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Quedan impunes cada vez más causas sobre corrupción

Los procesos duran en promedio 14 años y crecen las prescripciones de casos que no llegan a juicio
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7 de mayo de 2011  

Las investigaciones judiciales en las que están en juego millones de dólares que perdió el Estado por acciones de funcionarios deshonestos corren cada día mayor riesgo de quedar en la nada, es decir, sin castigo y sin posibilidad de recuperar el dinero. Esto es debido a las demoras en la tramitación de esas causas judiciales, que llegan a durar 14 años en promedio y prescriben porque el tiempo transcurrido desde que se inicia la investigación es superior a la pena máxima para el delito imputado.

Así lo revela un estudio de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que identificó las causas de las demoras. La estadística lo demuestra con números oficiales de la Corte: por ejemplo, en 2009 se iniciaron 207 causas por corrupción, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena.

Tres ejemplos recientes muestran cómo el Estado dejó de perseguir megafraudes. Uno de ellos es la investigación conocida como IBM-Anses, en la que tras 10 años de trámite se declaró prescripta una causa por el supuesto cobro de un soborno para la Anses por US$ 60 millones. Lo mismo ocurrió en la causa en que se investigó durante diez años a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó en Banco Nación. En 2006 adeudaban 180 millones de pesos. En las últimas semanas, se conoció la prescripción de una causa por dádivas a Ricardo Jaime contra el empresario Claudio Cirigliano y también un gigantesco fraude que se habría cometido en la venta de Tandanor (ver aparte).

En general, las causas prescriben porque el tiempo de tramitación es mayor a la pena máxima del delito investigado. La prescripción se interrumpe cuando el acusado comete otro delito, cuando es llamado a la primera declaración indagatoria, cuando el fiscal pide la elevación a juicio, cuando ésta se concreta y cuando se dicta sentencia, aunque no esté firme. También se suspende si un acusado es funcionario mientras siga en el cargo (esto se hace extensivo a los partícipes del delito).

"El sistema está trabajando como un embudo en el cual cada vez se acumularán más causas en los tribunales orales y, proporcionalmente a ello, se irá incrementando el lapso de tiempo que va del cierre de la instrucción a la realización del juicio oral", señala el estudio de la ACIJ.

Además, los tribunales están tramitando casos de violaciones de los derechos humanos por crímenes de la dictadura, imprescriptibles. Son juicios largos, complejos, con detenidos, y, por lo tanto, prioritarios, que están repartidos en todos los tribunales orales federales de la Capital.

Según la ACIJ y las consultas realizadas por La Nacion entre jueces de tribunales orales federales y fiscales, las razones de estas demoras son:

  • Lo que tarda la etapa de instrucción de la causa, en la que los procesos, ya de por sí complejos e inmensos, pueden paralizarse por la cantidad de recursos que presentan los defensores, que son tratados por todas las instancias hasta eventualmente llegar a la Corte.
  • Razones políticas que hacen que la Justicia no investigue a funcionarios cuyo partido están en el poder o la realización de eternos peritajes.
  • Las demoras ocasionadas una vez que el caso llega a un tribunal oral, que si no se solucionan harán que los casos se acumulen aquí, a la espera de ser juzgados, con el riesgo de que prescriban. Una de las razones de las demoras en esta etapa es la del ofrecimiento de pruebas que hacen las partes y la instrucción complementaria que puede disponer el tribunal oral para salvar las falencias de la etapa anterior. Por ejemplo, está en trámite en un tribunal oral una causa contra el ex presidente Carlos Menem en la que se lo acusa de no haber declarado una cuenta en Suiza. Se inició en 2002 y ahora se volvieron a enviar exhortos al extranjero para ver si el caso llega a juicio.
  • La falta de colaboración entre los fiscales. Son excepcionales los casos en los que el fiscal que realizó la instrucción, que conoce los vericuetos del caso, colabora con el fiscal que debe llevarlo a juicio oral.
  • Los planteos de los defensores ante la inminencia de juicio, como estrategia de demorar el proceso, aun cuando esos mismos asuntos ya hubieran sido rechazados en instancias anteriores. Los fiscales están instruidos para avanzar al juicio. Por ejemplo, el ex interventor en el PAMI menemista Víctor Alderete tiene por lo menos 16 causas penales, algunas en condiciones de ser juzgadas, pero un precedente de la Corte establece que los hechos de administración fraudulenta deben juzgarse juntos si son de la misma persona, por lo que se corre el riesgo de que ese megajuicio contra el ex funcionario nunca se realice, porque los casos podrían prescribir.
  • No se cubren las vacantes de jueces. Hay seis tribunales orales federales en la Capital y hay cinco vacantes, con lo que los tribunales se deben conformar con jueces prestados para largos juicios. Todo esto ocurre a pesar de que una ley, impulsada por la Corte, dispuso la creación de dos tribunales orales federales más, pero aún no se convocaron los concursos para elegir a los magistrados.
  • La falta de salas de juicio: algunos tribunales deben compartirlas, lo que obliga a que se turnen para hacer los procesos.
  • La situación es más compleja si se considera que después de que haya una sentencia el caso puede ser apelado en Casación y en la Corte, lo que demora por lo menos tres años más necesarios para que el fallo quede firme, con el consiguiente riesgo de que el caso prescriba.

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