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Sin puntos de referencia

La historia íntima de la destrucción de las estadísticas y las consecuencias directas de la manipulación son el eje central de Indec: una destrucción con el sello de los Kirchner . En esta nota, los autores del libro, ambos periodistas de LA NACION, anticipan revelaciones y explican también por qué todas las fuerzas políticas coinciden en que habrá que empezar de nuevo pero no se podrá corregir lo que ya se alteró Por Lucrecia Bullrich y Francisco Jueguen
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28 de marzo de 2010  

Con un Congreso sumamente equilibrado en su relación de fuerzas y en un contexto económico marcado por un fuerte recalentamiento de la inflación, la política parecería encaminarse a enterrar la polémica intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero ese proceso, que en el futuro tendrá como eje transparentar los datos oficiales, nacerá con una contradicción: la manipulación de los últimos tres años no será corregida.

Mientras la UBA amaga con apartarse del ilusorio monitoreo de las cifras, los principales dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo coinciden en una premisa: es probable que en el futuro el Indec vuelva a producir datos transparentes. Sin embargo, la causa que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y que investiga la supuesta falsificación de los índices de inflación va camino al archivo, y ningún político propondrá su apertura.

Esta extraña coincidencia en el seno del arco político tiene una explicación muy simple: el costo de encarar semejante proceso -la revisión hacia atrás- es extremadamente alto. Incluye eventuales juicios millonarios contra el Estado de grupos de bonistas, empresas, sindicatos y particulares. Ningún gobierno en 2011, sin importar el signo, aceptará ese escenario. Menos aún cuando el superávit fiscal cojea y los precios no frenan el camino ascendente (las estimaciones privadas prevén subas de cerca de un 30% para este año).

Este es el complejo panorama que denuncia Indec: una destrucción con el sello de los Kirchner (Edhasa), el primer libro que reconstruye minuciosamente la intervención oficial en el instituto y desnuda la magnitud de las consecuencias. Entre ellas, sobresalen la pérdida de toda referencia precisa sobre el dato de inflación (con el cual se negocian contratos y salarios), la extinción de números confiables sobre pobreza, indigencia y PBI, y la evaporación de la credibilidad frente a los inversores.

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Surge, de esta manera, un país virtual en el que baja la pobreza y en el que los sueldos siempre crecen por encima de los precios. "El Estado logró reducir el poder adquisitivo de la moneda de 40 a 50 por ciento y sólo confesó que la reducción fue de menos de 20 por ciento. A esto, en mi país, lo llamamos robo", sintetizó Jacob Ryten, consultor internacional, ex subdirector de Estadísticas de Canadá y experto en medición de precios.

Fuente: LA NACION

Además, los investigadores y académicos, junto con las consultoras privadas, perdieron la materia prima con la que intentaban explicar la realidad. Sin cifras creíbles del Indec, debieron abocarse a la elaboración de datos primarios para luego construir sus análisis. Para los investigadores fue una tragedia, para algunas consultoras un nuevo negocio.

Daño político

En medio del tironeo en el BCRA y mientras se reabre el canje de deuda, la Presidenta buscó legitimar el uso de reservas con una acusación: dijo que la oposición quería endeudar al país a tasas altas. Pero fue la gestión kirchnerista la que abonó un generosísimo 15% de interés a Venezuela. Los falsos datos del Indec y la consecuente desconfianza de los inversores son la causa principal de esa sobretasa que debe avalar la Argentina en los mercados.

Pero el peor daño se lo llevó la política. Si su objetivo final es transformar la realidad, la gestión de gobierno se quedó sin su faro: la información confiable sobre cómo viven los argentinos.

El consenso político respecto de la necesidad de ponerle fin a ese proceso y sanear el organismo es generalizado. Tanto que incluso varios kirchneristas adscriben a él. Las opciones para avanzar con la normalización tienen puntos en común: autonomía y autarquía para eliminar las presiones del poder político y económico; concursos para los puestos directivos y un consejo de notables que evalúe la producción estadística.

La investigación, que mañana estará en todas las librerías, intenta recrear las experiencias vividas por los protagonistas de la intervención oficial en el Indec. Revela que, pese a lo que se conoce públicamente, las presiones para manipular el índice de inflación no comenzaron a fines de enero de 2007 sino casi un año antes, en abril de 2006, cuando Néstor Kirchner le encomendó a su más leal soldado, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, controlar el aumento de los precios.

El objetivo de fondo era claro. Quienes recorrieron los más encumbrados despachos del Ejecutivo aseguran que, más allá de los intentos de frenar las expectativas inflacionarias o de la preocupación por los bonos que ajustaban por el CER, el fin último de la manipulación estadística fue retener el poder de cara a las elecciones presidenciales de 2007.

El enorme capital político acumulado por Kirchner desde 2003, después de ganar las elecciones con sólo el 22 por ciento de los votos, había surgido de los formidables números de la recuperación económica. Pero la posibilidad de jactarse del crecimiento económico fue extinguiéndose a la par de la suba de los precios y el consecuente aumento de la cantidad de pobres.

Sin embargo, la justificación de la Casa Rosada para la manipulación de los datos oficiales fue otra. Según los voceros del Gobierno, la lucha era contra los "malditos" bonistas. Esos que, después de la reestructuración de la deuda que había ideado y ejecutado el propio Kirchner, tenían papeles atados a la inflación y que, siempre según la versión oficial, controlaban las estadísticas públicas para incrementar sus ganancias.

