Acusaciones cruzadas de la oposición y el gobierno porteño por las políticas de niñez

Representantes gremiales del área y legisladores kirchneristas, de Proyecto Sur, entre otros, denunciaron vaciamiento y violación de las leyes de protección de menores; "Es grave que se utilice el tema de la infancia y pobreza para hacer política", dijo a lanacion.com la ministra de Desarrollo Social
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7 de septiembre de 2009  • 20:51

La oposición y el gobierno porteño cruzaron acusaciones sobre las políticas públicas de niñez aplicadas en la ciudad de Buenos Aires.

Los trabajadores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), elaboraron un documento en el que denuncian que la administración de Mauricio Macri aplica una política de vaciamiento y violación de las leyes de minoridad.

El escrito, respaldado esta tarde por diputados de la oposición en la Legislatura, sostiene que el Consejo no es autónomo, tal como lo indica la ley 114, y que está sometido a las políticas del Ministerio de Desarrollo Social; que en la ciudad no se priorizan los recursos para las políticas públicas de infancia y que las áreas cuentan con presupuestos subejecutados, entre otras irregularidades.

"Me parece grave que se utilice el tema de la infancia y de la pobreza para hacer política", fue la primera respuesta que dio a lanacion.com la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.

Así, la funcionaria negó las acusaciones del gremio que señalaban que existía una subejecución del 39% del Programa Ciudadanía Porteña, que otorga subsidios a los sectores más pobres, y que el acceso al mismo se encontraba cerrado.

"En este momento la ejecución es del 60% y alcanza a 66.000 hogares, de los 7000 que tenía en un inicio", sostuvo.

El documento, además, afirma que no "existen respuestas que no impliquen el encierro para aquellas personas que aún con prescripción médica requieran de un tratamiento psiquiátrico" y que en ese sentido se incumple con la ley de Salud Mental, que "prevé la existencia de casas de medio camino, centros de día y acompañantes terapéuticos" como políticas alternativas.

Y respondió Vidal: "Ningún chico es institucionalizado si no es por la orden de un juez o del Consejo".

En ese contexto, del que varios consejeros que también estuvieron presentes en la presentación de hoy aseguran que es "público y conocido", la asesora general tutelar, Laura Musa, el viernes pasado presentó ante la justicia penal contravencional un habeas corpus y una medida cautelar por los niños y niñas que tienen alta médica y siguen internados en hogares y hospitales psiquiátricos porque "son pobres".

"Sí resulta intolerable para la democracia sustantiva -apuntó- que la única respuesta del Estado sea la psiquiatrización de la pobreza". Musa explicó, en declaraciones a la agencia Télam, que el recurso se basó en la defensa de los derechos fundamentales de ocho chicos que, a pesar de haber sido dados de alta, siguieron internados en el Hospital Psiquiátrico Infanto juvenil Tobar García, del barrio porteño de Barracas, y en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear".

Sin embargo, Vidal aseguró que ambas presentaciones fueron rechazadas por la Justicia en primera y segunda instancia.

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