Ecuador arremete contra la OEA en materia de libertad de expresion

Emilio Cárdenas
Emilio Cárdenas PARA LA NACION
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11 de enero de 2012  • 01:07

A los regímenes autoritarios les molesta enormemente la libertad de expresión. No creen en ella, por definición. Tan es así, que una de las formas tradicionales de reconocerlos es la de examinar como es su relación con la prensa independiente. Si es mala, señal de gobiernos autoritarios porque ellos no toleran la libertad de prensa. Ni admiten las críticas que puedan perturbar su discurso único, cuestionar los liderazgos, denunciar la corrupción pública, o desnudar los errores de gestión. Sucede que, como son intolerantes, les molesta e irrita profundamente el rol democrático de los medios de comunicación masiva, el de controlar al poder.

A los regímenes autoritarios les molesta enormemente la libertad de expresión. No creen en ella, por definición
Por esto, no es demasiado extraño que, al rechazar de plano el pluralismo, arremetan -de mil maneras- contra los medios de comunicación masiva independientes, tratando de someterlos a sus designios. A veces, con la seducción del dinero fácil. Otras, con todo el poder del Estado.

Ocurre que no se contentan con edificar hasta no hace mucho desconocidos "multi-medios" de propiedad del Estado o de amigos que les son sumisos, desde donde se los endiosa, aplaude a rabiar y sobre- dimensiona, siempre al compás del ese rol protagónico absolutamente exagerado que hoy caracteriza a sus líderes. Quieren que nadie cuestione nada. Porque creen saberlo todo.

Por esto no es demasiado extraño que el ecuatoriano Rafael Correa -uno de los enemigos más acérrimos de la libertad de prensa en la región- esté ahora embistiendo contra la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en 1997, tratando de introducir cambios radicales en su actual estructura.

El próximo 25 de enero la embestida comenzará, de la mano de propuestas que someterán Ecuador y Venezuela, con un grupo de países adictos. El ámbito será la reunión del Consejo Permanente de Embajadores de la OEA.

Rafael Correa ya había advertido a la región que intentaba reemplazar a la OEA en sus funciones de protección de los derechos humanos y las libertades individuales en la región
Las propuestas son aparentemente tres. De idéntico tenor: anti-democráticas. Primero, que el Informe Anual sobre Libertad de Prensa en la región no sea en más un informe separado, individual, sino que se transforme en apenas un capítulo más de otros informes periódicos del organismo. De modo de quitarle así la actual visibilidad y trascendencia. De diluir entonces su importancia, de manera que -de pronto- no se note que la libertad de expresión es la que garantiza la vigencia de todas las demás libertades, de modo tal que, al desaparecer la primera, todas las demás quedan en peligro. Segundo, que no pueda tener financiamiento externo, sino que dependa exclusivamente de un presupuesto cuyos recursos deben ser provistos por los Estados Miembros que, si se atrasan, debilitan a la Relatoría. Hoy el financiamiento de la Relatoría, que es absolutamente transparente, se basa en fondos suministrados sea por los Estados Miembros, sea por Estados con carácter de observadores, sea por organizaciones no gubernamentales o fundaciones, sobre los cuales la OEA retiene entre un 11% y un 12% para financiar sus costos indirectos. Queda claro que el objetivo es disminuirla, ahogarla y, en definitiva, hacerle perder resonancia. Tercero, que sus integrantes se ajusten a un "Código de Conducta" que les "marque angostamente la cancha" y les impida tener libertad de movimiento y de acción, otra manera de desdibujarlos.

Correa ya había advertido a la región que intentaba reemplazar a la OEA en sus funciones de protección de los derechos humanos y las libertades individuales en la región. Para esto el CELAC y, en la particular visión bolivariana, también UNASUR y MERCOSUR. Para esto también, TELESUR. En el CELAC, la región le dijo: No. Pero sigue embistiendo, queda visto.

Descontento con la labor -tesonera y valiente- de la actual Relatora, la abogada colombiana Carolina Botero, y sus colaboradores, Correa propone acortarle el mandato, lo que sería apenas una forma de eliminarla. Burda, por lo demás.

Para los autoritarios un organismo que, como la Relatoría, tenga por función la promoción del respeto a la libertad de expresión e información en el hemisferio por el papel esencial que ella juega en el sistema democrático y en la protección de los demás derechos humanos, es algo simplemente inaceptable. No creen en nada de eso. Y cada vez lo disimulan menos.

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