El argumento ideológico del oficialismo intentaba conquistar a la centroizquierda. Pero la presión de Moreno fue demasiado lejos. Los aprietes y castigos a los trabajadores del Indec, la persecución a algunos directores y el desmantelamiento institucional destrozaron la legitimidad del discurso oficial.

La hipótesis conspirativa del Gobierno no tardó en demostrar fisuras y quedó rápidamente descartada. Por el default encubierto de los bonos atados al CER, el ahorro para las arcas fue de unos US$ 2500 millones -contando lo efectivamente pagado en los últimos tres años y no el stock total de deuda-, una cifra mucho menor de lo que costó la intervención del Indec en términos de pérdida de confianza: congelamiento de inversiones, fuga de capitales, aumento del riesgo país y una suba de la inflación que golpeó sobre todo el bolsillo de los asalariados y de los más pobres.

Los buenos, pero sumamente cuestionados datos de la economía, junto con el discurso de continuidad y la promesa de una mejora en la calidad institucional, fueron las claves de la victoria de Cristina Kirchner en octubre de 2007. Un mes antes de las elecciones había estallado el escándalo estadístico en la provincia de Mendoza. Era el distrito del entonces candidato a vicepresidente Julio Cobos. Mucho antes de la afamada madrugada del voto "no positivo", el cuyano mostró su doble juego y asestó un golpe mortal al kirchnerismo al abrir la puerta a la Justicia para que investigara el falseamiento de los datos mendocinos que quedó materializado en el IPC Nacional, aquel índice que reflejaba la inflación promedio de siete provincias creado por Kirchner y luego liquidado por él cuando los medios lo utilizaron como barómetro para medir la verdadera suba de precios (ver recuadro).

Operación cosmética

"Indec: una vergüenza. Cada vez perdemos más credibilidad. Lo de enero fue metodológicamente un escándalo. Guillermo Moreno ya sabía, antes del 10 de enero, cuánto le iba a dar la inflación (lo cual es imposible) y nos costó una suba importante del costo del fondeo [...] Además estamos usando métodos patoteriles adentro...", escribía Martín Lousteau en un memo interno de tres páginas que el flamante ministro de Economía le había enviado a Cristina Kirchner a comienzos de 2008. No obtuvo respuesta.

Con la llegada de Lousteau volvieron los rumores de alejamiento del secretario de Comercio Interior. Moreno fue sostenido por Cristina Kirchner, aunque, en el camino, el funcionario perdió a una fiel colaboradora. La interventora en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, dejó su cargo para abocarse a otra tarea crucial: Papel Prensa S.A.

Todo fue un maquillaje. El control total seguía en manos de Ana María Edwin, directora adjunta del instituto, una peronista ferviente y directora de Recursos Humanos durante años. Desde antes, había sido una aliada fundamental del Gobierno para materializar el desembarco de Moreno.

La batalla entre los albertistas (quienes respondían al jefe de Gabinete, Alberto Fernández) y los devidistas (los hombres del ministro de Planificación, Julio De Vido, entre ellos Moreno) se jugó también en el Indec. Aunque desde ambos bandos del poder coincidían en intervenir en el organismo, fueron los seguidores del secretario de Comercio Interior quienes apretaron el acelerador.

Desde su lugar de vocero del Gobierno y por su vínculo estrecho con la cúpula de UPCN, Fernández jugó su papel. Aunque creía que los cambios metodológicos en el Indec eran necesarios, el luego desterrado kirchnerista fue un enemigo declarado de Moreno, y, sobre todo, de sus formas.

Las víctimas directas de la intervención fueron muchas. La ex directora del IPC, Graciela Bevacqua, y la ex directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, sufrieron presiones para violar el secreto estadístico. Ambas fueron desplazadas y sus sueldos rebajados. Bevacqua fue sistemáticamente perseguida para que no pudiera cambiar de trabajo. Madre soltera de tres hijos, sufrió desde entonces depresión, ataques de pánico y miedo.

Otros directores del Indec fueron despedidos. A los que perduraron les quitaron tareas, sufrieron aprietes y se les recortaron los salarios. En paralelo, el Indec vivió la construcción de una estructura afín a los deseos kirchneristas. Según datos de ATE-Indec, entre 2007 y 2010, alrededor de 600 personas ingresaron al instituto. Así surgió la denominada "patota". Hernán Brahim, un supuesto ex policía, es el actual encargado de facto del IPC. Militantes de Pueblo Peronista, una agrupación creada por Moreno, también trabajan en el Indec.

En el laberíntico oscilar de la política argentina, el organismo estadístico aún no encontró la salida. Pero hay algo seguro: lo que ocurrió en los últimos tres años ya es material de cementerio.

© LA NACION

Graciela Bevacqua

Profesión: encuestadora

"Cristina avaló la manipulación de las estadísticas del Indec". Con ese título, Enfoques publicó el 5 de julio del año pasado una entrevista exclusiva con la ex directora del Indice de Precios al Consumidor del Indec, que había sido despedida dos años atrás por resistirse a la distorsión de los datos. Por primera vez, contó cómo eran los aprietes de Guillermo Moreno y por qué estaba segura de que, detrás del secretario, estaba la decisión de los Kirchner. Soltera y madre de tres hijos, debió soportar la persecución oficial antes y después de ser desplazada del Indec. Hoy tiene a cargo el cálculo de la evolución de precios en Buenos Aires City. Para ese centro de estudios, la inflación real acumulada en los últimos tres años fue de un 76,6%. Para el Indec, de un 25,3%.

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