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Diferencias en la oposición frente a la vigencia de la ley de medios

Mientras varios sectores del arco no kirchnerista opinaron ante lanacion.com que no puede empezar a correr el plazo de desinversión hasta tanto la Justicia no resuelva los planteos pendientes, legisladores de la izquierda cuestionaron esa postura
Lucrecia Bullrich
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1 de septiembre de 2010  • 21:22

Reglamentada la ley de medios, vuelve a cobrar fuerza el debate respecto de cuándo empieza a correr el plazo previsto para que las empresas se adecuen a la nueva norma, en particular, en lo relativo a la cantidad de licencias que maneja cada una.

Mientras que para el Gobierno el año fijado por el artículo 161 de la ley 26.522 para la venta de licencias debe contarse a partir de hoy, desde varios sectores de la oposición plantean que, aun con la reglamentación ya oficializada, no se puede considerar que la ley haya entrado en vigor porque hay medidas cautelares que ordenaron suspender parte o toda la ley que todavía no fueron resueltas de manera definitiva por la Justicia. Sin embargo, legisladores de la izquierda consideran que "los artículos están en pie" hasta que se resuelvan los planteos judiciales.

"La ley no se puede empezar a aplicar de ninguna manera. Técnicamente está suspendida y hasta que los planteos no se resuelvan en todas las instancias no entrará en vigor", sintetizó el diputado y abogado Ricardo Gil Lavedra (UCR-Capital) en declaraciones a lanacion.com.

Fernando Iglesias (Coalición Cívica-Capital), que integra la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, coincidió con ese diagnóstico. "Es elemental: si hay fallos de suspensión en manos de jueces es evidente que la ley no está en vigencia hasta que eso se resuelva. La ley está suspendida en sus efectos hasta que no haya sentencias en firme", apuntó.

En diálogo con este medio, el legislador distinguió el fallo de la Corte Suprema, que revocó uno de los planteos judiciales, de los que todavía se analizan en otras instancias. "Esas presentaciones están perfectamente vigentes, más allá de lo que dijo la Corte. Lo que hizo [el máximo tribunal] fue revocar la medida cautelar que había presentado el diputado [Enrique] Thomas, pero no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley o de alguno de sus artículos, que es lo que está en discusión".

Esta mañana, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, quien supervisará la transferencia de licencias, no dejó dudas sobre la interpretación de la Casa Rosada. Recordó que, a partir de la reglamentación oficializada hoy, las empresas "que están en posición dominante" tendrán un año para decidir con qué licencias se quedan y a cuáles renunciarán.

Federico Pinedo, jefe de la bancada de Pro en la Cámara baja, rechazó la interpretación oficial. "Si hay resoluciones que suspenden la aplicación, que [la ley] esté reglamentada o no es irrelevante. Los artículos suspendidos no se pueden aplicar por más que estén reglamentados. La reglamentación en ningún caso supera la suspensión de un juez", argumentó.

Duda. El diputado y jefe del bloque ARI, Eduardo Macaluse, tomó distancia de esta lectura. "El fallo de la Corte es clarísimo respecto de que la ley está en vigencia, aun cuando no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre su constitucionalidad. Dijo además que la ley no podía suspenderse en su totalidad, como hicieron algunos jueces de primera instancia. Es indudable que la ley está en vigencia", consideró.

No obstante, coincidió con sus pares en que el artículo 161 plantea una situación poco clara. "Hay dudas sobre el plazo de deinversión, porque la Corte no se pronunció sobre este punto. Por un lado, y justamente por esto último, da la impresión de que no correspondería empezar a hacer correr el plazo. Pero también podría decirse que, mientras la Corte no se pronuncie, los artículos están en pie. Esto va a generar controversia", pronosticó.

En la misma línea, Claudio Lozano (Proyecto Sur – Capital) opinó que la ley de medios está vigente desde el mismo momento de la reglamentación. "Mientras no prospere ninguno de los planteos que hoy están en la Justicia, la ley está vigente y los plazos empiezan a correr", declaró a lanacion.com. El diputado explicó que si en el futuro prosperara alguno de los cuestionamientos al artículo 161, entonces habría que revisar los plazos de desinversión.

Qué dijo la Corte. En el fallo al que aludió Macaluse, la Corte Suprema afirmó que en el sistema constitucional argentino "los jueces tienen autoridad para suspender artículos particulares de una ley, pero no pueden paralizar toda una norma, con efecto para el país" y advirtieron que arrogarse esa facultad "viola la división de poderes, pues paraliza la aplicación de la ley del Congreso".

De todas formas, el máximo tribunal dejó expresamente en claro que la sentencia no se pronunciaba sobre la validez o inconstitucionalidad de la ley 26.522, sino sobre la falta de atribuciones de un legislador, Enrique Thomas, en ese caso, para cuestionar una ley del Congreso

Para Gustavo Ferrari (Peronismo Federal-Buenos Aires) no hay margen de duda. "Mientras la ley esté suspendida, en su totalidad o en alguno de sus artículos, la prioridad es del Poder Judicial, que es quien debe revisar las decisiones del Parlamento. Existiendo causas pendientes, de ninguna manera puede considerarse que la ley está ya vigente", coincidió

Uno de los artículos sobre cuya validez aún debe pronunciarse la Justicia es, justamente, el 161. Es el que establece que aquellas empresas que deban deshacerse de licencias para adecuarse a la nueva normativa, tendrán un año para hacerlo. Cuándo comenzará a correr ese plazo. Esa es ahora la cuestión.

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