Menem fue absuelto en el escándalo de las armas

También quedaron exculpados el ex ministro Camilión y Emir Yoma
Jorge Urien Berri
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14 de septiembre de 2011  

Con segundos de retraso, las caras tensas de los 18 acusados se iban aflojando y viraban a la sonrisa a medida que Luis Alberto Imas, presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, leía cada nombre y agregaba, monótono: "Absuelto de culpa y cargo por el delito de contrabando calificado".

Después de tres años de juicio oral y un total de 16 años de investigación judicial por el envío de 6000 toneladas de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, el ex presidente Carlos Menem; su ex cuñado y ex asesor Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el resto de los acusados respiraron con alivio.

Demudados, el fiscal Mariano Borinsky y el querellante por AFIP-Aduana, Carlos Lobos, no podían creer el veredicto que leía Imas, flanqueado por los otros dos jueces, Horacio Artabe y Gustavo Losada, quien votó en disidencia en varios casos. Los fundamentos que explicarán por qué los jueces consideraron que no existió contrabando se conocerán el 7 de noviembre.

"Estoy conmocionado –dijo Borinsky al salir–. No lo puedo creer. Acusé a 18 personas por contrabando. Apelaré ante Casación." "Es una vergüenza. Las absoluciones no se condicen con los hechos que quedaron demostrados", sostuvo Lobos.

El juicio oral comenzó en octubre de 2008 y tuvo un trámite muy lento, con sólo dos audiencias semanales y a veces una, y relativamente escasas preguntas de los jueces a los testigos. De los imputados, los únicos que asistieron a prácticamente todas las audiencias fueron el coronel Carlos Franke, ex director de Producción de Fabricaciones Militares (FM), y el brigadier Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea. Paulik fue el único sobreseído por prescripción del delito.

Los envíos de armas a Croacia comenzaron en 1991, al amparo de dos decretos secretos firmados por Menem y varios de sus ministros, y continuaron desde 1993 hasta 1995, cuando Menem firmó un tercer decreto presidencial secreto.

Los dos primeros autorizaban las ventas de armas a Panamá, país que carecía de Ejército tras la invasión norteamericana, y el tercero aprobaba ventas a Venezuela. Ni Panamá ni Venezuela pidieron ni recibieron el armamento, que en su casi totalidad fue adquirido por Croacia, que estaba en guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia. Sobre esa zona pesaba un embargo de las Naciones Unidas para las ventas de armas. Una pequeña parte se envió clandestinamente a Ecuador en 1995 durante su guerra con Perú. También existía un embargo para las ventas de armas a ambos países, con el agravante de que la Argentina era uno de los garantes del Tratado de Paz entre las dos naciones.

En total, hubo siete embarques marítimos a Croacia y tres aéreos a Ecuador. En el primer barco que zarpó a Croacia en 1991 se cargó armamento producido por FM, pero en los demás las armas salieron de unidades del Ejército. Aunque el material era usado, se cobraron reembolsos por las "exportaciones", que en el caso de Ecuador consistieron en piezas inutilizables.

Primera nota

El 26 de febrero de 1995, La Nacion publicó la primera nota sobre el caso, que luego dio origen a la investigación judicial. Sostenía que era posible que en Ezeiza se estuvieran cargando aviones con armas para Ecuador. Debido a ese pequeño texto, el cuarto vuelo a Guayaquil partió vacío y los envíos cesaron.

Se estima que, en total, la operación movió alrededor de 50 millones de dólares y que se habrían pagado coimas.

La investigación alcanzó su momento de máximo voltaje en 2001, luego de que Luis Sarlenga, ex interventor en FM, declarara ante el entonces juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli que Yoma intervino en las maniobras, al igual que el teniente general Martín Balza, ex jefe del Ejército. Balza y Yoma negaron las acusaciones, pero fueron procesados por asociación ilícita, igual que Menem y otros ex funcionarios . Luego, la Corte Suprema, con mayoría de jueces menemistas, rechazó la figura de la asociación ilícita y sólo quedó en pie la de contrabando calificado, por tratarse de armamento de guerra.

Antes del comienzo de la audiencia de ayer en los tribunales federales de Comodoro Py, varios imputados y sus defensores barajaban distintas posibilidades. Ninguna incluía las absoluciones para todos.

A la mañana se escucharon en la audiencia las últimas palabras de Yoma y de Teresa de Cueto, ex verificadora de la Aduana, quien conmovió a varios asistentes. Fue la única que cumplió prisión en un penal, el de Ezeiza.

"Fui víctima de unos pocos periodistas y de cierta prensa por mi vinculación con el entonces presidente Menem por una falsa acusación", sostuvo Yoma ante el tribunal. Por la tarde, antes de conocerse el veredicto, Yoma no aceptó un pedido de entrevista de La Nacion y a la salida, exultante, increpó a este redactor: "Siga escribiendo mentiras".

De buen talante, Camilión se mostró satisfecho. En cambio, el abogado Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia penal que el 15 de marzo de 1995 dio origen a la investigación, tampoco salía de su asombro: "Faltó felicitar a los imputados".

Los otros absueltos partieron rápidamente sin formular declaraciones. Además de los ya mencionados, también resultaron beneficiados con la absolución el diplomático Enrique de la Torre; Mauricio Muzi, ex integrante de la Comisión Triministerial que aprobaba los proyectos de los decretos de ventas de armas; el teniente coronel (R) Diego Palleros, intermediario en las operaciones; los coroneles Jorge y Manuel Cornejo Torino; Carlos Núñez; Edberto González de la Vega; Haroldo Fusari; el general Antonio Vicario; Julio Sabra, directivo de FM, y Teresa Irañeta de Canterino, también de FM.

Tras las absoluciones, el tribunal dispuso que se investigue si Balza incurrió en falso testimonio al declarar en el juicio, al igual que Aurelia Hoffman, allegada a Yoma.

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