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Polémico juicio por el robo a cajas blindadas

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27 de abril de 2011  

Hubo 136 cajas de seguridad saqueadas, pero las víctimas podrían ser también otros 1200 clientes que dicen haber sufrido daño moral hasta que se enteraron de que sus cofres no habían sido robados.

Así lo entendió la Asociación Civil Consumidores Financieros, que demandó al Banco Provincia por 500 millones de pesos por el robo boquetero ocurrido a principios de este año en la sucursal de la avenida Cabildo 1999, en Belgrano.

La demanda por daño moral, que no tendría antecedentes en el país, fue presentada en el Juzgado en lo Comercial N° 3 porteño por el estudio Arazi, Prato, Mairani de Vidal, Merola & Asociados en "favor de quienes pudieron salvarse del saqueo de sus cofres".

"Nadie puede negar el disgusto sufrido por los clientes. Pensamos que esta demanda se puede ganar. No es ningún invento", sostuvo a LA NACION Osvaldo Prato, uno de los abogados que hicieron la demanda contra la entidad.

Desde el Banco Provincia no respondieron oficialmente sobre la presentación de la asociación Consumidores Financieros. Según pudo saber LA NACION, hasta ayer la entidad no había recibido ninguna demanda particular de clientes que no sufrieron el saqueo de cajas de seguridad.

La presentación firmada por el estudio Arazi y sus asociados es una demanda que se denomina "acción de clase". Esto significa que si la Justicia le otorga la razón a la asociación civil, los clientes afectados después podrán reclamar el cobro de la indemnización.

"Hay cientos de perjudicados indirectos por el robo, entre los cuales hay mucha gente de edad avanzada. Todos se vieron sumergidos varios días en una angustia que les dañó su salud. Es lo que se llama «daño moral» en palabras jurídicas y su indemnización no exige que haya perjuicio económico, según fallos reiterados de nuestra justicia. Esas personas por culpa de las enormes fallas del Banco Provincia sufrieron semejante daño. El banco no vaciló en calificarlos de enfermos mentales, burlándose incluso al expresar que deben andar todo el día con un contador Geiger en la mano por miedo a las radiaciones y otras enormidades por el estilo", explicó Prato.

En la demanda, a la que tuvo acceso LA NACION, los abogados sostuvieron: "Y en este caso el daño moral que nos ocupa se generó no sólo por el duro período donde no podían saber si habían resultado perjudicados, sino también por la zozobra que ya padecen ante una obvia desconfianza acerca del sistema bancario e intranquilidad futura por no contar en el país con un lugar seguro para proteger los bienes (sean monetarios, documentos, alhajas o cualquier otro elemento personal que haga a su intimidad)".

Según Prato, en respuesta a la demanda, el Banco Provincia sostuvo por escrito: "Cabe preguntarse si lo que describe la demanda como desazón e incertidumbre de ciertas personas no es ni más ni menos que el delirio de un grupo homogéneo de psicóticos.

"Psicóticos que, seguramente, se angustian hasta el desvarío por supuestos de radiación, como el de los hornos de microondas, de los teléfonos celulares, o de los rayos gama terrestres generados en una tormenta, y quisieran andar por el mundo con un contador Geiger en la mano".

La abogada y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Nydia Zingman de Domínguez, especialista en demandas por robos de cajas de seguridad, explicó a LA NACION: "Hay que probar el daño moral. En este caso, los demandantes deberán fundamentar y probar el hecho generador del daño en cada persona".

Botín

Por el millonario robo, en marzo pasado, la jueza María Gabriela Lanz procesó a seis sospechosos, a los que dictó prisión preventiva.

Según la investigación judicial, el botín fue de 8.090.213 dólares, 15.000 reales, 1355 libras, 205.505 euros y 1.809.500 pesos.

El millonario robo fue descubierto la mañana del 3 de enero pasado, cuando el banco reanudó sus actividades después de días de asueto previos al inicio de año. Se pudo comprobar que las alarmas antisísmicas sonaron en varias oportunidades durante ese fin de semana largo, pero la policía sólo fue a constatar las instalaciones del banco por fuera y nunca ingresó.

Según la magistrada, el robo comenzó a planearse en 2003 por dos de los sospechosos que ahora están detenidos, que habían creado empresas para simular actividades lícitas.

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