La Justicia suspendió la ley de glaciares

Avaló así un reclamo de empresas mineras
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3 de noviembre de 2010  

La justicia federal de San Juan suspendió ayer la aplicación en esa provincia de la ley de glaciares, que había sido aprobada en el Congreso después de un duro debate que dividió transversalmente a kirchneristas y a opositores.

La suspensión fue dispuesta por el juez Miguel Angel Gálvez un día después de que las cámaras y gremios mineros de la provincia presentaran un recurso de amparo cuestionando la constitucionalidad de la norma.

"LA NACION no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta", argumentó el titular de la cámara minera de San Juan, Jaime Bergé, promotor de la medida. El abogado del gremio de obreros mineros AOMA, Javier Cámpora, reconoció que empresarios y trabajadores contaban con el respaldo del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, para la presentación.

Alegando que la norma nacional se roza con la legislación provincial, el juez suspendió seis artículos claves de la ley (que buscaba proteger los glaciares y limitar la actividad minera en el país) entre ellos el que definían cuáles debían ser las zonas protegidas.

En la Capital, la decisión cayó muy mal entre los legisladores que la habían motorizado, quienes temen que los proyectos mineros más contaminantes avancen mientras el recurso llega a la Corte Suprema.

"No tiene sentido una medida cautelar así, porque la Constitución establece que la Nación fija los presupuestos mínimos de protección", dijo a LA NACION el senador Daniel Filmus (FpV), uno de los autores del proyecto junto al diputado Miguel Bonasso (Proyecto Sur).

Desde la Coalición Cívica, la diputada Fernanda Reyes denunció que la justicia sanjuanina "está al servicio" del gobernador Gioja, acusó a las empresas mineras de haber ideado la presentación y consideró que si el gobierno de la Nación no apela el fallo "será un veto judicial" de la ley, como ya había hecho hace dos años cuando vetó la primera versión de la norma.

El siguiente pasó del juez será citar al Estado provincial como tercero interesado y correr traslado de la demanda a la Nación.

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