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Ley antiterrorista: crece la polémica

Legisladores y constitucionalistas dicen que la norma es de la época de la dictadura; férrea defensa del oficialismo
Gustavo Ybarra
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31 de diciembre de 2011  

Legisladores de todo el arco opositor, constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y hasta el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y Carta Abierta , que lejos está de integrar las filas del antikirchnerismo, rechazaron la denominada "ley antiterrorista" aprobada por el Congreso y promulgada por Cristina Kirchner.

"Es una ley sumamente peligrosa que viola muchos de los principios básicos del derecho penal liberal", sentenció en diálogo con LA NACION el constitucionalista Daniel Sabsay, en relación a la controvertida norma que agrava las penas -duplica el mínimo y el máximo-, de todos los delitos contemplados en el Código Penal si son cometidos "para aterrorizar a la población".

La vaguedad del texto aprobado con el impulso del oficialismo en apenas diez días es, precisamente, la fuente de la discordia. "Cuando la definición penal, el núcleo central de la tipificación, es ambigua y genera dudas empezamos a transitar el peligroso camino del arbitrio de la autoridad", dijo el senador Ernesto Sanz (UCR).

Sin medias tintas, la peronista disidente Sonia Escudero planteó el temor y las sospechas que genera la insistencia de la administración de Cristina Kirchner en impulsar una ley de estas características. "Lo que me preocupa es que esto pueda llegar a utilizarse para hostigar a opositores en estas guerras que crea el oficialismo contra ciertos sectores", afirmó.

El oficialismo rechaza las críticas con el argumento de que se trata de una legislación reclamada, bajo amenazas de sanción al país, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de su política contra el lavado de dinero. "Se trata de una norma fundamental para cumplir con los requisitos del GAFI, y todas las interpretaciones que se hicieron en contra de ella carecen de sustento y de realismo político", explicó el senador Miguel Pichetto.

El jefe de la bancada kirchenrista del Senado también negó que la ley pueda ser usada para violentar garantías individuales o reprimir protestas sociales. "La ley incluso sobreabunda al establecer claramente en uno de sus artículos que los agravantes previstos en el artículo tercero no se aplicarán cuando los hechos tengan lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", añadió.

Para el radical Mario Cimadevilla, sin embargo, la realidad es bien diferente. "Esta ley tiene muchas similitudes con la ley chilena de la dictadura de Pinochet que define los actos terroristas en forma muy semejante a lo que propone el proyecto del oficialismo y que se ha utilizado para reprimir los actos de los pueblos originarios", aseguró.

Sabsay también le encontró una veta antidemocrática a la ley antiterrorista: "Parece una norma que nos acerca a la época de la dictadura".

"No podemos darnos el lujo de generar dudas, discrecionalidades, e inclusive interpretaciones en un sistema judicial como el nuestro, con tantas disputas académicas, por llamarlas de alguna manera, que ensalzan las individualidades de los jueces, sus egos y sus vanidades", advirtió Sanz.

Sabsay coincidió, pero señaló que si bien son jueces y fiscales quienes deberán interpretar y aplicar la norma, las denuncias "van a venir aguijoneadas desde sectores del Estado".

Mientras el Gobierno hace silencio, sólo los legisladores ultraoficialistas hablan. La presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich (Tucumán), acusó a la oposición de sembrar confusión sobre los alcances de la ley.

QUÉ DICE LA LEY

  • Cambio . Deroga el artículo 213, incisos ter y quater del Código Penal, incorporados en 2007, que penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.
  • Aclaración . En un párrafo siguiente aclara que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos tuvieren lugar en ejercicio de derechos humanos o sociales.
  • Aterrorizar . Incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
  • Lavado . Habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), manejada por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos con el único requisito de comunicárselo a la Justicia.
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