No hay control oficial para colectivos ilegales

Dudas: ni la comuna de Quilmes ni el gobierno provincial aceptan la responsabilidad por la circulación de líneas irregulares; denuncian agresiones.
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14 de enero de 1999  

Conocer de quién es la responsabilidad de que circulen por Quilmes más de una treintena de colectivos sin autorización pasó a convertirse en el juego del gran bonete. Nadie sabe quién la tiene.

En esa región del conurbano, durante los últimos días, empresarios de las líneas habilitadas denunciaron haber sido víctimas de amenazas y agresiones por parte de integrantes de empresas que no poseen permiso para circular.

Según dijo a La Nación Héctor Tilve, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), hoy solicitarán una audiencia al secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, con objeto de pedir seguridad para el sector.

"Nos atacan porque estamos denunciando el trabajo ilegal que hacen y porque pedimos al Gobierno que actúe de manera inmediata. Hay que erradicarlas", dijo tras asegurar que la línea 263 trucha -así se la conoce en Quilmes- es la que promueve las agresiones.

Problema con historia

En 1994, la Dirección de Transporte de la Provincia adjudicó el permiso precario para hacer el recorrido Bernal-Burzaco a las empresas San Vicente, 25 de Mayo y Villa Galicia San José. Estas líneas ocuparon el lugar que dejó vacante Expreso Libertad, cuyo habilitación había sido anulada por el gobierno bonaerense.

Sin embargo, antes de que se pusieran en marcha, un grupo de colectivos comenzó a circular sin autorización y tomó como propia la línea 263 que el Gobierno negociaba con la empresa San Vicente.

Hoy, con ese número, se entremezclan por las calles de Quilmes colectivos habilitados con los que no lo están. Y aunque su imagen externa es similar (llevan los mismos colores en el chasis) ofrecen tarifas bien diferenciadas al momento de pagar: $ 0,50 y $ 0,80 contra los $ 0,65 y $ 1,35 que cobra el servicio regular.

Esta diferencia, según denunció Camilo Gómez, directivo de la empresa San Vicente, ocasionó a la compañía una pérdida de US$ 12 millones en concepto de recaudación en estos últimos cuatro años .

Para las autoridades comunales de Quilmes, el recorrido que hace la línea trucha es intercomunal y por eso le atribuye a la provincia el poder de policía para sacarla de la calle. "Recorre nuestra comuna, pero también ingresa en los partidos de Florencio Varela y Almirante Brown. Entonces, ya no depende de nosotros", dijo Máximo Pérez, a cargo interinamente de la Dirección de Tránsito de Quilmes.

En la Dirección de Tránsito provincial, en tanto, los argumentos dados fueron similares: que la línea es comunal y que la repartición actúa sólo cuando "nos delegan expresamente la autoridad".

Sin embargo, el subsecretario de Servicios Públicos de la provincia, Alberto García, cambió diametralmente la opinión dada por uno de sus subalternos.

"A mí no me interesa de quién es la jurisdicción. Hay una decisión política de encontrar una solución y vamos a actuar. No hay por qué dilucidar ante el usuario de quién es la competencia."

Indicó que en los próximos días el Gobierno sacará de circulación todas aquellas empresas que no estén acreditadas para funcionar.

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