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El acuerdo que nunca se cumplió

Pese a lo anunciado para lograr el desalojo del parque, ninguna familia obtuvo una vivienda social
Ángeles Castro
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4 de diciembre de 2011  

Durante diez días 6000 personas permanecieron instaladas ilegalmente en el parque Indoamericano, con niños pequeños, bajo temperaturas elevadas, sin baño y con apenas los comestibles y el agua aportados por el gobierno porteño. Se suponía que era una modalidad de protesta desesperada para, en el mediano plazo, obtener la vivienda que, hasta entonces, muchos no tenían. Y, de hecho, abandonaron el lugar sólo cuando los gobiernos nacional y porteño prometieron un plan habitacional que cofinanciarían "un peso por un peso" de cada gobierno para las personas más necesitadas.

No obstante, un año después, ninguna de las familias que protagonizó la toma del Indoamericano en diciembre de 2011 obtuvo una vivienda, excepto los familiares de dos de los fallecidos durante los incidentes registrados entre los usurpadores y la policía. Así lo afirmaron a LA NACION dos de los líderes de los "okupas", Diosnel Pérez –referente de la villa 20 y del Frente Darío Santillán– y Alejandro Salvatierra, delegado de Ciudad Oculta (villa 15) y militante kirchnerista.

"Nadie recibió nada. Los gobiernos nacional y porteño no cumplieron con sus promesas, no pusieron ni 50 centavos cada uno. Se olvidaron de la gente. Sólo la madre de Bernardo Salgueiro y la mujer de Emiliano Canaviri recibieron un departamentito, en compensación por sus muertes", describió Pérez.

Salvatierra, a quien todos conocen como "Pitu", coincidió con esa percepción. "No se ha resuelto la situación de ninguna de las familias que reclamaron en el Indoamericano, excepto casos aislados. Por el contrario, pasado un año, yo diría que están peor, porque llevan un año más viviendo en la calle o hacinados en una pieza en la villa. Sabemos que encontrar una solución es muy complejo, pero creo que estamos más cerca, debe superarse la disputa entre la Nación y la Ciudad, e incorporarse al gobierno bonaerense", opinó.

Sólo un grupo de 468 familias, informó Salvatierra, recibieron asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que encabeza Alicia Kirchner, en equipamiento para sus casas. "Fue una ayuda para mejorar las condiciones de vida: se entregaron colchones, camas, cocinas, heladeras, muebles a quienes ya tenían vivienda. Pero viviendas nuevas, no", agregó el dirigente.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Capital admitieron a LA NACION que "ninguna familia por el hecho de haber estado en el Indoamericano tuvo algún tratamiento especial en programas sociales, ni de altas ni de bajas. Y si alguna de esas personas vino por sus propios medios a solicitar algún subsidio y calificaba para éste, debe haber sido ingresada".

Además, el gobierno porteño continuó ejecutando el programa Prosur Hábitat (Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano), que consolida ocupaciones informales en diferentes asentamientos del sur de la ciudad, dijeron fuentes oficiales.

Tanto Salvatierra como Pérez están procesados por la justicia porteña, junto con un puñado más de punteros políticos, como organizadores de la toma del Indoamericano, que se extendió por diez días, en medio de órdenes judiciales contradictorias sobre el desalojo del lugar y una escalada de tensión entre la Casa Rosada y Mauricio Macri. Luego de varios hechos de violencia, finalmente los jefes de gabinete de ambos gobiernos, Aníbal Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, diseñaron una salida política y acordaron con los ocupantes la liberación del predio con la promesa de que lanzarían un plan de vivienda para los más necesitados de la Capital.

A fines de diciembre, el gobierno porteño elevó a la Nación un plan para proveer 8000 soluciones habitacionales –mediante la construcción de viviendas sociales, la entrega de créditos hipotecarios y mejoras en casillas existentes en las villas– que costaría $ 831.317.000 a cada administración.

"El gobierno nacional respondió que el proyecto era inconsistente porque, entre otras cosas, no daba detalles sobre los lugares donde se instalarían las viviendas ni el método de construcción que se usaría. Y pidió mayor especificación a la Ciudad. Quedó todo nulo. No llegamos ni a marzo con la expectativa de que se llevaría cabo el plan prometido", admitió Salvatierra.

La falta de resultados, de todos modos, no provocó nuevas protestas con la modalidad de usurpación de espacios verdes.

Así lo explicó Salvatierra: "Sabemos ahora que los espacios físicos en la Capital no alcanzan para construir la cantidad de viviendas necesarias. Por eso debe ser también convocado el gobierno provincial, a ver si pueden ceder terrenos. Hay familias que entienden esto y estarían dispuestas a mudarse a la provincia. Esperamos que haya un acercamiento entre todos, para lograr una solución integral que incluya la urbanización de las villas, así como relocalizaciones fuera de las villas".

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