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Frenaron la aprobación del impuesto tecnológico

Fue a pedido de los propios impulsores
Gustavo Ybarra
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30 de junio de 2011  

Una oportuna y urgente llamada del Poder Ejecutivo congeló ayer el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley que pretende establecer un impuesto a los dispositivos digitales que permiten copiar producciones artísticas, reclamada por autores y compositores y compañías discográficas en defensa de sus derechos de autor y rechazada por diferentes organizaciones no gubernamentales que proclaman la libre circulación de esos productos.

El denominado proyecto de copia privada o canon digital marchaba sin contratiempos y a punto estuvo de obtener dictamen anteayer en la Comisión de Legislación General. Sin embargo, después de la controversia que se generó en el debate en la comisión y la alerta del Ministerio de Economía sobre el impacto negativo que la iniciativa podría tener en la venta de electrodomésticos -uno de los pilares de la política kirchnerista-, llegó una orden de dar marcha atrás. La ausencia de tres senadores y de sus firmas en el dictamen fue la excusa perfecta para que el oficialismo pidiera la postergación del debate.

Lo hizo el propio jefe de la bancada kirchnerista y coautor de la iniciativa, Miguel Pichetto (Río Negro). "Se trata de un tema muy importante que requiere un acuerdo amplio", justificó el legislador, quien admitió que una de las razones de la marcha atrás fue "la multiplicidad de voces contrarias que se plasmaron recientemente en el ciberespacio". Ayer, en Facebook, Twitter y blogs continuaba la "agitación" por el "no al canon".

Mientras el Poder Ejecutivo ordenó detener el debate por el costo político que podría pagar en pleno proceso electoral -las alícuotas incrementarían el precio de varios productos electrónicos de alto consumo en este momento-, grupos de ONG y cibernautas rechazaron el proyecto por los obstáculos que este gravamen pondría al acceso a las nuevas tecnologías de amplios sectores de la sociedad.

Así lo manifestó ayer la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), quien apoyó la profundización del debate en comisión de la iniciativa. "Detrás de esto hay una cuestión filosófica sobre a quién pertenece el conocimiento, la cultura; si pertenece a unos pocos o a toda la humanidad", explicó.

"Me parece que proteger a unos cuantos autores que ya están instalados a costa de agrandar la brecha de pobreza y de dificultades de acceso a la tecnología es un costo demasiado alto", agregó Escudero.

El proyecto establece una serie de alícuotas que se deberían aplicar sobre diferentes dispositivos que permiten realizar copias digitales y también sobre los soportes que se usan para eso, como los discos duros de las computadoras, las tarjetas de almacenamiento de memoria que utilizan teléfonos celulares, cámaras fotográficas, discos compactos y grabadoras de discos, reproductores de CD, DVD y otros soportes y equipos codificadores de señales de televisión.

El texto contaba con amplio consenso en la oposición. Tanto que el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales (Jujuy), ratificó su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, y a pesar de su alianza con las asociaciones gestoras de derechos, como Sadaic y Argentores, entre otras, el Poder Ejecutivo prefirió parar su avance hasta mejor oportunidad.

  • "El proyecto seguirá debatiéndose y se buscará un punto de equilibrio entre la protección de los derechos intelectuales y las demandas de internautas y usuarios digitales"
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