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Investigarán las cuentas bancarias de la fundación

La Justicia pide también todos los contratos
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9 de junio de 2011  

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó ayer las primeras medidas en la causa que investigará si funcionarios públicos participaron de una estafa al Estado con dinero destinado a las obras que hacía la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Solicitó un detalle de los movimientos de las cuentas de la Fundación y pidió copia de todos los contratos para la construcción de las viviendas sospechadas, con los antecedentes de cada expediente, a tres provincias –Misiones, Chaco y Santiago del Estero–, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche. Todos estos distritos fueron destinatarios de las obras.

El juez solicitó también que la Inspección General de Justicia le informara "todos los antecedentes de la Fundación Misión Sueños Compartidos". En rigor, la fundación es Madres, y Sueños Compartidos es el proyecto, pero el fiscal y el juez repitieron los términos de la denuncia. "Si nos informan que la Fundación Misión Sueños Compartidos no existe, reiteraremos el pedido", dijeron en los tribunales. Todo indica que esta causa entrará ahora en un proceso de recolección de datos que puede llevar varias semanas.

Todas las medidas dispuestas por Martínez de Giorgi habían sido sugeridas por el fiscal Miguel Osorio en su requerimiento de instrucción, presentado anteayer. Ese documento, que fija las bases de la investigación, pidió orientar la causa hacia todos los responsables de los convenios celebrados con la Fundación que preside Hebe de Bonafini, desde 2003 en adelante, en el marco del plan federal de viviendas. En primer lugar, apuntará a funcionarios provinciales y municipales (ellos firmaron los contratos y certificaron las obras), pero también a las autoridades nacionales, que hacían el control final y liberaban los pagos.

De acuerdo con la denuncia y el requerimiento, lo que deberá investigar el juez es si hubo sobreprecios, si se construyeron todas las obras por las que el Estado pagó y si las casas eran de una calidad acorde a lo requerido en los convenios. También, si hubo un direccionamiento ilegal de las partidas hacia la Fundación de las Madres.

Como la denuncia es muy amplia, serán necesarios numerosos estudios e informes, y el caso podría requerir un peritaje contable, advirtieron a LA NACION fuentes de la causa. Esos estudios pueden demorar años.

Un juez que quiere irse

Martinez de Giorgi, el instructor de esta causa, es un juez subrogante. Fue nombrado en forma interina por el Consejo de la Magistratura hace cuatro años, cuando todavía podía designar a secretarios para suplir vacantes judiciales (él es secretario de la Cámara). Aspira a ser el titular del juzgado, pero el concurso lleva seis años y todavía no se resolvió.

Es el proceso más antiguo y más sensible de los que tramita el Consejo: debe cubrir los cuatro juzgados vacantes de Comodoro Py, donde se investiga a los funcionarios nacionales. Fue anulado y en su segunda versión hubo denuncias de irregularidades.

Martínez de Giorgi obtuvo buenas calificaciones las dos veces que rindió el examen. Hoy, como subrogante, su situación para investigar al poder es endeble porque no cuenta con todas las garantías de un juez y el Consejo podría removerlo. Sin embargo, no sólo ocupa este juzgado (donde hay causas, por ejemplo, contra Julio De Vido), sino también, por disposición de la Cámara, el que fue de Jorge Ballestero.

Como su suerte es incierta, él acaba de presentarse en otro concurso: el destinado a cubrir la vacante que dejó hace dos años Manuel Garrido en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Compite con otros candidatos. Entre ellos, los fiscales Sabrina Namer, Enrique Bayá Simpson y Guillermo Noailles (que hoy subroga la FIA); y el abogado Maximiliano Rusconi (defensor de Carlos Menem).

Este concurso es otro que tuvo problemas: la mayoría de los postulantes que se había anotado renunció, sólo cinco rindieron el examen y únicamente dos alcanzaron la nota mínima para entrar en la terna. Por eso, hace dos meses, se lo declaró desierto y se reabrió la inscripción.

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