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Con papel estatal, no hay prensa libre

El Gobierno procura controlar el principal insumo de los diarios para someter al periodismo independiente
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24 de octubre de 2010  

Los ciudadanos permanecen muchas veces impávidos y sin real conciencia de los alcances que algunas maniobras del Gobierno pueden tener para su vida cotidiana. Creen que se trata de una pelea que se libra en un terreno que les es ajeno, una pelea de intereses económicos y no perciben el peligro de chavización que se instala en nuestra sociedad y los temibles efectos que la falta de libertad de prensa puede acarrear a cualquier sociedad.

Al transparentar su pensamiento y hablar de "nacionalización" de los medios de comunicación, la presidenta de la Nación ha desnudado su verdadera intención. Declarar de interés público la fabricación de papel para diarios y propiciar de modo igualmente injustificado un marco regulatorio a esa actividad no son sino renovadas acciones en pos del inaudito esfuerzo del Gobierno por controlar a la prensa independiente y fortalecer su predominio informático y publicitario, con miras a los resultados electorales del año próximo.

Sólo los muy ingenuos o los obsecuentes pueden ver algo distinto en esta avidez de la fracción gobernante por crear también una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

La mención presidencial alarmó, pues llegó luego de una nueva retahíla de agravios y falsas acusaciones a los medios. Casi al unísono, en la Casa Rosada se presentaba un anteproyecto de marco regulatorio mientras en la Cámara de Diputados el bloque oficialista dejaba a un lado el proyecto inicialmente enviado por el Poder Ejecutivo. Los fundamentos de ese proyecto abrevaron en la fallida reconstrucción de la historia de Papel Prensa del discurso presidencial del 24 de agosto, plagada de falsedades destinadas a acusar a directivos de los accionistas privados de delitos de lesa humanidad, con el evidente propósito de reabrir una instancia judicial agotada por los tribunales de la democracia.

El proyecto aspira a declarar de interés público la fabricación de papel, un commodity sobreofertado en el mundo, con un consumo que cae drásticamente y que en la Argentina tiene libre importación sin restricciones arancelarias. Expresa que persigue cuatro objetivos: asegurar la fabricación con materia prima nacional; disponer el abastecimiento de todos los diarios en condiciones idénticas con respeto a la "igualdad de los precios", promover el desarrollo de la prensa independiente y resguardar el acceso de todos a las noticias.

La sola lectura de los supuestos objetivos de la norma en tratamiento desnuda la verdadera intención. Pero, además, el proyecto asigna el control de la producción a cuatro organismos: una nueva autoridad federal, que estará dirigida por un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, una nueva Comisión Bicameral de Control, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. ¿Habrá margen para que la prensa sea realmente libre si opera con la supervisión de semejante estructura política?

También se sabe que en el país hay dos productoras de papel: Papel Prensa S.A. y Papelera Tucumán S.A. Sólo la primera produce papel para impresión de diarios. La segunda quebró en 1993 y actualmente produce una mínima cantidad de papel de diario y otros papeles más rentables, además de importar y distribuir.

El consumo de papel de diarios local es de 225 mil toneladas por año y es abastecido en un 76 por ciento por Papel Prensa, en un 2 por ciento por Papel de Tucumán y el restante 22 por ciento es importado.

La capacidad productiva de Papel Prensa, en condiciones ideales -esto es, sin las paradas que requiere el mantenimiento de máquinas ni huelgas, como la reciente de 10 días, problemas de energía o combustibles- sería de 200.000 toneladas anuales. Hoy se producen 175.000 toneladas por año, reflejando una capacidad operativa que muchas empresas nacionales desearían. El papel nacional compite con el importado -éste es inferior en precio y otorga descuentos por compras de hasta el 25 por ciento según el volumen- sin beneficios arancelarios de ningún tipo.

En este contexto, los objetivos del Gobierno son irrealizables y develan la verdadera intención persecutoria hacia los accionistas privados de Papel Prensa, casualmente dos de los diarios independientes del país, La Nacion y Clarín, con el evidente objeto de someter a la prensa libre.

No hay madera suficiente para producir la cantidad que se importa. Podría ponerse en marcha Papel de Tucumán, pero Papel Prensa nunca podría producir el faltante que la importación suple, no sólo por la falta de materia prima sino también por la de su capacidad instalada. Importar un producto inexistente en el país es asegurar el abastecimiento, algo muy distinto de "sustituir importaciones".

El papel para revistas se importa en un 100 por ciento ya que no se produce en el país. Para poder sustituir hay que producir la mercadería y hacerlo impone pensar un proyecto a 15 años vista. Eso fue lo que en su momento se hizo y se logró exitosamente con la inversión privada en Papel Prensa S.A.

El segundo objetivo del Gobierno, establecer "igualdad" de precios, tropieza con la realidad del mercado internacional, absolutamente libérrimo, y en condiciones de brindar descuentos de hasta el 25 por ciento. Desde el inicio del comercio fenicio, 5000 años AC, la regla del descuento por volumen rige impertérrita y universalmente. Sólo la demagogia K pretende derogarla para el mercado del papel.

Promover el desarrollo de la prensa independiente y resguardar el acceso de todos los ciudadanos a las noticias, como pregona el proyecto oficial, son objetivos incompatibles con la propia acción del Gobierno contra la prensa. Distintas organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, tales como la WAN, la SIP, Adepa o Fopea han alzado sus voces y acusado a la fuerza gobernante fundadamente por violar la libertad de prensa, persiguiendo a periodistas independientes; discriminando medios; retaceando a unos la información que se da a otros; malversando la publicidad oficial para apoyar a los obsecuentes y castigar a los críticos, en forma totalmente antiigualitaria; diseñando una política impositiva para sojuzgar a los medios; apoderándose del espectro radial y televisivo e inundando las pantallas con publicidad oficial en forma reiterada, machacona e invasiva, y valiéndose del monopolio del fútbol como medio para llegar a las mentes argentinas.

Desde el Gobierno se promueve la adquisición de empresas mediáticas por grupos afines que le aseguren el predominio informativo, la intervención con apoyo sindical a las empresas generando conflictos inexistentes y la regulación de la distribución y venta de diarios para trabar el acceso a la prensa libre.

Es imperioso que nuestros legisladores respeten el artículo 32 de la Constitución, absteniéndose de legislar sobre la actividad periodística o sobre la materia prima, sin dejarse engañar por la prédica demagógica: mientras exista importación libre, no hay monopolio posible. Papel Prensa es un ejemplo de producción de papel nacional. Bienvenidos otros esfuerzos que se lancen a la aventura empresarial de producir papel argentino con maderas argentinas.

Como ciudadanos, debemos comprometer nuestros esfuerzos en defensa de la libertad de expresión, que es el aire que respira la democracia. Todo intento por ahogarla conducirá a la peor de las tiranías.

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