Incertidumbre en TBA

Vía: un fallo judicial paralizó los nuevos contratos y la empresa canceló los trabajos pedidos a uno de sus proveedores, que suspendió al personal.
(0)
19 de junio de 1999  

Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa ferroviaria que explota los ramales de las ex líneas Mitre y Sarmiento y que logró renegociar sus contratos hasta el 2025, navega hoy con rumbo incierto a raíz de una de las peores tormentas que le ha tocado enfrentar después del conflictivo proceso de negociación con la Secretaría de Transporte de la Nación.

Tras haber tenido que suspender el aumento tarifario aprobado por el Gobierno como consecuencia de un fallo judicial del 13 de mayo último que trabó la puesta en marcha del flamante contrato, la empresa suspendió los compromisos establecidos en el documento tras argumentar su incapacidad de pago al no poder recaudar los montos previstos.

"Este es el momento de mayor incertidumbre en la empresa porque el proceso judicial, que seguramente terminará en la Corte, va a alargar los plazos más de lo imaginado", dijo una fuente del grupo.

Y la primera consecuencia de la paralización de las obligaciones contraídas se hizo evidente el martes último, cuando Emprendimientos Ferroviarios anunció la suspensión de sus 700 empleados a raíz de que su principal y único clientes, TBA, comunicó la cesación de pagos de los trabajos acordados.

Con el mismo socio

"A comienzos de año, TBA nos pidió la construcción de 150 coches, de los cuales 33 ya están circulando en la línea Mitre, aunque todavía no cobramos la totalidad del dinero; cuando se dictó el fallo judicial la empresa suspendió los trabajos pedidos y anunció que no podría pagarnos", explicó a La Nación el gerente de Emprendimientos Ferroviarios, Jorge Alvarez.

Emprendimientos Ferroviarios y TBA están unidas más que por una simple relación contractual para la ejecución de vagones. Ambas tienen como principal socio accionario al grupo Cometrans (Consorcio Metropolitano de Transporte), cuya cara visible es el empresario Claudio Cirigliano.

De allí que no fueron pocos los que dejaron deslizar que la suspensión de 700 trabajadores es "una manera de ejercer presión sobre la Justicia para que falle en contra de las medidas presentadas".

"No tiene sentido que se diga eso. ¿Qué interés puede tener suspender el proceso de producción de una empresa? La situación es que TBA no tiene fondos para trasladarnos, y hasta que la medida cautelar no se suspenda la empresa informó que no puede arriesgar un solo peso", aseguró Alvarez. A la demanda presentada por el defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, que terminó en el fallo de la jueza María José Sarmiento, que frenó el nuevo contrato, se le sumó la promovida por la Asociación Consumidores Libres, que recayó en manos del juez Osvaldo Guglielmino, creando un escenario aún más incierto para la empresa.

Según dijo el gerente de Emprendimientos Ferroviarios, la construcción de 150 coches (US$ 1.000.000 cada uno) le significaba a la planta trabajo seguro durante dos años. "Además, teníamos acordado realizar el mantenimiento de esos coches, por eso la situación para nosotros es verdaderamente complicada", precisó.

Los 33 vagones que ya se utilizan eran, junto con la modificación de ocho estaciones y el llamado a licitación para la compra de nuevos convoyes, los hitos que fija el contrato y que el privado debe cumplir para que se autorice el primer incremento del boleto, cuyo costo total ascenderá un 80% en 5 años.

Maiorano, que espera un fallo favorable de la Justicia, dijo: "La renegociación importa una notable mejora para la concesionaria del servicio ferroviario, en razón de que no se verá afectada la relación inversión-ganancia, porque el usuario deberá afrontar el aumento del boleto".

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?