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Pedirán una audiencia pública por la ley de medios

Lo exige el diputado Thomas, de Mendoza
Adrián Ventura
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14 de junio de 2010  

El diputado nacional por Mendoza Enrique Thomas recusó al juez Raúl Zaffaroni y mañana pedirá a la Corte Suprema que realice una audiencia pública para debatir sobre la ley de medios audiovisuales.

La ley 26.522 fue sancionada en octubre último por el Congreso, y desde entonces se presentaron numerosas demandas.

Thomas, en Mendoza, igual que la diputada Zulema Daher (Peronismo Federal-Salta) cuestionaron las violaciones al reglamento de la Cámara, que cometieron los diputados kirchneristas. Entre ellas, no haber contado con una única versión del dictamen de mayoría y haber llevado el proyecto al recinto sin respetar el plazo de siete días desde la aprobación por la comisión.

Luego llegaron otras demandas promovidas por asociaciones de consumidores, por los grupos Clarín y Vila, que invocando su calidad de propietarios de medios cuestionaron el artículo 161, que obliga a las empresas a vender medios en el plazo de un año, lo que vulnera el derecho de propiedad de licencias, que sólo expiran dentro de quince años. También la provincia de San Luis hizo un cuestionamiento muy abarcativo contra la norma.

En todos los casos, jueces de la Capital Federal, Salta, Mendoza y San Juan dictaron numerosas medidas cautelares, que suspendieron la aplicación de la norma. Y dos de esos fallos de primera instancia fueron confirmados por dos cámaras federales de apelaciones.

La Corte Suprema tiene previsto tratar en las próximas semanas el primero de esos expedientes, iniciado por Thomas. El viernes, el diputado recusó a Zaffaroni, porque el juez -dice el escrito- cuestionó en distintas conferencias y declaraciones periodísticas la falta de independencia de los jueces. Asimismo, hoy el legislador también recusará al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, Thomas también apuesta a ser escuchado por la Corte: por eso, pedirá al tribunal que convoque una audiencia pública.

La Corte habilitó el mecanismo de audiencias públicas hace tres años, para tratar los temas de mayor gravedad institucional y trascendencia pública. Thomas logró el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de varios sindicatos y facultades de comunicación, alentados por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, pidieron al máximo tribunal que abriera una instancia de debate público.

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