Acusan al Gobierno de engañar a la Justicia

La Secretaría de Derechos Humanos presentó un documento con varios agregados que no figuran en el original de 1988
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17 de junio de 2011  

Bartolomé Mitre, director del diario LA NACION, y Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, denunciaron ante la Justicia que la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, "agregó" en un documento varios párrafos que no figuran en el original, con la intención de involucrarlos en delitos de lesa humanidad durante la compra de Papel Prensa.

Según surge de la denuncia, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una copia de un dictamen que en 1988 redactó el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) Ricardo Molinas, que tiene varias frases agregadas que no aparecen en la copia certificada del documento aportada a la Justicia por la propia FIA ni en otras copias de la época.

Esos agregados no serían inocentes, porque sugieren que el entonces gobierno de facto eligió como compradores de Papel Prensa a Clarín y LA NACION, algo que no condice con los hechos ni con las pruebas, y que jamás fue afirmado por el fiscal Molinas.

Papel Prensa es propiedad del Grupo Clarín (49 por ciento), LA NACION (22 por ciento) y el Estado nacional (27 por ciento). Ambos matutinos y La Razón compraron la empresa, el 2 de noviembre de 1976, a los herederos de David Graiver, quienes habían decidido desprenderse de la firma porque el grupo Montoneros les exigía la devolución de 17 millones de dólares que les había confiado para su administración.

Las circunstancias de esa venta fueron investigadas durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

El fiscal Molinas, en un extenso dictamen, cuestionó decisiones del gobierno de facto relacionadas con Papel Prensa, pero no imputó coacción alguna en la venta y, además, afirmó que los diarios Clarín, LA NACION y La Razón no cometieron delito alguno y fueron compradores de buena fe.

La denuncia oficial

En septiembre de 2010, sin embargo, en ejecución de una decisión que la presidenta Cristina Kirchner había anunciado en un acto público, la Secretaría de Derechos Humanos formuló una denuncia penal.

Duhalde les imputó a los directores de los diarios haber estado vinculados con la detención ilegal de los integrantes del grupo Graiver, quienes en rigor fueron secuestrados por los militares cinco meses después de la venta de Papel Prensa, por su relación con Montoneros.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza, que en mayo último se declaró incompetente y resolvió que el secuestro de esas personas, que estuvieron detenidas en el centro clandestino Puesto Vasco, se produjo varios meses después de que ya se había efectuado la venta de Papel Prensa a Clarín, LA NACION y La Razón, y afirmó que los directores de los diarios no tuvieron relación alguna con el hecho.

Ayer, los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré pidieron a la Cámara Federal de La Plata que se investigue la aparición de estos extraños agregados en el documento aportado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Los agregados

Hace varios meses, la FIA envió una copia certificada del dictamen del fiscal Molinas. Ese texto coincide exactamente con la versión publicada en 1988 por el diario Ambito Financiero inmediatamente después de conocido aquel dictamen. Y también con la copia certificada que LA NACION acaba de obtener en el Juzgado Federal Civil y Comercial Número 1 de San Martín, donde fue agregado, hace más de veinte años, a un expediente judicial.

Curiosamente, la copia certificada por la FIA, el organismo que elaboró el documento, no contiene los agregados que sí aparecen en la copia de ese mismo documento que aportó la Secretaría de Derechos Humanos:

  • Dice el documento aportado por la FIA con relación al precio de compra: "Este problema del precio, de todos modos, es ajeno en principio a la competencia de este organismo y, además, fue aceptado por los vendedores –el grupo Graiver– y sólo se trajo a colación para demostrar el apuro de la negociación".
  • En cambio, en la copia aportada por Duhalde, luego de una coma se agrega: "y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales".

  • En otro párrafo, con relación a la junta de comandantes, la copia del documento aportado por la Secretaría de Derechos Humanos introduce como agregado que "eligieron ellos mismos como compradores a los diarios Clarín, LA NACION y La Razón".
  • Estas frases agregadas tergiversan el dictamen del fiscal Molinas para dar sustento a la versión oficial y, según la denuncia, indujeron a un grave error a los fiscales Rodolfo Molina y Hernán Schapiro, ya que tomaron esos agregados como fundamento para su dictamen.

    DESAPARICIÓN DE TRES EXPEDIENTES

    Este extraño episodio, que tiene por protagonista a la Secretaría de Derechos Humanos, no es el primero que ocurre. Hay tres expedientes judiciales que desaparecieron. Uno de ellos es el que tramitó en el juzgado federal número 3, que actualmente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas y donde se presentó el dictamen del fiscal Molinas. Los otros dos expedientes donde LA NACION y Clarín consignaron los pagos por la compra de Papel Prensa a los vendedores Rafael Ianover, testaferro de David Graiver, y a Galería Da Vinci, también desaparecieron. Uno tramitó en el juzgdo comercial número 21 y, el otro, ante el juzgado civil y comercial número 6.

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