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Los bosques y los glaciares continúan esperando

Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad
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15 de febrero de 2011  

Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.

Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".

Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.

Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.

La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.

El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.

Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".

Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.

En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.

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