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Sin decisión política para enfrentar el delito organizado

Graciela Ocaña
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6 de septiembre de 2011  

Es hora de decir basta.

Basta de impunidad, encubrimiento y complicidad. Basta de crimen organizado, narcotráfico y corrupción como escenografía estanca de la vida de los bonaerenses. La inexplicable muerte de Candela vuelve a conectarnos con el horror y el dolor de la pérdida de una niña inocente . Pérdida que desde el Estado intentan enmarcar bajo el rótulo de "ajuste de cuentas" para desligar responsabilidades oficiales ante la existencia de bandas criminales que operan sin control.

Desde la llegada de la democracia, quienes gobernaron no han logrado desarticular las redes de trata y de crimen organizado que imperan en la provincia, no han conseguido construir un cuerpo de policía eficiente, libre de corrupción y de vínculos con quienes delinquen, ni han podido poner un límite al narcotráfico.

En este marco, una niña de 11 años terminó muerta. Sea por el accionar del crimen organizado supuestamente vinculado a su familia o por un delito común, es una tragedia que pudo evitarse y que, sin lugar a dudas, se define bajo un único concepto: inseguridad.

El caso del triple crimen de General Rodríguez llevó siete meses y más de 12.000 entrecruzamiento de llamadas para detectar su relación con la "mafia de los medicamentos" y el submundo del narcotráfico y el lavado de dinero. En el caso de Candela, nuevamente las principales hipótesis refieren a un ambiente vinculado con organizaciones criminales.

La aparición de víctimas inocentes como Candela, y de tantas otras que pasan inadvertidas para los medios, deja un mensaje claro: nadie puede interponerse o detener el más mínimo engranaje de esta gran maquinaria delictiva. El asesinato de Candela ha puesto en primer plano una de las principales falencias que atraviesa tanto la provincia como el país: la falta de una verdadera política de Estado en esta materia.

Es de carácter urgente que blindemos los pasos fundamentales de estas redes. El tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero, pero, sobre todo, la corrupción institucional. Debemos rediseñar los sistemas y los organismos de control, sobre todo los vinculados al control financiero y a la inteligencia criminal. El principal error de los poderes ejecutivos nacional y provincial consiste en el abordaje fragmentario de los delitos. La trata de personas, la piratería del asfalto, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos económicos como corrupción deben ser abarcados de manera integral y con una verdadera decisión política de hacerles frente.

No hay delincuentes aislados. Hay grandes organizaciones que conforman redes en las que se enlazan desde un vendedor de paco en una villa hasta un financista en la city porteña. Son organizaciones que mutan, se camuflan, son inteligentes, manejan información y tienen capacidad de penetrar en las fuerzas policiales y en la política. En estas redes hay "delincuentes activos" y "delincuentes pasivos", estos últimos son aquellos que se encuentran en situaciones de debilidad en sectores excluidos.

Estos cambios exigen un compromiso de las instituciones, pero, sobre todo, la decisión política de un gobernador de llevarlos adelante sin ataduras y con las manos libres y limpias.

La autora es candidata a diputada nacional por Udeso.

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