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Oyarbide confirmó irregularidades en otras obras sociales sindicales

El juez Oyarbide también reiteró que se citará a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud
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16 de septiembre de 2009  • 14:47

SALTA.- Luego de que el Gobierno ordenara la investigación de otras seis obras sociales sindicales que operaban con las droguerías sospechadas de haber suministrado medicamentos adulterados, el juez federal Norberto Oyarbide confirmó hoy que "hay irregularidades en otras obras sociales".

Oyarbide también aseguró que se realizaron cien allanamientos y que hay media tonelada de documentación reunida que está en estudio. También reiteró que se citará al gremialista Juan José Zanola y al ex superintendente de Seguros de la Salud, Héctor Capaccioli.

El magistrado no descartó la posibilidad de llamar también al ministro de Salud, Juan Manzur. "Si es necesario va a ser convocado, no está en los planes inmediatos", aseguró. También calificó de "prematuro" hablar de responsabilidades de funcionarios.

Apoyo. Oyarbide viajó a Salta, según dijo, en busca de apoyo de la Virgen del Milagro para enfrentar un caso tan complejo. Este mediodía, en la puerta del hotel donde se alojaba, tuvo lugar una rueda de prensa. Los periodistas le preguntaron si se siente presionado. "En absoluto", contestó. También dijo que no recibió "amenazas de ninguna especie".

Al ser consultado sobre las otras obras sociales investigadas, el magistrado dijo: "No me pidan nombre de ninguna de ellas, no los voy a dar en este momento hasta tanto yo no conozca con toda certeza el nivel de esos informes". Inmediatamente agregó: "Tampoco [voy a dar] el número. No puedo asegurar que sean siete; debo llegar a Buenos Aires en las próximas horas y tomar conocimiento de todos esos últimos informes de la Auditoría General de la Nación y del Ministerio de Salud".

Oyarbide dijo que "el tema es altamente delicado" y agregó: "Me permite razonar que esta causa irá creciendo en los próximos días en su volumen y en su complejidad".

La Bancaria. Ayer, el Gobierno, a pedido suyo, intervino la Obra Social Bancaria (OSBA) y designó al frente del organismo al oncólogo platense Pedro Ferrara, hijo del ex ministro de Salud Floreal Ferrara.

La Bancaria quedó en la mira de la Justicia después de que en un allanamiento en el policlínico que ese gremio maneja en Flores se secuestrara una partida de medicamentos falsos y se comprobara que la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado de la causa, tenía una oficina allí.

Consultado sobre la recusación del sindicalista Juan José Zanola, secretario general del gremio de los bancarios, Oyarbide contestó: "Mañana, la Cámara Federal Porteña tendrá el informe respectivo y a partir de allí resolverá si lo que dice el señor Zanola corresponde o no".

Respecto a la citación de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud, Oyarbide no dudó: "El señor va a ser convocado, todo indica que así ocurrirá con motivo del cargo importante que ocupó en su momento".

Cuando le preguntaron acerca de los aportes para la campaña de la presidenta Cristina Kirchner, Oyarbide dijo que "todo ese material fue girado a la doctora Servini de Cubría, que es la jueza con competencia electoral".

Informes. Todas las obras sociales del país deberán informar al Gobierno sobre los tratamientos para enfermedades oncológicas, hemofilia y SIDA que dieron a sus afiliados desde el 1º de enero de 2006 hasta la fecha.

La obligación se desprende de la resolución 934 que se publica hoy en el Boletín Oficial. La norma indica que "las irregularidades trascendieron públicamente acerca de la provisión de determinados medicamentos hacen necesario contar con información puntual y específica respecto del desarrollo de los tratamientos que las obras sociales han venido dando a los beneficiarios afectados" por esas enfermedades.

Por ello, establece que las obras sociales deberán remitir un informe detallado a la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Ricardo Bellagio, antes del 30 de septiembre.

El listado que se requiere deberá incluir el detalle de los tratamientos por enfermedades oncológicas, hemofilia y el virus HIV sin identificar a los pacientes que los recibieron.

Detalle. Según consta en el anexo de la resolución, el informe deberá especificar: el diagnóstico principal, el protocolo terapéutico empleado (incluyendo el nombre de monodrogas), el nombre del prestador de servicios clínico-terapéuticos responsable del protocolo y el prestador de los medicamentos, además de las fechas de inicio y finalización del protocolo y su resultado terapéutico. En este último punto, las obras sociales tendrán qie dar cuenta de la sobrevida o no del paciente, y los niveles de remisión o curación observados.

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