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Memorias de la transición democrática

En su libro La casa está en orden (Editorial Taeda) Horacio Jaunarena recuerda hechos centrales de las últimas décadas, en particular la difícil reinserción de las FF.AA. en la vida política
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24 de julio de 2011  

Desde mucho tiempo antes de las elecciones de 1983, era evidente que la situación militar y su vinculación con las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura serían extraordinariamente complejas, por distintos motivos y en los diferentes frentes. En primer lugar, por la enorme y traumática fractura entre las Fuerzas Armadas y la sociedad como consecuencia de la larga sucesión de intervenciones militares e interrupciones a los gobiernos constitucionales que se habían dado a partir del año 1930. Irrupciones todas que terminaron además en el fracaso de los gobiernos surgidos en esa condición. Si bien era cierto que, como afirma el historiador Robert Potash, nunca los golpes de Estado fueron exclusivamente militares, se visualizaba a éstos naturalmente en la primera línea de responsabilidad. Lo cierto es que los militares eran la cara más visible de una alianza con sectores civiles que manejaban su propia agenda -sobre todo en términos económicos- y que se desentendían de ellos en tiempos de crisis y a la hora de rendir cuentas. También es cierto que muchos de los golpes de Estado que había sufrido la Argentina se habían llevado adelante frente a una población relativamente indiferente hacia la suerte de sus instituciones [...].

En segundo lugar, a las secuelas de la terrible represión se sumaba el hondo sentimiento de dolor y frustración por el desastre de la Guerra de Malvinas, que fue vivida una vez que se produjo la derrota como la última gran estafa del gobierno militar. Cabe destacar que, en medio de la euforia y sorpresa que se produjeron cuando se anunció el inicio de aquella operación en el Atlántico Sur en abril de 1982 y que concitó inicialmente un espontáneo respaldo popular, uno de los pocos políticos que advirtió sobre su despropósito fue Raúl Alfonsín. Había que tener coraje para levantar esa postura en medio de una feroz propaganda oficial que, aprovechando el sentimiento nacional, sostenía la proximidad del triunfo fuera de toda duda y la descalificación por claudicantes y cobardes de aquellos hombres que, como Alfonsín, se atrevían a denunciar el disparate.

En el desarrollo de este conflicto las conducciones militares habían mostrado impericia e improvisación librando una guerra en la que cada Fuerza -el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada- respondía a su propia lógica y conducción. Esta falta de coordinación horizontal sembró también profundos rencores entre las Fuerzas. Y a esta compartimentación que se venía produciendo desde mucho tiempo antes y se había agravado como consecuencia de las rivalidades surgidas durante los siete años de ejercicio del poder había que agregarle también una fractura vertical, es decir, un cuestionamiento de los mandos inferiores a las decisiones de los superiores. Los que combatieron en el terreno se sintieron mal abastecidos, mal equipados y abandonados a su suerte por aquellos que tuvieron la máxima responsabilidad durante el desarrollo de las operaciones. De esta manera, la actuación heroica de los soldados argentinos contrastaba dramáticamente con la actuación de los comandantes de esa operación, y resultaba difícil de valorar por un pueblo que se sentía burlado por los dictadores. Debe situarse allí el antecedente lejano de la irrupción de los "carapintadas" en los posteriores hechos de Semana Santa de 1987. [...]

Era evidente que esa nueva relación cívico-militar no sería fácil. La sociedad exigía una rendición de cuentas y las estructuras de las Fuerzas Armadas estaban replegadas y a la defensiva frente a los reclamos de la sociedad y frente a cómo iría a actuar el futuro gobierno constitucional. Y también exhibían sus propias víctimas del terrorismo. [...]

Estas eran las Fuerzas Armadas que heredábamos y que debíamos subordinar al nuevo poder político surgido de la voluntad popular.

Advertimos desde el comienzo que el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, aun siendo un tema de la Justicia, sería el problema más grave que íbamos a enfrentar en el área de Defensa. El último presidente de facto, el general Reynaldo Bignone, instruido por sus electores y mandantes -los miembros de la última Junta Militar: el general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier Augusto Hughes- había firmado el 23 de septiembre de 1983 una ley de amnistía, pretendiendo cerrar así toda revisión del pasado. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública reclamaba sanciones ejemplares -al menos todos aquellos que no habían votado al peronismo, que dando por válida esa autoamnistía sacó casi seis millones de votos-. Tampoco era posible olvidar los crímenes aberrantes que habían cometido durante la década del 70 las organizaciones irregulares, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los Montoneros o la Triple A. Pero en la dirigencia política no había acuerdo sobre cómo manejar concretamente este tema. La experiencia de otros países tampoco nos decía mucho. La historia de la humanidad en materia de justicia retroactiva para las violaciones a los derechos humanos había sido una historia de imposibilidades e impunidades, consagradas ya fuera por medio de leyes o por la imposición de la fuerza.

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