Los problemas de eludir el federalismo

Nadín Argañaraz
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24 de enero de 2012  

En estos días, tanto varias provincias como municipios del país están atravesando una situación de falta de fondos. Quizás el principal reflejo de este contexto es la complicación que tienen para hacer frente en tiempo y forma al pago de sueldos.

En algunos casos se suma el efecto indirecto derivado de la falta de pago a proveedores del Estado. Si bien hay excepciones, en la mayoría la situación financiera actual está relacionada con un déficit económico, que al menos debería dejar de incrementarse en 2012.

En 2010, la distribución de $ 9644 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados permitió a las provincias mostrar un resultado de intereses de deuda equilibrado. Pero en 2011 se retornó al déficit del consolidado de provincias: el resultado primario habría sido de -0,4% del PBI (esto es un déficit primario de unos $ 7250 millones), mientras que el déficit fiscal habría ascendido a unos $ 10.800 millones.

Ante este contexto, no sorprende que las jurisdicciones subnacionales se encuentren activamente buscando fuentes adicionales de recursos: a las subas de alícuotas de tributos provinciales se suma la búsqueda de endeudamiento a corto y/o a largo plazo, situación que se ve dificultosa en las condiciones actuales del mercado financiero interno y externo.

El fondo de la cuestión sigue estando en la necesidad de una discusión seria del federalismo fiscal que queremos los argentinos y, consecuentemente, del esquema de premios y castigos que se requieren para que lo que se defina sea sostenible en el tiempo más allá del ciclo económico.

Resulta interesante analizar la distribución de recursos entre la Nación y las provincias durante los últimos 19 años. Un indicador claro es aquel que relaciona el total de transferencias enviado a las provincias como proporción de la recaudación tributaria nacional (sin Seguridad Social, que es no coparticipable). Durante 2011, de cada $ 100 pesos de recaudación nacional, $ 42 fueron a las provincias por todo concepto. Si uno observa el año 2003, el ratio da 36%. Pero si uno mira años como 1994 o 1995, la relación era de 52%. El hecho de que la comparación contra un año de una mejora significativa y la hecha con otro brinde una pérdida significativa marca la necesidad de establecer un esquema de distribución menos volátil.

Si hoy las provincias recibieran el 45%, bajo el supuesto de que no gastaran los 3 puntos porcentuales extras que las separan del 42%, solucionarían el problema de déficit fiscal primario. Ni hablar si recuperaran mayor protagonismo en la distribución.

No debe ignorarse que buena parte del dinero que gasta la Nación lo termina haciendo en algún distrito regional, cuestión que también debiera ser discutida en un análisis integral. Como en la mayoría de las provincias argentinas la coparticipación a municipios está relacionada con la coparticipación de la Nación a las provincias, aquéllos también viven y sienten los vaivenes de la distribución.

Hace 15 años deberíamos haber sancionado una nueva ley de coparticipación. Quizás es tiempo de empezar a discutir el conjunto de árboles que integran el bosque y no seguir intentando solucionar solamente la situación de algunos árboles.

El autor es presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

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