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Prohíben bloquear una planta impresora

Es de Clarín; piden a Garré que intervenga
Adrián Ventura
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2 de enero de 2011  

El juez civil Gastón Polo Olivera prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a una planta impresora que posee el Grupo Clarín en Pompeya y ordenó que la resolución se notifique, en forma personal, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo.

Para el magistrado, el derecho de manifestarse no puede poner en riesgo otros derechos, como el de ejercer industria lícita y, particularmente, el derecho a la libre expresión, que "tiene particular relieve en el caso, ya que la actora resulta una empresa de producción gráfica que abastece, entre otros, empresas de telecomunicaciones, agencias de publicidad y editoriales".

El 13 de diciembre del año pasado, cinco delegados de la Federación Gremial Bonaerense encadenaron las puertas de la imprenta AGR.

Allí trabajan 600 personas y se imprimen libros, guías telefónicas, folletos, fascículos coleccionables y, también, las revistas Viva , que distribuye el diario Clarín todos los domingos, y Rumbos , que se entrega en el interior del país con diecinueve periódicos.

La manifestación no tuvo fines gremiales, como quedó demostrado con un acto de Camioneros, que lidera el titular de la CGT, Hugo Moyano, en el que estuvieron los dirigentes sindicales Julio Piumato; el hijo de Moyano, Facundo, e integrantes del Movimiento Evita. Es decir, en la medida de fuerza no participaron sólo algunos trabajadores, sino también personas ajenas a la planta.

Como consecuencia del bloqueo, el 19 de diciembre miles de lectores de Clarín no pudieron recibir la revista Viva o sólo pudieron hacerse de un ejemplar impreso en papel de diario.

Si bien el bloqueo de un medio de comunicación es un delito previsto en el Código Penal, el Grupo Clarín -con el patrocinio del constitucionalista Gregorio Badeni- presentó una acción de amparo ante el juzgado civil a cargo del doctor Olivera.

El magistrado, en compañía del secretario, Julio Díaz Becker, visitó el lugar y, tras comprobar la existencia del citado "bloqueo", dictó la medida cautelar.

El magistrado recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe las restricciones indirectas a la libertad de expresión -en esa categoría hay que encuadrar el bloqueo a una planta gráfica - y señala que si bien "uno de los rasgos constitucionales del sistema democrático es la posibilidad con que cuentan los ciudadanos de reunirse y protestar, la Corte Suprema señaló que ese derecho no es irrestricto".

La resolución del juez Olivera, además, agrega: "Tampoco es sensato considerar que la autoridad encargada de mantener el orden público se halla desarmada para defenderlo y proteger otros derechos constitucionales respetables".

En definitiva, el magistrado no tuvo en cuenta si el bloqueo estuvo motivado por fines políticos o sindicales, pero claramente resolvió que queda prohibido "todo acto de bloqueo externo de la planta AGR y/o cualquier otra conducta que implique impedir y obstruir el normal y regular ingreso y egreso de personas y de bienes".

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