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Cristina Kirchner atacó a Papel Prensa y acudirá a la Justicia para que investigue la operación de compra

Además, la Presidenta anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para controlar el principal insumo de los medios gráficos
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25 de agosto de 2010  • 00:26

Tras lanzar duras acusaciones contra los diarios Clarín y LA NACION por la adquisición de la empresa Papel Prensa, la presidenta Cristina Kirchner anunció hoy que acudirá a la Justicia para que investigue esa operación.

Asimismo, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para controlar la producción de papel de diario. "Voy a enviar esta semana al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley cuyos ejes serán declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización", afirmó la jefa del Estado, en un acto en Casa Rosada.

Enseguida, continuó: "Ese proyecto de ley también encomendará al Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente por una sola empresa con premisas fundamentales como tratamiento igualitario para todos los diarios en precio, condiciones y cantidades. También una política de mayor inversión en la que el Estado va a participar para que no tenga que importarse papel".

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En una nueva embestida contra los medios, el Gobierno presentó un informe crítico titulado "Papel Prensa, la verdad", que apuntó a cuestionar la compra de la empresa. En este contexto, la Presidenta adelantó que la Casa Rosada enviará a la Justicia el material sobre lo investigado respecto a la adquisición de la empresa.

La exposición del informe, elaborado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estuvo a cargo de Beatriz Paglieri, directora en Papel Prensa por parte del Estado y colaboradora de Moreno en el Indec y del abogado Alberto González Arzac.

"Aquí se encuentran probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa S.A. por parte de los actuales grupos controlantes del sector privado", afirmó González Arzac, que dio a conocer los primeros detalles del informe, que será remitido "a los órganos competentes administrativos y judiciales".

Los accionistas privados de la empresa - LA NACION y Clarín - denuncian hace meses que el Gobierno busca apoderarse de la compañía, que hasta ahora nunca había recibido ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su adquisición.

Presencias. Además del ex presidente Néstor Kirchner, participó del acto todo el gabinete nacional: el jefe de los ministros, Aníbal Fernández, el titular de la cartera económica, Amado Boudou, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, Nilda Garré, Débora Giorgi, Alicia Kirchner.

Asimismo, estuvieron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, los jefes de los bloques kirchneristas en el Congreso Agustín Rossi y Miguel Pichetto; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto; Carlos Kunkel; Hugo Moyano; Julio Piumato; Juan Manuel Abal Medina, Dante Gullo y Hebe de Bonafini.

Entre los personajes del espectáculo, dijeron presente Gastón Pauls, Teresa Parodi y Andrea del Boca.

Historia. Papel Prensa es una empresa privada que abastece de papel para diarios a unos 170 diarios de todo el país de diferentes líneas editoriales e ideologías. Clarín tiene el 49% de las acciones, LA NACION el 22,5% y el Estado, el 27,5%.

La empresa nació en 1972 de la mano de la Editorial Abril, de César Civita, luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando este último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus bancos en el exterior, fue ofrecida por sus dueños a Fapel, sociedad constituida por los diarios LA NACION, Clarín y La Razón .

La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época. En ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros de ese grupo por la dictadura militar.

Los integrantes del grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos al año siguiente de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema. Al momento de esa operación, los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante. Así surge de las causas en las que declararon en democracia, tanto ante el juez federal Miguel Pons como ante la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares.

La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa. La compra también fue investigada, ya en democracia, por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que estimó que los diarios compraron "como terceros de buena fe".

Fuente: EFE

Las palabras más utilizadas por Cristina Fernández en su extenso discurso

Las palabras más utilizadas por la Presidenta
Las palabras más utilizadas por la Presidenta Fuente: LANACION.com

Censura indirecta. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece, en el artículo 13, que está prohibida la censura previa -lo mismo dice el artículo 14 de la Constitución nacional- y las restricciones indirectas como las restricciones al papel de diario.

El artículo 13.3 de la Convención dice expresamente:

"3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana reiteradamente establecieron que los gobiernos no pueden violar esas normas.



Además, la declaración de interés público por ley también incurriría en esa misma prohibición. El artículo 32 de la Constitución sostiene que no pueden dictarse leyes que regulen la libertad de imprenta, lo cual fue avalado por nuestra jurisprudencia.

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