Qué propone la oposición para pagar el 82% móvil

Los bloques no oficialistas presionan al Gobierno con la iniciativa que ya cuenta con distintos dictámenes en ambas cámaras del Congreso; los argumentos para rebatir la negativa del kirchnerismo
Luján Scarpinelli
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29 de julio de 2010  • 02:02

Reacios a aceptar la ferviente negativa del Gobierno a los proyectos que buscan elevar las jubilaciones mínimas y actualizar el resto de los haberes, los referentes de la oposición continúan recalentando un debate que se avizora ríspido antes de llegar al recinto tras el receso invernal.

El Gobierno, que los tildó de "irresponsables" por impulsar la iniciativa como un juego electoral, reprochaba la falta de propuestas de financiamiento para subir las jubilaciones más bajas hasta el 82% del salario mínimo. Sin embargo, ese denominador común disparó distintas propuestas de los opositores negados a aceptar el rótulo de "impracticable", usado desde el oficialismo.

En el Congreso, existen dos dictámenes sobre el tema. El de la Cámara de Senadores, que sólo contempla llevar la jubilación más baja al 82% del salario mínimo, y el de Diputados, que habla también de una actualización del resto de los haberes según el caso Badaro. Ambos ponen en juego sumas distintas.

Claudio Lozano, diputado nacional de Proyecto Sur, sostiene que la financiación -que apoyan los distintos bloques no oficialistas- debe obtenerse, por un lado, del superávit financiero de la Anses en el presente año. Esa cifra, calculada en alrededor de $ 8200 millones, contempla el pago de la asignación universal por hijo.

Además, plantea un punto polémico: la suba de las contribuciones patronales, de donde se obtendrían $ 17.000 millones. Hasta allí, el total treparía a $25.200 millones, pero Lozano sugiere, también, contemplar la suma de recaudación excedente según las previsiones del Presupuesto. Con todo, el 82% móvil y la recomposición serían un hecho.

Lo de los jubilados, para los jubilados. El jefe del bloque del PRO en diputados, Federico Pinedo, sintetizó: "La idea primordial es que la plata jubilados sea para los jubilados. El Gobierno tiene que dejar de hacer beneficencia con ese dinero". A diferencia de Lozano, y pese a sostener la necesidad de la asignación universal por hijo, se quejó de que se tomen los fondos de los jubilados para ese fin, en lugar de financiarlo con el Tesoro.

Aún recuperando ese dinero para los gastos propios de la Anses, haría falta una revisión presupuestaria, sostuvo Pinedo. "La prioridad son los jubilados, a partir de esa premisa, hay que ajustar el resto", dijo. Ese "resto", según el diputado del PRO, tiene que ver con "disminuir los subsidios a los sectores ricos, especialmente con las tarifas de los servicios públicos", y con "gastos innecesarios y muy cuantiosos, como el déficit de Aerolíneas [unos 103,3 millones de pesos en el primer trimestre] y el del Fútbol para Todos [entre 600 y 800 millones].

De las propuestas en danza, el bloque macrista se opone a la suba de aportes patronales. "Eso significa aumentar los impuestos al trabajo, algo que no creo razonable cuando la desocupación no baja", dijo Pinedo, que se inclinó por buscar el modo para "pasar de una economía negra a una blanca" que alcance para sustentar el sistema.

Cuestión de prioridades. En su análisis, el asesor económico del bloque de senadores radicales, Santiago Gallichio, coincidió con el cuestionamiento al DNU del Gobierno para crear la asignación por hijo, que la Anses fondeó con $ 8000 millones. "Deberían destinarse recursos nacionales, porque son asignaciones no contributivas. Lo que se discute no es el gasto, sino el financiamiento", aclaró Gallichio. Ese monto más el superávit del organismo, daría luz verde al incremento.

El que sí se cuestiona es el gasto discrecional de los recursos que exceden las estimaciones del Presupuesto y que se informa ex post: "Este año, se gastarán más de 60.000 millones de pesos que en algún momento tendrán que autorizar. Lo que decimos, es que 20.000 millones se destinen a los jubilados, pero el Gobierno no quiere discutir eso".

El asesor radical puso reparos en el plan mayor de actualizar los haberes por fuera de la mínima. El total de ambas medidas, estimó, elevaría el costo en 42.000 millones. "Eso parece más difícil", reconoció.

En la Coalición Cívica reprocharon al Gobierno especular con el cese de los reclamos por la recomposición de haberes en la Justicia, donde crecen los litigios contra la Anses. "Se deja morir a los jubilados sin pagarles la actualización", dijeron en el entorno del diputado de la CC Alfonso Prat Gay.

También en ese círculo, que impulsó la idea –aunque con otras características-, se quejaron del uso de fondos para ayuda social: "Financiaron hambre de los chicos contra el hambre de los abuelos", dijeron.

En este bloque, promueven las alzas en todo el sistema. "En un régimen de reparto no tiene sentido tener superávit", explicaron. La cuenta para llegar a los cerca de 20.000 millones necesarios se alimentaría, entonces, de esas dos fuentes.

Lo demás, para la Coalición Cívica, vendría en parte de los mayores recursos que obtuvo la nación y que no fueron presupuestados (producto de una expansión económica que llegaría al 6%, y una inflación real estimada en 25%).

Otro tanto, se originaría gravando la renta financiera. El piso de $4000 millones estimado por el ministerio de Economía a partir de este hipotético gravamen no incluye la compra venta de acciones, por la dificultad para calcularlo. En la agrupación de Elisa Carrió creen que podrían obtenerse cerca de $ 8000 millones de esas operaciones. Estos argumentos presentan por estos días Carrio, Fernanda Reyes y Adrián Perez, en distintos centros de jubilados.

Para sacudirse el mote de "demagogo" con que Boudou apuntó a los ideólogos de los proyectos, el senador socialista Rubén Giustiniani, autor del dictamen aprobado en la Cámara alta, fundamentó a lanacion.com : "Debería utilizarse la rentabilidad anual del fondo de garantía de 170.000 millones; contar con el superávit anual y la rentabilidad de las letras y bonos colocados; y además, tener en cuenta el ingreso que se generaría en concepto de IVA derivados de la medida, ya que se asume que los jubilados no van a ahorrar ese dinero, sino a gastarlo para vivir".

"Si se sube la mínima al 82% del salario en agosto, por ejemplo, bastarían unos $ 11.000 millones hasta fin de año", señaló el líder del PS, que también ponderó la posibilidad de dotar a la Anses de $ 10.000 millones a través de un impuesto a la renta financiera. "Todo va de la mano con un análisis presupuestario", dijo, en consenso con el resto del arco opositor.

"Pero lo primero es el 82%. Y para eso, con fuentes propias de la Anses alcanza. Lo otro lo planteamos como un punto de llegada, para que Néstor Kirchner no se suba la tribuna a acusarnos de demagogos", concluyó el legislador.

Otras ideas

El senador Carlos Verna (PJ-La Pampa) firmó el dictamen en disidencia parcial y presentó otro punto para que se considere como una pata del proyecto que busca elevar los haberes mínimos.

Se trata, en líneas generales, de destinar la detracción del 15% de la coparticipación federal de impuestos que realiza el gobierno de los recursos provinciales desde 2002. Entonces, se asignaba a cubrir un déficit generado a partir de la aparición de las AFJP.

Sin embargo, existen complicaciones. Santa Fe presentó una queja que llegó a la Corte Suprema para suspender ese aporte provincial a la Nación. Si se diera al gobernador Hermes Binner, el superávit de la Anses podría no ser tal.

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