El déficit fiscal provincial vuelve a tomar protagonismo

El jueves pasado la Presidenta prorrogó la refinanciación de los pasivos provinciales
El jueves pasado la Presidenta prorrogó la refinanciación de los pasivos provinciales Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio
Nadín Argañaraz
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4 de enero de 2012  • 11:59

La extensión del período de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento hasta el 31 de diciembre de 2013 aliviará las necesidades financieras de las 17 provincias involucradas en $6.900 millones de pesos el próximo año y en $6.700 millones en 2013. Una de las condiciones para la efectivización de esta refinanciación es el envío de información relativa a la nómina de empleados activos y pasivos provinciales, rubro que en general se lleva más del 50% del gasto en este nivel de gobierno. Una oportunidad vital para darle más visibilidad del gasto a cualquier ciudadano argentino.

Esta extensión alivia de manera importante la necesidad de financiamiento de las provincias, evitándoles tener que salir a buscar fondos para pagar los servicios de la deuda que tienen con la Nación.

Pero esto no es el único problema de fondos de las provincias. La raíz de la cuestión vuelve a pasar por el déficit primario que están volviendo a registrar. Esto es lo que se conoce como el resultado "sobre la línea".

Ocurre que luego de un 2010, en el cual la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados por un monto de $9.644 millones, les permitió a las provincias mostrar un resultado después de intereses de deuda equilibrado, el 2011 marcará la vuelta al déficit del consolidado de provincias: el resultado primario se encontrará en un -0,4% del PIB (esto es un déficit primario del orden de los $7.250 millones), mientras que el déficit fiscal sería de -0,55%, cercano a los $10.800 millones.

Para al año 2012, el déficit primario podría estar entre el 0,4% y el 0,7% del PIB (entre $9.000 millones y $16.000 millones). Sumando las amortizaciones de deuda que vencen, aún con el anunciado refinanciamiento por parte del nivel superior de gobierno, permanece un bache financiero a cubrir.

Por lo tanto, no sorprende que las jurisdicciones subnacionales se encuentren activamente buscando fuentes adicionales de recursos: a las subas de alícuotas de tributos provinciales se suma la búsqueda de endeudamiento a corto y/o a largo plazo, situación que luce dificultosa en las condiciones actuales del mercado financiero interno y externo.

En conclusión, si bien la refinanciación de las deudas para el próximo bienio conlleva un alivio muy importante para las provincias que lo reciben, permanece una cuestión fundamental, que es la existencia de un desequilibrio sobre la línea, que de algún modo las jurisdicciones deben atacar. Desde el punto de vista del financiamiento, a diferencia de la Nación, las provincias no disponen de instrumentos como el uso de reservas o la emisión monetaria.

Con los mercados internacionales de crédito cerrados o de muy difícil acceso, con una presión tributaria legal encontrando su límite superior y una estructura de gasto rígida a la baja, las perspectivas de financiamiento del nivel subnacional de gobierno pasan por la posibilidad de que el nivel federal lo asista de alguna manera o por iniciar una reducción de aquéllos gastos más flexibles como la obra pública.

Este contexto es el que está llevando a algunas jurisdicciones a intentar sancionar leyes de emergencia económica o instrumentos legales que les permitan tener la posibilidad de achicar gastos o subir ingresos. En todo análisis que se haga de la relación Nación-Provincias, no debe ignorarse que sigue presente la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que debiera haberse sancionado hace 15 años.

El autor es director general del Instituto Argentino Análisis Fiscal (IARAF)

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