de guerra civil, la Argentina obtuvo la legitimidad con la Constitución de 1853. Allí comenzó un proceso espectacular de desarrollo. Perdió la legitimidad entre 1930 y 1983. Durante esta etapa, no creció económicamente. El crecimiento se reanudó a partir de 1991, cuando el país ya había regresado a la senda constitucional.

Pero, ¿qué es la legitimidad? Ella existe cuando el poder político se constituye y se desempeña según un principio aceptado por la comunidad. Llamamos a ese principio, el principio de legitimidad. El principio de legitimidad condiciona tanto el nacimiento como el desempeño de los gobiernos. Por eso también se habla de dos tipos de legitimidad: de origen y de ejercicio.

El uso de la palabra "legitimidad" proviene de la era monárquica. Se decía que un rey era "legítimo" si había ascendido al trono según la regla de sucesión vigente; por ejemplo, porque era el hijo mayor del monarca anterior.

El principio monárquico de legitimidad se fue desvaneciendo con el tiempo, para ser reemplazado por el nuevo principio de la legitimidad democrática. Se considera que un gobernante es legítimo cuando ha sido elegido libremente por el pueblo.

Pero podría darse el caso de un gobernante legítimo de origen que se vuelve ilegítimo en función del ejercicio. Por ejemplo, un presidente que, habiendo sido elegido libremente por el pueblo, se convierte en dictador.

A la inversa, un gobernante que nace a contrapelo del principio de legitimidad vigente puede legitimarse en función del ejercicio. El rey de España, Juan Carlos I, recibió su trono de Franco: un origen que nadie podría calificar de democrático. Pero, a partir de su enérgica defensa de la incipiente democracia española y del consiguiente amor de su pueblo, nadie podría negar hoy que Juan Carlos I es un jefe de Estado plenamente legítimo.

El caso contrario podría estar encarnado por el presidente peruano Alberto Fujimori. Obtuvo su poder en elecciones libres. Abusó de él, después, al disolver el Congreso y gobernar autoritariamente. Por su origen, no es un usurpador. Por su ejercicio, quedan serias dudas de que no sea un abusador.

El caso argentino

Entre 1853 y 1930, la Argentina vivió en condiciones de legitimidad. A ella debió su vertiginoso crecimiento económico y demográfico: no sólo los capitales; también los inmigrantes venían masivamente porque confiaban en la estabilidad de sus instituciones.

De 1853 a 1912, nuestra legitimidad fue liberal porque reglas estables aseguraban las garantías individuales, la división de los poderes y la rotación periódica de los gobernantes. En 1912, con la implantación del sufragio universal, nuestra legitimidad pasó a ser democrática. Del golpe militar de 1930 hasta 1983, la Argentina vivió en condiciones de ilegitimidad. No eran legítimos, por razones obvias, los gobiernos militares. Pero tampoco lo eran los gobiernos civiles porque no nacían según el principio del sufragio libre y universal.

De 1932 a 1943, los gobiernos conservadores estuvieron viciados por el fraude electoral. De 1946 a 1955, Perón gobernó con el cuasi monopolio de los medios de comunicación y mediante el hostigamiento policial de sus opositores. En 1958 y en 1963, Frondizi e Illia llegaron al gobierno gracias a la proscripción electoral del peronismo.

Es duro admitir que gobernantes como Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966) no fueron legítimos. En lo personal eran demócratas pero, habiendo tenido un origen no democrático en virtud de las proscripciones, cuando ambos quisieron legitimarse en el ejercicio del poder abriendo el país a elecciones libres donde pudiera concurrir el peronismo, fueron abatidos por golpes militares.

La única excepción a la ilegitimidad que corre entre 1930 y 1983 es el trienio de 1973 a 1976, cuando tanto Cámpora como Perón e Isabel Perón llegaron al poder en elecciones libres. Pero su breve y agitada gestión terminó fulminada por el golpe militar de 1976.

En 1983, Raúl Alfonsín se convirtió en el primer presidente legítimo y estable desde los tiempos de Yrigoyen (1916-1922) y Alvear (1922-1928). En 1989 y en 1995, Carlos Menem repitió la hazaña.

Tanto Alfonsín como Menem han sido presidentes dotados de legitimidad de origen. Pese a fuertes debates de alcance institucional, como la ley de obediencia debida o los decretos de necesidad y urgencia, también Alfonsín y Menem han gozado de legitimidad de ejercicio. La Argentina lleva quince años de democracia legítima y estable. Aunque falta mucho para que obtenga el pleno desarrollo económico y social ya ha reconquistado, al menos, el crecimiento económico.

Pero la designación a dedo de dos senadores nacionales por Chaco y Corrientes plantea un tema inquietante: si esa elección vulnera el carácter democrático del Senado de la Nación, ¿podría decirse que el fantasma de la ilegimitidad se insinúa, otra vez, entre nosotros?

El papel de la Corte

Para responder a esta pregunta, hay que agregar nuevas distinciones al examen de la ilegitimidad. Ella puede ser total o parcial. Puede ser, además, permanente u ocasional.

Los senadores son los representantes de las provincias. A partir del año 2001, serán elegidos en forma directa. Hasta entonces, deben ser elegidos por las legislaturas provinciales, en forma indirecta. Tanto antes como después del 2001, la Constitución de 1994 ha dispuesto que habrá dos senadores por la mayoría y uno por la minoría de cada provincia.

La única facultad del Senado es aprobar u observar los diplomas de los nuevos miembros que provengan de las provincias. Lo que nunca debería hacer el Senado es lo que acaba de hacer al impulso de la bancada justicialista en los casos de Chaco y Corrientes: elegir él mismo a los nuevos senadores.

Si el elector de los senadores deja de ser el pueblo de cada provincia, ya sea en forma directa o a través de su legislatura, lo que reina no es la democracia sino la cooptación. En el Senado hay, ahora, dos senadores por cooptación. Su presencia constituye una cuña no democrática en nuestra democracia.

Tenemos, pues, dos senadores ilegítimos de origen. Como la ilegitimidad no afecta al resto del sistema de gobierno, diremos que la Argentina padece hoy de una ilegitimidad parcial.

En cada sesión donde los dos senadores ilegítimos hayan sido necesarios para lograr quórum o para formar una mayoría, lo que en ella se apruebe será nulo. Desde los decretos presidenciales hasta las leyes del Congreso que se hayan obtenido sin el concurso de los usurpadores, sin embargo, todo el resto seguirá gozando de legitimidad.

El Poder Judicial y, en última instancia, la Corte Suprema, tendrá que pronunciarse. Si anula estas dos designaciones inconstitucionales, habremos padecido un caso de ilegitimidad parcial y ocasional. Si no lo hace, la Argentina vivirá de ahí en más en estado de ilegitimidad parcial y permanente. Es la diferencia entre una herida y una gangrena.

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